EscucharEl departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que la propuesta de incluir más delitos, en la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses, provocaría problemas de conexidad porque desviaría la propuesta inicial del proyecto. El plan original limita la entrega de nacionales a casos relacionados con el tráfico internacional de drogas y el terrorismo.
En un informe rendido este lunes 8 de julio, este departamento del Congreso explicó que agregar una lista exhaustiva de delitos no solo es inconveniente para una norma de orden constitucional, sino que además rebasa considerablemente la intención descrita en el proyecto. El cambio resultaría inconexo.
Los diputados evaluaban incluir delitos como homicidio, legitimación de capitales, trata de personas, femicidio, violación, abuso sexual a menores de edad, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, asociación ilícita, genocidio y delincuencia organizada transnacional, entre otros.
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“Las reformas constitucionales son procedimientos legislativos ‘especialmente agravados’ por la jerarquía inherente a las normas de tal rango, de manera que las modificaciones que se pueden realizar en estas iniciativas son mucho más acotadas que aquellas que se pueden realizar en el procedimiento legislativo ordinario”, advirtió Servicios Técnicos.
Si la intención de los legisladores fuese incluir una lista tan extensa o incluso dejar la posibilidad abierta a cualquier delito, sería necesario tramitar una nueva iniciativa de reforma constitucional, dice el informe.
Anteriormente, el asesor dos de la Fiscalía General de Colombia, Gonzalo Gómez, recomendó a los diputados incluir en la extradición todos los delitos que se desarrollan en la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
El asesor colombiano habló de evitar problemas de impunidad. Por ejemplo, podría ocurrir que un país requiera a un costarricense por narcotráfico y lavado de dinero, pero Costa Rica no podría autorizar el traslado por lavado.
Por otra parte, los diputados solicitaron a Servicios Técnicos sopesar la conexidad de agregar los tratados y convenios internacionales como fundamento jurídico de la extradición. El departamento auxiliar del Congreso dio el visto bueno a esta posibilidad.
Una moción planteada por el exmagistrado Carlos Arguedas, a solicitud de los diputados, agregaría que se permitiría la extradición “con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.
Al respecto, el informe de Servicios Técnicos señaló: “Sobre la adición de los tratados y convenios internacionales, no se observa ningún problema de conexidad, toda vez que los tratados y los convenios ya están contenidos en el término ‘leyes’, debido a que, de conformidad con el artículo 7 de la misma Constitución Política, estos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa para que sean aplicables en Costa Rica”.
