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“Se han detectado situaciones de corrupción tanto de cuerpos policiales costarricenses como de las fuerzas armadas de Nicaragua, que están involucrados con estas organizaciones (de tráfico de migrantes). Coadyuvan dando información para facilitar el paso, avisando de retenes u operativos a cambio de dinero”.
El párrafo anterior es un extracto del informe Las Caras del Exilio Nicaragüense: Expulsados y Vulnerabilizados, elaborado por la Fundación Arias para la Paz y dado a conocer la mañana de este viernes.
La investigación, realizada entre febrero y agosto de este 2020, reveló que existen vínculos entre policías costarricenses y militares nicaragüenses con las redes de traficantes de migrantes desde Nicaragua hacia Costa Rica.
“Los traficantes de migrantes trabajan aliados con algunos militares de Nicaragua y ciertos policías de Costa Rica. Una de las estrategias es compartir información. Los militares y policías de ambos países ya conocen las placas de los carros (de los traficantes) y no los paran, y los coyotes ya conocen los horarios en que estos funcionarios se encuentran en su puesto, para pasar en ese momento”, prosigue la indagación.
“Al llegar a Peñas Blancas (puesto fronterizo en La Cruz de Guanacaste), la persona que realiza el viaje se encarga de contactar a miembros del Ejército y realiza el pago para que puedan pasar al otro lado de la frontera”, narró uno de los migrantes entrevistados para elaborar el informe.
Su identidad y la del resto de personas entrevistadas se resguarda por asuntos de seguridad y de respeto a los derechos humanos.
Otro testimonio, recolectado en entrevista con funcionarios públicos, dice: “Muchas personas que traficaban drogas, se dedican al tráfico de personas, porque tiene una rentabilidad similar al tráfico de drogas y la pena es menor. Es lamentable decirlo, pero acá en Costa Rica, hay varios puestos policiales que están involucrados en organizaciones, nos indican que es de paso libre, donde les cobran cierta cantidad de dinero para dejarlos pasar, esos son lamentablemente los que tenemos aquí en Costa Rica”.
El estudio utilizó una técnica de investigación mixta (cualitativa-cuantitativa) para el cual, entre otros recursos, se entrevistaron 284 personas solicitantes de refugio en nuestro país.
También, la Fundación entrevistó a 14 vecinos de las zonas fronterizas y migrantes irregulares, así como a 14 funcionarios de entidades como la Fuerza Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería y las municipalidades de los cantones fronterizos de La Cruz (Guanacaste), Upala y Los Chiles (ambos en Alajuela).
La investigación busca propiciar condiciones de vida dignas para esas personas, detallando la situación de huida de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica —desplazados por la fuerza, a raíz de la violencia política en su país— y revelando los peligros y las violaciones de derechos que sufren al cruzar la frontera.
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Estructuras criminales
Según el informe, el tráfico de personas lo manejan “estructuras criminales organizadas”, las cuales operan en redes compuestas por coyotes (quienes cobran por trasladar migrantes ilegalmente), policías, militares, taxistas y demás personas dedicadas al transporte, así como vecinos.
De hecho, la indagación lo describe como “un conjunto de servicios que están a disposición para ‘el acompañamiento’ desde Nicaragua”.
“(Los coyotes) tienen precios en temporadas bajas y altas, ya que conocen los momentos del año con mayor afluencia y, dependiendo de la persona, si es mujer, si es muy joven, el grado de urgencia, si viene con niños, establecen los precios”, revela el documento.
Los costos del cruce de fronteras de manera irregular varían según los servicios que adquieran las personas necesitadas, amplía la Fundación Arias para la Paz. Rondan entre los $100 (unos ¢61.000) y $350 (alrededor de ¢180.000). Algunos, en casos de emergencia, pagaron más de $1.000 (más de ¢600.000).
Aunque hay algunos traficantes que sí “cumplen” con pasar a los migrantes por la frontera, otros los estafan y extorsionan.
“Hay casos en los que los coyotes les abandonan a su suerte sin importar si van con personas menores de edad, sin importar si ya pagaron por el apoyo para el cruce de fronteras, sin importar nada”, dicta la investigación.
Una de las migrantes entrevistadas recordó un lamentable episodio vivido por una madre quien huía en su mismo grupo.
“¡Ah, no! Por ella nos van a agarrar. Bájese (de un vehículo). Y la bajaron. La dejaron tirada a la mitad de la calle, con sus tres bebés y las cosas que llevaba”, relató la mujer.
Según la investigación, Los Chiles “es el lugar donde los traficantes de migrantes están más organizados”.
“En la estructura, hay un líder que compra vehículos que no están al día y pone a manejar a cualquier persona que esté dispuesta, incluso si no tiene licencia de conducir, aunque también hay personas con carros propios que trabajan para sí mismos”, añade el documento.
