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El Instituto Nacional de Seguros (INS) encendió las luces de alerta por la intención de algunos diputados de reducir el seguro obligatorio automotor (SOA) que pagarán los dueños de motocicletas dentro del marchamo para el 2021.
Mediante una nota enviada a la comisión legislativa de Asuntos Económicos, el presidente ejecutivo del Instituto, Roger Arias, explicó que resultaría ilegal que se obligue al INS, por vía de reforma legal, a suscribir pólizas con una prima insuficiente.
La advertencia de Arias llegó porque varios legisladores de ese foro firmaron mociones para modificar un proyecto del legislador Dragos Dolanescu que propone reducir a la mitad el monto que pagarán los propietarios de vehículos en el marchamo, a finales de año.
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Contra esa intención ya se pronunció el Ministerio de Hacienda, el cual advirtió que un recorte de esa magnitud dejaría un hueco de ¢80.000 millones en las arcas públicas dado que la iniciativa no contempla una fuente alterna para reponer el dinero.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, también expresó preocupación porque el afectado por el golpe será finalmente el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), constructor de las vías nacionales.
Sin embargo, nuevas mociones de varios diputados intentan rebajar, en un 30%, el pago que hacen los propietarios de motocicletas, además de la reducción que ya intentan hacer del 50% en el impuesto a la propiedad de los vehículos.
También pretenden reducir en un 30% el canon que pagan, en favor del Consejo de Transporte Público (CTP), taxis, autobuses y vehículos de transporte de servicios especiales.
Los firmantes de esas mociones son los liberacionistas Daniel Ulate, Roberto Thompson, David Gourzong, Franggi Nicolás y Karine Niño; así como los socialcristianos Pablo Abarca, Shirley Díaz, Rodolfo Peña, Pedro Muñoz y Aracelly Salas; y el independiente Dolanescu.
En el oficio del INS, Roger Arias niega que la entidad hubiera emitido un criterio positivo sobre la rebaja al SOA de las motocicletas. Indicó que emitió una opinión cuando la propuesta solamente tenía la intención de reducir el impuesto a la propiedad de los vehículos.
Dicho criterio generó una intensa discusión en la comisión de Económicos, porque Thompson -con base en un informe del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso- alegó que ya se había cumplido con la consulta obligatoria del INS.
No obstante, Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), refutó al verdiblanco cuando dijo que no podía considerarse el criterio inicial del INS sobre el de Haciendo, cuando finalmente el más afectado por la rebaja en el impuesto era el Gobierno.
Ahora, las luces de alerta del INS sí se encendieron pues asegura que la reducción del seguro obligatorio automotor (SOA) a las motocicletas podría generar un impacto de ¢7.000 millones, como resultado de una disminución de las primas de aproximadamente un 13%"
“Resulta alarmante que a estas alturas del año se pretenda incorporar un descuento de un 30% sin incorporar una fuente de financiamiento que cubra un faltante”, dice el presidente de la institución.
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Además, Arias alegó que la recaudación del marchamo inicia el primer día de noviembre, dentro de 37 días (a partir de la fecha de la carta, que es el 24 de setiembre).
“No se explica que ni siquiera se haya tomado en cuenta que ya el INS presentó la solicitud de autorización de tarifas del SOA a la Superintendencia General de Seguros, pues el ente supervisor cuenta con 30 días para emitir la resolución final”, advirtió Arias.
Así mismo, agregó que otorgar un descuento sin fundamento técnico provocaría que transporte público, los servicios de alquiler de autos, los vehículos para turismo y particulares, ya afectados económicamente por la pandemia, tengan que subsidiar ese faltante de ¢7.000 millones.
