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La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente Atlántica (Japdeva) tendrá que devolver al Gobierno, en un periodo no mayor a 20 años, el dinero que le giren las instituciones públicas para financiar su reestructuración.
Así lo definieron los diputados en el texto que dictaminaron positivamente este martes, en la tarde, con nueve votos, en la Comisión de Gobierno y Administración. Ahora, el proyecto pasará al plenario para primer y segundo debate.
El dinero se empleará en financiar la liquidación de hasta el 80% del personal de Japdeva, mediante el pago de las prestaciones legales, bonos extra por cese y un subsidio para los que estén prontos a jubilarse.
En la tarde de este martes, los legisladores aprobaron un texto sustitutivo en el que especifican que las entidades del Estado podrán girar dinero de sus superavits a Japdeva, pero no como donación, sino como un préstamo que la entidad portuaria deberá devolver al Ministerio de Hacienda en pagos anuales luego de cinco años de gracia.
El financiamiento deberá ser usado específicamente para lo que indica la ley de reestructuración y no deberá sobrepasar los ¢10.000 millones, condiciones que no estaban en el texto anterior.
Erwen Masís, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), explicó que entre las novedades de la propuesta destaca la flexibilidad que se le da a Japdeva para que pueda ampliar su portafolio de negocios portuarios, en actividades como marinas, zonas industriales y cargas mixtas.
El texto le marca la cancha a la institución sobre el dinero que puede recibir del superávit de las instituciones públicas, lo cual no contenía la anterior propuesta.
También, establece que el dinero no deberá provenir de las instituciones financieras del Estado como la banca pública.
“Es importante destacar que no se les va a regalar el dinero. Esta empresa y cualquier otra del Estado tiene que demostrar que es productiva”, señaló el legislador.
Votaron a favor los legisladores David Gourzong, Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca, del PLN; Nielsen Pérez y Carolina Hidalgo, del PAC; Erwen Masís y Aracelly Salas, del PUSC; Marulin Azofeifa, de Nueva República; y Dragos Dolanescu, del Republicano Social Cristiano.
Desde el pasado mes de mayo, el Congreso discute la propuesta del gobierno para reestructurar Japdeva, con la finalidad de reubicar a unos 950 de sus empleados, dado que la institución acumula cuatro años seguidos de pérdidas y cerró el 2018 con un déficit de ¢3.416 millones.
La propuesta del gobierno ofrece a los trabajadores portuarios prejubilaciones y hasta bonos de ocho salarios si aceptan el despido.
Se otorgarían bonos de ocho salarios para los que funcionarios cesados que ganen menos de ¢1 millón y cuatro salarios para los que ganan más de ¢1 millón.
El plan también permitiría traslados horizontales entre Japdeva y otras instituciones estatales, para los que prefieran no perder su plaza en el sector público.
Además, unas 200 personas mayores de 55 años y con 25 años de cotizar podrían adelantar la pensión mediante un subsidio mensual que les daría el Estado.
Sin embargo, en el nuevo texto, los legisladores atendieron parcialmente la recomendación de la Procuraduría General de la República sobre el tema de prejubilaciones.
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De hecho, el texto deja abierta la posibilidad de que, cuando sea discutido en el plenario, los diputados puedan modificar el término “prejubilación” por el de “subsidio”, con la finalidad de evitar otros pagos como aguinaldo.
El texto acogido aclara que el subsidio estatal al desempleo que se les otorgaría, que equivaldría al 63% de los mejores 12 salarios de los últimos cinco años, no creará derechos adquiridos.
Esa redacción impedirá que los beneficiarios reclamen un rebajo de su pensión cuando alcancen la edad para jubilarse por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, debido a que esa pensión corresponde al 60% del promedio de los últimos 240 salarios del trabajador.
Aunque la recomendación del Abogado del Estado era igualar el método de cálculo de prejubilación con el de pensión de la Caja, los diputados mantuvieron la otra fórmula. Eso sí, cerraron los portillos a posibles pleitos legales que llevarían al Estado a asumir el costo de igualar el monto.
El nuevo texto también incluye el requerimiento de tener experiencia en la actividad portuaria para los futuros directivos de la iinstitución, de acuerdo con el diputado David Gourzong, presidente de la Comisión.
En ese sentido, a finales de junio anterior, el plenario aprobó en primer debate un presupuesto de ¢5.753 millones para el pago de salarios, a pesar de que Hacienda pedía un presupuesto extraordinario por ¢23.679 millones para salvar de la quiebra a la Junta.