El líder “opera desde su residencia dando órdenes, utilizando tecnología como GPS (sistema de geolocalización) y chats de WhatsApp”.
Las comunidades, incluso, tienen negocios establecidos alrededor del tráfico de migrantes. Algunos alquilan terrenos donde los coyotes hacinan a las personas, en espera de cruzar la frontera sin ser detectados por las autoridades.
Otros trabajan como informantes de los traficantes; les avisan cuando no hay policías, para que puedan cruzar, e incluso, hasta venden botas de hule a los nicaragüenses, para el trayecto.
“Cuando hay policía en algún punto, lo comunican a través de un grupo de WhatsApp; en la comunidad (los coyotes) disponen de informantes que les avisan si hay presencia policial en la zona”, revela el documento.
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Ilícitos normalizados
El informe enfatiza que, en los tres cantones, las personas saben que están cometiendo ilícitos, pero lo siguen haciendo “al no haber oportunidades de empleo”.
“Aquí el coyotaje es como una forma de ganarse la vida, las personas no lo ven como un delito… Eso es como normal; para los niños, su papá es coyote, como si fuera una profesión”, cuenta una funcionaria pública de Upala.
El coyotaje está tan normalizado en esas regiones que, incluso entre los mismos funcionarios de las entidades relacionadas con el tema, hay desconocimiento con respecto a las actividades que implican delitos.
“Es perceptible una confusión en cuanto al delito de tráfico ilícito de migrantes en algunos funcionarios, que puede deberse a un factor cultural de naturalización de la práctica o un error conceptual en la tipología del delito”, prosigue el informe.
Suicidios y discriminación
Aparte de la traumática experiencia que supone el paso ilegal de Nicaragua a Costa Rica, los migrantes arrastran diversas situaciones de duelo. La mayoría se separó de sus familias; otros, hasta vieron morir a sus compatriotas en el camino.
“Es un duelo postergado, un duelo crónico, en donde el abordaje terapéutico ha sido escaso.
“En los casos analizados se observa que cuadros depresivos han llegado al suicidio”, alerta la investigación.
El desempleo, la pobreza, y hasta la indigencia, así como la discriminación o xenofobia —exacerbada por la pandemia— son otras de las problemas que enfrentan los nicaragüenses una vez que llegan a Costa Rica.
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‘Puntos ciegos’
El estudio detectó 51 puntos de acceso irregular hacia Costa Rica en los cantones La Cruz, Upala y Los Chiles, y detalló el “modus operandi” de las organizaciones de tráfico de migrantes.
De esos lugares, 20 están en los 65 kilómetros de extensión fronteriza de La Cruz. Algunos de estos son conocidos como Las Delicias, Portón Santa Alicia, Santa Elena, Detrás del Muro (El Callejón) y La Virgen.
En Los Chiles, a lo largo de 113 kilómetros de frontera, se establecieron 20 de esos puntos, entre los que destacan sitios como Río Medio Queso-Mojón 11, Mojón 10-Cuatro Esquinas, Isla Chica, La Trocha-Mojón 7, Paredones y Las Delicias.
En tanto, en los 42 kilómetros de línea fronteriza de Upala, se detectaron 11 lugares de acceso irregular. Tres de estos se conocen como México, San Antonio y El Manzano.
Las formas de cruzar de Nicaragua a Costa Rica ilegalmente pueden ser por tierra o por agua (en bote).
Todas son peligrosas; algunas más que otras, apunta la investigación de la Fundación Arias para la Paz.
Aparte de los riesgos usuales a los que se exponen los migrantes —como robos de dinero y de documentos, violaciones y tráfico de personas para explotación sexual— deben sortear amenazas como ataques de animales y picaduras de serpientes.
En La Cruz, por ejemplo, la ruta más utilizada es la conocida como El Callejón, pues es de fácil acceso y relativamente segura. Además, el trayecto es menor.
“En pocos minutos se puede cruzar de Nicaragua hacia Costa Rica. Dependiendo de la época del año, puede haber mucho fango y las personas de la zona cobran por lavar los pies a quienes van ingresando, por venderles alimentos e, incluso, por cargar maletas.
“Otra ruta conocida es por El Muro. Es más peligrosa que El Callejón por los asaltos, o por el riesgo a ser detectado por la Policía. La salida de esta ruta se ubica a pocos metros del puesto de control migratorio costarricense y, por ello, es más utilizada en las noches o madrugadas. Deben saltar un muro, pasar una malla y, luego, ya entran a Costa Rica”.
“Las otras son de más fácil acceso y peligrosas. Según personas de la comunidad, quienes toman esas rutas deben cruzar con fango hasta la altura de las caderas, se arriesgan a que animales como serpientes los ataquen, a perderse si cruzan en la noche, a ser asaltados o, en caso de las mujeres, a ser violadas. Incluso, mencionan que, en las noches, han escuchado personas gritando y pidiendo auxilio en la lejanía”, especifica la indagación.
