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Un informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló problemas en la nueva versión del proyecto para crear el fondo de avales y garantías, que respaldaría créditos bancarios a las empresas afectadas económicamente por la pandemia.
El principal problema que el informe señala es el de conexidad.
Servicios Técnicos apuntó que el texto sustitutivo, acogido en el mes de noviembre en la Comisión de Asuntos Hacendarios, es diferente al original, pues excluye la idea de crear un fideicomiso para administrar el fondo de avales.
A diferencia del proyecto presentado en agosto, la nueva propuesta traslada la administración del fondo de avales, por ¢180.000 millones, a la Caja Única del Ministerio de Hacienda; y el fideicomiso quedaría descartado.
Servicios Técnicos señala una variación en las competencias de Hacienda. Aduce que el cambio convertiría a esta cartera en una “pagaduría”.
El fondo de avales consiste en otorgar a las empresas golpeadas por la pandemia garantías para que puedan acceder a financiamientos bancarios. Estos avales cubrirían hasta el 60% de los créditos.
El Estado respondería por empresas o personas con proyectos productivos, tanto en colones como en dólares, bajo el compromiso de que estos patronos mantengan, recuperen o, incluso, aumenten la cantidad de empleados. Los avales se ejecutarían cuando un deudor no pueda pagar.
El informe de Servicios Técnicos también advierte de que los órganos de supervisión financiera, como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), no tendrían competencia alguna para “enderezar” la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
Hacienda dirigiría el fondo de avales a través de un consejo de rectoría.
Bajo esas circunstancias, el informe técnico indica que la iniciativa requiere de 38 votos para ser aprobado en el plenario, pues crea un programa dentro de Hacienda para administrar los recursos, lo cual “interfiere en actividades que atañen al Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su Consejo, y entidades supervisoras del sistema financiero nacional”, expone el documento.
“Incide en el accionar de los bancos comerciales del Estado en lo que atañe a avales y garantías de créditos, con característica de institución autónoma del Estado, incursionando el Poder Ejecutivo en su régimen de autonomía funcional”, agrega.
El informe lo elaboró el asesor parlamentario Bernal Arias, lo supervisó la jefa de área Sylvia Solís y lo revisó el director a. i. de Servicios Técnicos, Fernando Martínez Campos.
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El 10 de noviembre, el Gobierno presentó un texto sustitutivo, luego de que la Contraloría General objetara el planteamiento inicial de guardar el fondo en un fideicomiso administrado por el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La Contraloría señaló que la legislación no faculta al INS para ese tipo de actividades.
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El informe hace énfasis en que los órganos supervisores, como la Sugef, no tienen competencia para regular a un órgano del Gobierno, como Hacienda.
El Poder Ejecutivo, al ser un poder construido constitucionalmente, actúa con “total” independencia y solo es controlado, posteriormente a sus decisiones, por órganos como la Contraloría, explica el documento.
“De aquí que, desde la perspectiva jurídico-regulatoria, claramente, la modificación no solo implica el establecimiento de un medio o instrumento distinto para generar los avales y garantías, sino, incluso, una intencionalidad y estructura con consecuencias totalmente diversas”, insiste.
Del mismo modo, continúa, se le distraería a Hacienda de sus funciones esenciales y lo convertiría en “actor relevante” del sistema financiero, ejerciendo como proveedor de avales y garantías a terceros participantes del mercado crediticio local.
De hecho, el informe observa que el texto base, en la exposición de motivos versa sobre una figura fundamentada en el derecho comercial y bancario.
El sustitutivo, por su parte, cambia a un programa administrativo basado en el derecho administrativo y presupuestario.
“Si se observa bien la intención del texto sustitutivo, el Ministerio de Hacienda con ese programa se convierte en una pagaduría de lo que las entidades financieras vayan comunicando respecto del resultado de las operaciones crediticias o financieras de sus clientes”.
“Todo ello liquidado por el erario, con recursos de los contribuyentes, previamente autorizado por un órgano que por sus características de miembro y forma de nombramiento son evidentemente de confianza”, subraya.
Ausencia del origen del financiamiento
Por otra parte, Servicios Técnicos ve un cambio entre un texto y otro en el mecanismo de fondear el plan.
Inicialmente, con el fideicomiso del INS, se financiaría principalmente mediante la colocación de bonos por ¢180.000 millones, siendo Hacienda el fideicomitente.
Con el programa que administraría Hacienda, según la nueva redacción, se mantiene el monto de ¢180.000 millones del fondo financiados a través de la Caja Única del Estado.
“Al respecto, revisado el nuevo texto, no se encuentra en este disposición alguna que señale la fuente de su financiamiento. Se comprende que, al final, al ser materia presupuestaria, toca disponerse en concreto en dicho instrumento (en el Presupuesto de la República), pero ello no obsta que se determinen en esta iniciativa los parámetros autorizantes de fondo suficientes sobre los cuales, posteriormente, deba actuarse”, señala.
Consultado sobre ese particular, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, recordó que el texto sustitutivo establecería que el fondo se financiaría con ¢36.000 millones anuales incorporados al presupuesto, durante cinco años.
El monto del primer año, el 2021, saldría de un crédito de $300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que se tramita en la Asamblea Legislativa.
Los restantes ¢146.000 millones se incorporarían al Presupuesto Nacional en los siguientes cuatro años, en cuotas anuales similares a la primera, aseveró el jerarca.
Sin embargo, el ministro reconoció que esas cuatro cuotas no se tienen identificadas aún, “como tampoco se tienen identificados los millones que hay que usar para las universidades, salarios o aguinaldos”.
“No se le puede pedir al Gobierno que tenga identificado dónde va a tomar ¢36.000 millones que va a usar en cinco años. Eso no tiene lógica”, manifestó.
Así las cosas, el informe técnico concluye sobre el nuevo texto:
“Afecta los principios de conexidad, legalidad y eficiencia respecto del texto base en los términos precisados. No obstante, igualmente, se evidencia que únicamente corresponde al órgano contralor de constitucionalidad el definir, determinar y declarar si existe o no vulneración de acuerdo a lo expuesto”.
