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Un informe preparado por cinco ingenieros de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) recomendó, en diciembre del 2019, denunciar ante el Ministerio Público supuestas irregularidades en las obras de conservación de la carretera a San Carlos.
En ese documento se citó un “cúmulo de irregularidades o yerros” que ocasionaron un aparente desvío de recursos en el tramo de la vía que va de Sifón, en San Ramón, a La Abundancia, en San Carlos.
En total, los ingenieros enumeraron siete presuntas anomalías que van desde la pavimentación de accesos a propiedades privadas con materiales pagados con dinero público, hasta el uso de fondos para un fin distinto al que se presupuestó.
Ese informe, el GCSV-01-2019-6433, con fecha del 5 de diciembre del 2019, fue la base de una denuncia pública que hizo la diputada Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), en febrero del 2020.
En el plenario legislativo, la hoy presidenta del Congreso reclamó la inacción de la Gerencia de Conservación del Conavi, al tiempo que elevó el caso ante el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, y la Contraloría General de la República (CGR).
Al día siguiente, la denuncia de Hernández causó preocupación en dos jefes de la constructora MECO, quienes en una conversación telefónica intervenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de las pesquisas por el Caso Cochinilla, se ponen en alerta.
Se trata de Abel González, gerente de Operaciones, y Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la Unidad de Asfaltos de MECO, dice el expediente judicial.
MECO era una de las tres empresas contratadas por el Conavi para realizar labores de conservación en la vía a San Carlos, luego de que la constructora Sánchez Carvajal abandonara la construcción de la carretera.
Eso sí, las supuestas irregularidades detectadas por los ingenieros del Conavi y denunciadas por Silvia Hernández, tenían relación directa con Constructora Herrera, con sede en San Carlos y cuyo propietario figura entre los investigados por el Caso Cochinilla.
La Contraloría abrió un procedimiento administrativo a raíz del informe que rindieron los cinco ingenieros. Aunque ellos recomendaron al Conavi remitirlo al Ministerio Público, la unidad de comunicaciones de la Fiscalía confirmó a La Nación que no existe una investigación.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la noche de este jueves, a La Nación, que el caso no ha sido enviado al Ministerio Público. Alega que se abrió un procedimiento interno contra dos funcionarios y que las audiencias contra ellos serán en agosto y setiembre.
El despacho de Méndez ratificó que el procedimiento contra los dos empleados se inició el 19 de diciembre del 2019 y, un año después, en diciembre del 2020, el Consejo de Administración del Conavi le envió los resultados de la investigación preliminar.
El ministro confirmó que, en enero pasado, él remitió esa investigación a la Dirección Jurídica, la cual dio con la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, que aún está en sin resolverse.
Supuestas anomalías en detalle
En el informe de los ingenieros del Conavi, del cual La Nación tiene una copia, se explica que luego del abandono de esa obra vial por parte de la constructora Sánchez Carvajal, el Conavi asumió las labores de conservación de la ruta nacional 35.
Para ello, realizó varias licitaciones, que asignó a las empresas Ecoterra, Constructora Herrera y MECO.
Las siete irregularidades halladas por los ingenieros engloban trabajos en caminos cantonales, pese a que el presupuesto original era para rutas nacionales; obras en una servidumbre y construcción de accesos a propiedades privadas, entre otras.
Específicamente, la Dirección Regional Huetar Norte de la Gerencia de Conservación ordenó el mejoramiento de cinco caminos cantonales a Buena Vista, aunque esos trabajos no se podían financiar con el presupuesto para rutas nacionales.
“Es completamente ilegal la atención de caminos municipales con recursos del Conavi, lo cual traería consecuencias de responsabilidad civil y administrativa disciplinaria, sobre los funcionarios involucrados en los supuestos hechos irregulares”, dice la página 13 del informe.
En segundo lugar, un inspector del Conavi, de apellido Ruiz, pidió realizar una excavación en una servidumbre, que es un camino de acceso a una propiedad privada, pese a que ello no estaba contemplado en las actividades de mantenimiento definidas.
Como tercera irregularidad, se identificó la construcción de entradas a propiedades privadas, pese a que “este tipo de construcciones no son obras de conservación, por lo cual no era posible realizarlas por medio de los contratos de conservación vial”.
Los ingenieros no encontraron un ítem relativo a obras en propiedades privadas en las licitaciones 2014LN-000018-0CV00, que estaba a cargo de MECO, y en la 2014LN-000017-0CV00, a cargo de Constructora Herrera.
Sobre este punto específico, el informe advirtió de que se podría tratar de “acciones delictivas” porque la construcción de entradas a predios privados “sería un beneficio a particulares con recursos públicos, por lo cual podríamos estar en presencia de un posible delito de peculado”.
Además, en particular, se recomendó remitir al Ministerio Público.
La cuarta irregularidad implicó la entrada de varias empresas a realizar trabajos en Sifón-La Abundancia sin contar con las respectivas órdenes de modificación emitidas por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, como lo establece el manual para construcción de caminos, carreteras y puentes del Conavi, MC-83, dice el informe.
En quinto lugar, los especialistas evidenciaron que no se utilizó ninguno de los tres mecanismos legales posibles para contratar a dos de las compañías que atendían la ruta 35, en el tramo Sifón-La Abundancia.
