Escuchar
19 meses de intervenciones telefónicas permitieron al OIJ y a la Fiscalía descubrir presuntos hechos de corrupción en la forma en que funcionarios públicos concedieron y manejaron contratos para desarrollar obras viales.
Las escuchas ayudaron a revelar cómo empresas constructoras otorgaron a funcionarios favores sexuales, dinero en efectivo y vehículos todo terreno, como recompensa por beneficiarlas en adjudicaciones de obras públicas. Se habrían producido pagos irregulares y pagos adelantados, por ejemplo.
La investigación derivó, este lunes, en 57 allanamientos y 29 detenciones, incluidos los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de las constructoras Meco y H. Solís, respectivamente.
Según documentos judiciales, el 8 de octubre de 2019, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó “una primera diligencia de intervención de las comunicaciones”, de acuerdo con las reglas de la Ley contra la Delincuencia Organizada (8754).
Las escuchas empezaron el 22 de noviembre de ese mismo año y se ampliaron en tres ocasiones.
La primera prórroga fue concedida el 19 de diciembre de 2019; la segunda el 19 de marzo del 2020 y la tercera el 19 de junio del 2020, corrobora el expediente judicial.
Por su parte, Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, explicó que la declaración de crimen organizado les permitió conocer el “ámbito íntimo” de lo que ocurría.
Explicó que, a partir de denuncias, el Ministerio Público y el OIJ efectuaron “indagaciones iniciales que permitieron obtener una declaración de crimen organizado y generar una estructura de trabajo diferente a la que usualmente hemos utilizado cuando investigamos hechos de corrupción”.
“Nos referimos a que tuvimos la posibilidad, durante aproximadamente dos años, de compilar datos muy concretos, de ingresar en el ámbito íntimo de las relaciones ilegales que se estaban fraguando”, expresó Espinoza.
“Pudimos conocer cuál era la actividad que desarrollaban las empresas, cómo se ponían de acuerdo con los funcionarios, cómo se trasegaban los favores y, particularmente, determinar que, efectivamente, se habían puesto de acuerdo para beneficiar a algunas empresas para generar pagos irregulares, para procurar pagos adelantados de facturas, para temas relacionados con la verificación de calidad de las obras y con toda aquella actividad, en este ámbito tan técnico y particular, que pudiera generar situaciones de ventaja a las empresas, pero también a los funcionarios públicos”.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público desplegaron varios allanamientos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una oficina de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda por presunta corrupción.
También se realizaron diligencias judiciales en empresas privadas ubicadas en San José y San Carlos, dedicadas al desarrollo y mantenimiento de obras viales , así como en varias casas de habitación de las personas investigadas.
Así lo dio a conocer este lunes por la mañana el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, quien detalló que se pretende detener a 19 funcionarios públicos y 13 particulares.
LEA MÁS: Presidente de MECO enfrentó en 2017 escándalo en Panamá por presunto pago de sobornos
