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El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) condenó la obstrucción a periodistas ocurrida el jueves en la Asamblea Legislativa después de la comparecencia de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por parte de oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI).
En un comunicado difundido este viernes, dicha institución consideró que lo sucedido es “un hecho más de las restricciones al acceso a la información pública” por parte del gobierno de Rodrigo Chaves.
El Iplex enfatizó que la actuación de los dos oficiales de ese cuerpo especializado en labores contra el narcotráfico y terrorismo “obstruyó el trabajo periodístico al dificultar el intercambio con dicha funcionaria, para que respondiera preguntas de interés para los costarricenses”.
Los acontecimientos sucedieron este jueves en la Asamblea, después de la audiencia de Esquivel ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, donde los diputados intentaron preguntarle sobre el presunto maquillaje de los informes actuariales de la CCSS, tal como denunció la Contraloría General de la República. Al concluir la comparecencia, la esperaban varios periodistas en el pasillo.
La jerarca de la Caja salió escoltada por dos oficiales y, en ningún momento, se dirigió a la prensa, ni aceptó preguntas. Más bien, los escoltas obstaculizaron tomas y consultas, en un trayecto que estuvo lleno de empujones y codazos hacia los periodistas.
En el comunicado del Iplex, también se consideró lamentable que oficiales de la UEI actuaran en contra de los periodistas para impedir su labor con “bloqueo a las cámaras de video y fotográficas” dentro de la Asamblea Legislativa.
Adicionalmente, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que cambie de actitud, con el fin de fortalecer la transparencia, la permanente rendición de cuentas y la libertad de expresión y de prensa en el país.
El hecho del jueves indignó a varios diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), máxime que los oficiales de la UEI, tanto por la Ley General de Policía como por su reglamento, solamente están autorizados a brindar protección a presidentes, vicepresidentes y dignatarios, y no a un presidente ejecutivo de una institución pública.
Según la normativa, se trata de agentes especializados en labores antiterrorismo y antinarcotráfico, así como en amenazas de bomba. La UEI es un cuerpo que depende del Ministerio de la Presidencia.
A raíz de las actuaciones de los dos oficiales, cuyo ingreso fue autorizado por la jefa de Seguridad del Congreso, Magaly Camacho, diputados de varios partidos exigieron una investigación interna y que se emita un informe sobre lo acontecido.
Según Sofía Guillén, jefa del Frente Amplio (FA), y Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN), hubo propuestas de parte del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), representado por Pilar Cisneros y Daniel Vargas, para limitar el acceso de la prensa a ciertos espacios en el Congreso, aunque el oficialismo niega esa versión.
