La Junta Directiva del Infocoop ordenó investigar a su director ejecutivo interino, Gustavo Fernández, por un supuesto error en un informe presentado a los interventores de la institución.
El acuerdo fue tomado el pasado 28 de abril, según confirmó a La Nación la Oficina de Prensa del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Su decisión se fundamentó en un reporte preliminar del auditor interno y del gerente de Asesoría Jurídica sobre la “presunta alteración de los estados financieros del Infocoop” del 2018.
Los funcionarios señalaron la existencia de un error en un informe presentado por Fernández, en octubre del 2018, a la Junta Interventora de la institución sobre el deterioro de la cartera crediticia.
Indicaron que el archivo informático utilizado para elaborar el informe sufrió un error, debido a una actualización del equipo de cómputo y que eso distorsionó los resultados.
Lo anterior, alegan, generó un hueco contable en los estados financieros.
Por otra parte, sostienen que en el reporte de Fernández hay una confusión entre los términos “pérdida” y “deterioro de cartera”, que luego fue utilizada como una de las justificaciones para hacer la intervención.
“Si bien es cierto la intervención del Infocoop se realizó en el 2017, uno de los argumentos esbozados fueron las pérdidas (...), las cuales, de conformidad con el estudio actual, podrían estar distorsionadas”, señala la investigación preliminar.
Por otra parte, señalan una serie de inconvenientes para la ejecución de un contrato suscrito con una empresa por ¢20,3 millones para desarrollar un sistema informático para medir el deterioro de la cartera.
Indican que, luego de dos prórrogas, el último plazo fijado para la entrega de esa plataforma venció el 20 de diciembre del 2019, pero que “se carece de evidencia sobre la culminación de este”.
Al respecto, Fernández negó irregularidades en los datos que presentó y atribuyó la investigación en su contra a una represalia por las denuncias que ha hecho sobre las anomalías en el Instituto.
El 28 de febrero del 2017, el Consejo de Gobierno acordó intervenir el Infocoop por sospechas de que sus autoridades hacían un mal manejo de créditos otorgados a cooperativas con tasas muy por debajo del mercado.
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La Fiscalía, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República también realizan sus propias investigaciones sobre este caso.
Afectación institucional
A criterio del auditor interno y del gerente de Asesoría Jurídica, además de Fernández, otros funcionarios involucrados con el informe cuestionado podrían ser sujeto de procesos administrativos.
Mencionan a Francisco Guillén, exsubdirector ejecutivo interino; los gerentes que aprobaron el informe; el funcionario que lo elaboró y al encargado de fiscalizar el contrato del programa informático.
Alegan que utilizar y suministrar datos inexactos podría haber afectado a la Hacienda Pública, el control contable y la fiscalización de la Contraloría.
Por otra parte, señalan que se denota una posible afectación a la imagen del Instituto, por haber suministrado en los últimos años información que no es exacta al Consejo de Gobierno, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación.
“Puede existir un vicio en la información comunicada a las diferentes instancias externas, y que merecen una explicación sobre los errores presentados junto con una explicación clara de lo sucedido”, aconsejan.
Además, prevén un impacto a lo interno en cuanto a los estados financieros del Instituto, la toma de decisiones y hasta el clima organizacional.
‘Sangre en el ojo’
El director ejecutivo interino del Infocoop, Gustavo Fernández, rechazó los señalamientos formulados en su contra.
“Yo soy el principal denunciante del caso que tuvo su origen en el 2016. Este caso es el que generó la intervención del Instituto y fue el que permitió que la Fiscalía hiciera allanamientos y tuviera todos los arrestos y demás”, aseveró el funcionario.
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Fernández sostuvo que viene recibiendo ataques desde que asumió el cargo, en el 2017, debido a las denuncias que ha hecho y aseveró que la investigación ordenada por la actual Junta Directiva es otro de los intentos por sacarlo del puesto.
“Esta dirigencia cooperativa viene con sangre en el ojo, es decir, viene a sacarse el clavo a decir que todo lo que provoca la intervención era errado y que, además, yo tengo un montón de irregularidades en mi gestión, cosa que he rebatido”, señaló.
Indicó que al iniciar el proceso de intervención se diseñó un modelo de cálculo con un experto de la Universidad de Costa Rica (UCR) y un economista del Infocoop, y que incluso se buscó asesoría de la Contraloría.
“El deterioro no es una pérdida, es una proyección de posible pérdida, de cuánto vale un bien”, manifestó.
Por otra parte, negó que haya un hueco presupuestario. “El tema es informático, no es ni un tema ni financiero ni contable, el cálculo nosotros lo hacemos bien”, señaló.
La Nación intentó conocer la versión de los miembros de la junta Directiva del Infocoop. No obstante, su presidente, Johnny Mejía, indicó que no se referirán al tema por respeto a la investigación que se encuentra en curso.