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El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) remitió a la Fiscalía un informe confidencial sobre un presunto lavado de dinero que habrían cometido altos funcionarios del gobierno venezolano, valiéndose de la empresa Alunasa, que opera en Costa Rica.
El Ministerio Público informó de que recibió el documento el 7 de junio, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
La información tiene carácter confidencial, por disposición de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Casa Presidencial, por su parte, confirmó que el 18 de mayo recibió un informe de la Oficina de Activos en el Exterior del Departamento del Tesoro estadounidense.
“Por la materia del informe recibido del exterior y las investigaciones en curso, no corresponde referirse a ellas para no afectar los procedimientos y las acciones que corresponda en su momento adoptar”, informó Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia.
El 18 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó que el diputado constituyente Diosdado Cabello lavó dinero en Costa Rica a través de la empresa Alunasa, ubicada en Juanilama de Esparza, Puntarenas.
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Tal compañía es propiedad del Estado venezolano y se dedica a la manufactura de productos de aluminio.
Según la investigación del Departamento de Tesoro, el delito se cometió en el 2016 cuando la compañía estatal Venezolana de Aluminio (Venalum) usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede de Alunasa en Costa Rica, sostiene el Departamento del Tesoro.
La oficina norteamericana agregó que Cabello, el exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y otros socios trabajaron juntos para acceder ilegalmente a la explotación de minas de hierro en Venezuela, mineral que extrajeron y exportaron a través de la firma Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano estatal, Corporación Venezolana de Guyana, que también es dueña de Alunasa.
Cabello, además, habría ordenado al Ejército venezolano designar empleados en la fábrica Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa) para que supervisaran la operación de lavado de dinero, la cual se efectuó bajo la dirección de Rangel, quien fue gobernador del Estado de Bolívar.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación.
"No se ha abierto ninguna investigación sobre la empresa en cuestión y tampoco se ha ordenado ningún congelamiento de bienes; además, ignora si otra autoridad judicial o administrativa lo hizo y bajo qué fundamentos", informó el Ministerio Público.