En cuanto a la licitación 2014LN-000016-0CV00, para mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada de la red vial nacional pavimentada, se le había asignado primero al contratista Adrián Solano Rodríguez, pero por instrucciones de la Dirección Regional Huetar Norte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se le trasladó a Ecoterra, sin que hubiera “documento o procedimiento alguno que autorice las obras” de esa segunda compañía por ¢22,3 millones.
En el caso de la licitación 2014LN-000017-0CV00, para mantenimiento rutinario con maquinaria especializada, contingencias y rehabilitación del sistema de evacuación pluvial, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes no encontró documento o procedimiento que autorizara las obras que había realizado la Constructora Herrera, por ¢501,7 millones.
Para justificar la condición de irregular de ambas obras, los ingenieros advirtieron que se habría violentado el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto se omitió el procedimiento correspondiente y ello obliga a suspender los pagos a la empresa interesada.
En sexto lugar, el informe advirtió de aparentes irregularidades en los programas de trabajo del tramo Sifón-La Abundancia y por último, sobre la construcción de muros de gaviones supuestamente sin los respectivos diseños y aprobación de esa gerencia, lo que consideran “un problema grave que puede poner en riesgo la vida” de los usuarios.
Eso, alertaron, también traería consecuencias para los funcionarios responsables, tanto en la vía civil, como disciplinaria.
La investigación fue realizada a petición de Édgar Meléndez Cerda, gerente de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, por los ingenieros Hugo Zúñiga Fallas, Mauricio Sojo Quesada, Maycol Montero Vásquez, Alfredo Serrano Alvarado y Verny Jiménez Rojas.
¿Qué pasó con el informe?
El informe fue entregado, según consta, al director ejecutivo del Conavi, Mario Rodríguez, el 13 de diciembre del 2019, con copia a Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes.
Cinco días después, la diputada Silvia Hernández, del PLN, remitió ese documento a la Contraloría General de la República, que lo dio por recibido el 19 de diciembre y avisó, en febrero del 2020, que abriría una investigación.
La verdiblanca recibió, recién el 17 de diciembre del 2020, una nota del Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura, de la Contraloría, donde le cuentan sobre la emisión de un informe de investigación preliminar sobre “posibles responsabilidades de funcionarios públicos”.
Cuando la congresista, en el oficio SHS-PLN-003-2021, cuestionó el tiempo que se había tomado la Contraloría, le reiteraron que ya habían emitido un informe de investigación preliminar y que, en adelante, podía consultar sobre su avance en la sección de “consultas” del sitio web del ente contralor.
La oficina de prensa de la Contraloría confirmó, este martes, a este diario, que dicho procedimiento administrativo está en curso actualmente “contra varios investigados por la presunta inclusión del tramo Sifón-La Abundancia como ruta nacional 35 a distintas licitaciones, cuando aparentemente no había sido declarada como ruta nacional”.
Ese procedimiento está, precisamente, en etapa de convocatoria a audiencias. La última de las comparecencias está fijada para el 12 de julio, pero el órgano contralor respondió que no podía dar más detalles porque la etapa es privada.
Además, Silvia Hernández hizo gestiones con Rodolfo Méndez Mata, en febrero del 2020, para advertirle sobre las irregularidades de las que ya él tenía copia. Oficialmente, el ministro solo remitió las quejas de la congresista al director del Conavi, para que investigara el asunto.
En la nota que envió Méndez al director del Conavi agregó que, si ya existía algún órgano investigador, pues entonces que se ampliaran las pesquisas para incluir las preocupaciones de Hernández.
Para el 21 de febrero del 2020, el ministro del MOPT le agradeció la preocupación a la congresista y le dijo que recibía “con beneplácito” la gestión que había hecho para que la Contraloría interviniera.
Detalles de la conversación
En la conversación entre los dos gerentes de MECO, Abel González le dijo a Luis Fernando Gutiérrez que la diputada Silvia Hernández “habló de los problemas de San Carlos, se echó al pico a don Mario (Rodríguez, director ejecutivo del Conavi) y se echó al pico al ministro”.
Incluso, el encargado de Operaciones de la constructora aseguró que, dentro del Conavi, le estaban echando la culpa a Édgar Meléndez por las irregularidades.
También aseguró que Rodolfo Méndez Mata y Mario Rodríguez se habían reunido para destituirlo.
Además, hablaron de que Meléndez estaba contra el jerarca del MOPT y el director del Conavi, tanto así que habría amenazado de que, si lo destituían, revelaría que Rodríguez recibía dietas como miembro de la Fundación Costa Rica Canadá, lo cual es ilegal.
Supuestamente, todos esos detalles del conflicto interno en Conavi se los había revelado directamente Mario Rodríguez a Abel González, según lo que se dice en la llamada.
“Ya te lo paso, la diputada esta dijo... diay, lo único que le faltó decir es que era don Édgar, y Rodolfo está chivísima mae, e hizo una cosa que no tiene que hacer, paró los pagos de facturas a Herrera, el problema es Herrera”, consta en el expediente judicial de casi 5.000 folios.
