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Era el año 2019. A esas alturas, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) arrastraba su cuarto año consecutivo de resultados financieros negativos, con pérdidas mayores a los ¢3.000 millones.
Aun con esos números en rojo, la administración hizo el pago del incentivo por anualidad a sus trabajadores, sin hacer evaluaciones de desempeño, lo cual infringe la Ley de Salarios de la Administración Pública, revela una fiscalización que hizo la Contraloría General de la República (CGR).
El estudio concluye que esa ley salarial es clarísima: el incentivo por anualidad se paga “únicamente” mediante la evaluación del desempeño para quienes hayan cumplido con una calificación mínima de “muy bueno” o su equivalente numérico.
En ese momento, Japdeva contaba con 1.200 trabajadores y la entonces presidenta ejecutiva, Andrea Centeno Rodríguez, informaba en agosto de 2019 de una angustiante situación financiera dado que solo les quedaba dinero para financiar tres meses de salarios en una planilla que costó, ese año, ¢25.000 millones.
De los 1.200 trabajadores, la Contraloría no pudo precisar cuántos recibieron el pago de anualidades. Sí confirmó que Japdeva “no realizó” ninguna evaluación de desempeño pues así se determinó a partir de una muestra de 61 expedientes de funcionarios a los que se giró ¢42,6 millones por el plus.
La anualidad es el pago de un monto adicional al salario por cada año de antigüedad laboral y el 2019 fue primer año en que consistió en un monto nominal, no porcentual, de acuerdo con la reforma fiscal aprobada en diciembre del 2018.
¿Posibles sanciones?
Sobre la posibilidad de que este caso pueda generar sanciones para Japdeva o las personas involucradas, la CGR indicó a La Nación que los hallazgos fueron comunicados a la entidad portuaria.
Esto, con el fin de que “pueda valorar posibles acciones de investigación sobre el tema particular, sin detrimento de la posible fiscalización posterior que programe el ente contralor o del seguimiento de disposiciones del informe”.
“Es importante indicar que no todo hallazgo producto de una acción de fiscalización posterior debe implicar su traslado a otra instancia o la búsqueda de sanciones; en este caso lo señalado es parte del control interno de la entidad y será la misma Administración la que gestione lo pertinente ante hallazgos de esta naturaleza”, añadió.
La Nación solicitó por correo electrónico a Japdeva que precisara cuántas personas recibieron el pago por remuneración, qué instancia aprobó el pago y que indicara si se iniciaría una investigación o se tomarían acciones sancionatorias, pero al cierre de esta información no se obtuvo respuesta.
Según la Contraloría, la Unidad de Recursos Humanos de Japdeva adujo que la evaluación de desempeño del 2019 se hizo por medio de un formulario denominado “Incentivo por productividad y eficiencia -Desempeño Individual- (FDI)”.
Ese formulario se fundamenta en un incentivo por productividad y eficiencia incluido en la convención colectiva de Japdeva, y no de evaluación de desempeño, advirtió la Contraloría.
Por ello le respondió: “No es de recibo por parte de la Administración indicar que este fue el control utilizado para el gasto erogado en favor de sus funcionarios en el año de cita por concepto de anualidad, por cuanto son dos incentivos diferentes e independientes uno del otro, incluso, cada uno con su fundamento normativo interno”.
Ante dicha situación, la Contraloría fijó un plazo de seis meses para que Japdeva certifique la elaboración de una metodología de evaluación de desempeño. Posterior a eso, tendrá un año para hacer constar que sus funcionarios fueron sometidos a dichas valoraciones.
A setiembre de 2022, Japdeva había reducido su planilla a 353 personas, aunque el proceso de reestructuración recomendó que debe bajar a 275 dada la caída en operaciones portuarias. Precisamente, al 2022, la entidad acumulaba pérdidas por ¢7.665 millones pese a dos rescates financieros por ¢55.000 millones.
Problema recurrente
El pago del incentivo sin hacer evaluación de desempeño no sería el único caso en el que la entidad portuaria incumple la ley. El análisis de la Contraloría determinó que dicha institución tampoco realizó las evaluaciones de desempeño en 2020 y 2021.
Sin embargo, en esos años no se pagó el incentivo, debido a que los diputados aprobaron una reforma legal en 2020 para ahorrar ¢67.000 millones ante la delicada situación fiscal que atravesaba el país en medio de la pandemia.
“A las personas servidoras públicas de las instituciones públicas, cubiertas por el artículo 26 de la presente ley, no se les girará el pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022″, señala dicha norma.
En setiembre del 2022, la Procuraduría General de la República aclaró ante consulta del Gobierno que no se deben pagar en forma retroactiva las anualidades de los dos años en que se congeló su giro.
Ausencia de controles
Otro de los problemas identificados por la Contraloría y que la misma administración de Japdeva reconoció, es que la institución carece de un software para hacer las evaluaciones de desempeño de “manera integrada”.
Dichas calificaciones no solo son necesarias para el pago de las anualidades, ya que la ley también exige que sean tomadas en cuenta como antecedentes para la definición de ascensos, promociones, reconocimientos y capacitaciones.
La Junta alega que no se ha podido implementar el software, debido a la limitación de recursos financieros y el proceso de reestructuración interna.
Para solventar este problema, la Contraloría le ordenó desarrollar e implementar en nueve meses un mecanismo que permita, de forma permanente, sistemática y automatizada gestionar los temas relacionados al manejo de recursos humanos.
