EscucharEl Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) es una entidad que con fondos públicos otorga créditos en condiciones favorables a las cooperativas y que tiene una cartera de ¢135.000 millones, de los cuales, ¢30.000 millones (22%) están en cobro judicial por problemas de pago.
El año pasado, del mismo Infocoop salió redactado un proyecto de ley que fue acogido en mayo de 2021 por la entonces diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paola Valladares Rosado, el cual, ha avanzado en la Asamblea Legislativa al punto de que ya una comisión lo dictaminó positivamente. La Contraloría General de la República (CGR), sin embargo, advierte de que este plan, si fuera aprobado, implica “grandes riesgos financieros” para el mismo Instituto y los fondos públicos de los cuales se nutre.
La iniciativa de ley busca permitirle al Infocoop poner a disposición de las cooperativas las propiedades que se adjudique cuando alguna de estas organizaciones no paga un préstamo. Lo normal es sacar a remate estas garantías para recuperar el máximo posible de la deuda.
Pero, de acuerdo con el texto, el Instituto podría conceder estos bienes mediante figuras como un usufructo hasta por 10 años, prorrogables, aunque no se establecen los criterios que fundamentarían esta acción ni la recompensa económica para la entidad.
También se prevé el arrendamiento de las propiedades, el leasing, la venta directa, así como el uso de fondos de inversión.
En el 2021, por ejemplo, el Infocoop se adjudicó una propiedad valorada en ¢2.000 millones, en Pérez Zeledón, en donde opera el Hotel del Sur, porque el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) no pagó un crédito de ¢1.588 millones. El Cenecoop en ese momento era gerenciado por Rodolfo Navas Alvarado, quien fue diputado del PLN entre 1982-1986.
Tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República (PGR, órgano que funge como abogado del Estado) advirtieron a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de que estas nuevas potestades se alejan de las funciones del Infocoop y “desnaturalizan” el objetivo de operar como la entidad financiera de las cooperativas.
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“El proyecto de ley desnaturalizaría la función y finalidades de aquella institución. Al respecto, se debe indicar, en primer lugar, que el leasing y el arrendamiento son figuras comerciales que buscan generar una renta con utilidad al propietario, por lo cual, se comprende que son actividades lucrativas que, en principio, resultan incongruentes con la función de fomento que es esencial al Infocoop”, señaló la PGR, en diciembre del 2021.
La misma propuesta de ley alega en sus motivos la alta morosidad que acompaña a la entidad y la gran cantidad de propiedades que ha tenido que adjudicarse por falta de pago de las cooperativas. Se trata de al menos 124 fincas que le han generado al Instituto gastos de mantenimiento y seguridad por ¢1.000 millones, dice el plan. Precisamente, por eso, para la Contraloría el proyecto representa un contrasentido, porque implica “grandes riesgos financieros” al usar figuras que ni tan siquiera considera posibles.
La CGR expuso que el hecho de que el Infocoop esté rezagado en las necesidades que requiere una institución financiera no da pie para habilitarle distintos tipos de contratos con cooperativas en la disposición de las garantías adjudicadas, lo cual no solo resulta ajeno a sus funciones como entidad financiera, sino además a su finalidad como colaborador del sector cooperativo.
“Este tipo de acciones, de funciones ajenas, implica grandes riesgos financieros que además resultan complejas tanto en su diseño como implementación”, agrega el oficio DFOE-GOB-0117 de marzo del 2022. Solo en 2021, el Infocoop manejó ingresos por ¢27.000 millones, entre ellos, transferencia de recursos que recibe por concepto del 10% de utilidades del Sistema Bancario Nacional. El mismo Infocoop admite que parte importante de sus ingresos en 2021 es “recuperación de garantía de créditos que las cooperativas no honraron”.
Inconstitucional
Además de su inconveniencia, la Procuraduría destacó que una de las concesiones que se da al Infocoop en este proyecto de ley, como lo es la posibilidad de venta directa de esas propiedades, resulta inconstitucional porque existen normas en la administración pública como los remates o licitaciones que riñen con esa disposición que se pretende incluir.
Las entidades consultadas por los diputados no incluyeron en sus observaciones uno de los cambios que se incluyó en medio del trámite legislativo y es la posibilidad de ofrecer estas propiedades, sin especificar los términos de ofrecimiento, al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
En el 2021, el entonces diputado del PLN, Wagner Vargas, había presentado una propuesta para obligar al Infocoop a refinanciar la deuda del Cenecoop y devolverle la propiedad; sin embargo, luego la retiró del plenario legislativo.
La Nación está la espera de que el Infocoop confirme el destino de dicha propiedad.
Conversaciones
Con el avance del proyecto, a las puertas del plenario legislativo, los cooperativistas, incluido el director de la entidad, Alejandro Ortega, y el asesor legal, Mauricio Pazos, pidieron respaldo en Casa Presidencial, en una reunión que sostuvieron con el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, el 9 de junio.
Sin embargo, la ministra de Trabajo y ahora presidenta del Infocoop, aseguró a La Nación que en sus planes no está el alejar a la entidad de las funciones que tiene asignadas actualmente por ley.
