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Luis Salazar Muñoz, uno de los investigados por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), denunció penalmente a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, bajo el argumento de que lo grabó sin consentimiento con fines de investigación.
El sello de recibido indica que la denuncia se presentó este lunes, en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, a las 9.52 a. m.
En el texto, Salazar pide que se investigue a Crespo y los demás funcionarios de la Defensoría que realizaron entrevistas sobre la UPAD el lunes 28 de febrero, en Casa Presidencial.
El exasesor legal de Presidencia pide determinar si se cometió el delito de captación indebida de manifestaciones verbales.
Ese día, la jerarca y un grupo de subalternos entrevistaron al mandatario Carlos Alvarado, a varios de sus jerarcas y a los asesores que intervinieron en la creación y operación de la UPAD.
De acuerdo con la minuta de la reunión, por parte de la Defensoría participaron Crespo, Hazel Díaz, directora de Gobernanza Pública; Catalina Delgado, directora de Asuntos Jurídicos; Ahmed Tabash, jefe de Comunicación; Hugo Escalante, jefe de Informática; además de los profesionales de defensa Guillermo Bonilla y Wendy Durán.
Casa Presidencial confirmó que, al inicio del encuentro, dicho equipo le pidió autorización a Alvarado para grabar sus declaraciones, a lo cual él accedió.
Según la denuncia, a Salazar se le solicitó incorporarse cuando la sesión llevaba aproximadamente una hora, momento en que la Defensoría procedió a hacerle varias consultas, supuestamente, sin que se le informara de que el audio estaba siendo grabado.
“Desconocía por completo que la referida sesión se estaba grabando. En ningún momento, se me pidió mi consentimiento para grabar mi voz, para grabar las palabras que expresé durante esa actividad, las cuales, claramente, no estaban destinadas al público; circunstancia que se agrava al ser conocedora la señora Defensora de los Habitantes de la existencia de un proceso judicial abierto (...)”, dice la denuncia.
Agregó que, al ser Crespo funcionaria pública y encontrarse acompañada por diversos asesores jurídicos, debía conocer el deber que se le imponía de respetar el derecho de abstenerse a declarar. En su criterio, ese derecho “fue claramente irrespetado”.
Salazar sostiene que el audio de la entrevista, al cual accedió luego de interponer un recurso de amparo en contra de la Defensoría, prueba que en ningún momento consintió que se grabara su voz.
El artículo 198 del Código Penal, al cual refiere la denuncia de Salazar, establece que comete un delito “quien grabe sin su consentimiento, las palabras de otro u otros, no destinadas al público o que, mediante procedimientos técnicos, escuche manifestaciones privadas que no le estén dirigidas”.
En esos casos, la pena a imponer va de uno a tres años de prisión. Sin embargo, el artículo 200 de la misma ley dicta que la conducta es más grave si la cometen funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, el castigo sube de los dos a los seis años de prisión.
Erick Gatgens, abogado de Salazar, relató: “Se hizo esa grabación, se levantó un acta de esa sesión, y no es sino hasta después que en algún momento Luis conversa con la señora Ana Karen Cortés Víquez, quien fue la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), se entera por medio de ella de que a él lo habían grabado”.
Según la denuncia, Cortés recibió mensajes de texto en los que Hazel Díaz, una de las funcionarias de la Defensoría que participó en las entrevistas de Casa Presidencial, le contó que el 28 de febrero, el exasesor presidencial supuestamente declaró haber consultado a la Agencia sobre la UPAD, y que dichas manifestaciones habían quedado grabadas.
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De acuerdo con Salazar, fue luego de recibir dicha alerta que le pidió a la Defensoría el expediente de la investigación, pues, según dice, él nunca manifestó lo indicado por Díaz.
Luego de que La Nación publicara este artículo, Crespo compartió el enlace de la noticia en su perfil de Twitter y escribió: “En la Defensoría iniciaremos una investigación sobre la veracidad que existan funcionarios que violaran la confidencialidad de la información”.
El órgano defensor no atendió la solicitud de Salazar para que se le entregara el expediente de la investigación, sino hasta después de que el exasesor acudiera a la Sala Constitucional a reclamar su derecho de acceso a la información.
Dicho recurso de amparo reveló la pérdida de un extracto del audio de las entrevistas realizadas en Casa Presidencial, incidente del que la Defensoría supo desde marzo, pero decidió revelarlo hasta dos meses después.
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La Defensoría de los Habitantes se involucró en el caso de la UPAD el sábado 22 de febrero, cuando Catalina Crespo anunció que ella presidiría un equipo que investigaría si dicha unidad accedió a datos confidenciales de la población.
Dos días después, el órgano defensor fue a Casa Presidencial, realizó entrevistas y recabó información, y el viernes 28 de febrero anunció los resultados de su pesquisa.
Ese mismo día, la Fiscalía General de la República allanó la oficina del presidente Alvarado, como parte de la investigación penal para determinar si desde el gobierno se cometieron los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
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Desde la última semana de mayo, el Ministerio Público investiga también las circunstancias en las que se perdió el extracto de las entrevistas realizadas por Crespo y su equipo en Casa Presidencial.
La comisión legislativa que investiga el caso UPAD tiene programado recibir a Crespo en audiencia este lunes, a las 3 p. m.
Nota de la redacción: corrección efectuada el martes 16 de junio a las 5:47 en la “bajada”. Donde decía directora de la Prodhab, se cambió por “exdirectora”.
