EscucharLa Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) retomó las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores (Sintrajap) para establecer una nueva convención colectiva.
El reinicio de las conversaciones con la agrupación sindical consta en el acuerdo del Consejo Directivo N.° 004-2023, aprobado el 12 de enero de este año, bajo el asunto: “inicio del proceso de negociación de una nueva convención colectiva de Japdeva”.
Al ser consultada sobre las nuevas negociaciones con Sintrajap, la presidenta ejecutiva, Sucy Wing, evitó revelar cuáles son las metas de ahorro del Gobierno en relación con el nuevo plan de pluses para los trabajadores portuarios.
“Estamos en un proceso de revisión de todos los insumos que se han elaborado, siempre bajo la premisa que todo lo que eventualmente se negocie debe ser conforme con la legalidad y la sostenibilidad de la empresa”, aseguró Wing.
El acuerdo en mención establece que la jerarca liderará las conversaciones con el sindicato en la Comisión Negociadora, en la cual además acudirán como representantes del Consejo Administrativo los directivos Jorge Luis Villegas, James Pomares y Ronald Montagné.
Asimismo, el documento establece que la administración de la Junta será asesorada durante el proceso por la empresa BDS Asesores.
¿Qué pasa con la convención colectiva?
Japdeva había decidido desaplicar los beneficios laborales contenidos en la última convención colectiva de la entidad portuaria.
El anterior acuerdo tenía incentivos como subsidios de alimentación, incentivos para la compra de anteojos, equipo ortopédico, permisos con goce salarial para mudanzas, matrimonio de hijos, fallecimientos de abuelos, días adicionales de vacaciones, bonos de productividad, pluses por trabajos de altura o riesgo policial para los guardas del muelle.
También se dejaron de girar aportes para el fondo de ahorro de empleados y subsidios extra para los empleados incapacitados. Asimismo, producto de aquella decisión, se fijó el tope de cesantía en ocho años, como establece el Código de Trabajo, en lugar de los 12 que tenía el pacto laboral.
Aquella decisión la tomó la entonces presidenta ejecutiva, Andrea Centeno, el 4 de abril de 2022, durante la administración anterior.
Centeno expuso ante el Juzgado de Trabajo de Limón que, de acuerdo con la legislación, la convención colectiva debía desaplicarse por el fracaso en las negociaciones. Además, acusó a Sintrajap de una “desaveniencia total” en las negociaciones, pues el sindicato solo estaba dispuesto a modificar un único artículo, según había expuesto la exjerarca.
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En principio, el Juzgado rechazó la petición de Japdeva, pero el 1.º de junio de 2022, el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la zona Atlántica declaró con lugar un reclamo presentado por la entidad pública. De esa forma, anuló la primera resolución y ordenó resolver basado en lo que establece el Código de Trabajo cuando la negociación de una convención colectiva fracasa.
Consultada sobre si ella respaldó y dio seguimiento a ese proceso legal, como nueva jerarca de la institución, Sucy Wing respondió: “Ese proceso se encuentra finalizado y, debido a lo resuelto, cualquier futura negociación que se realice, se entenderá que se realizará para lograr una nueva convención colectiva en un proceso de negociación independiente del anterior”.
La jerarca, sin embargo, no aclaró si la institución continúa con su política de no reconocer los incentivos de la anterior convención colectiva.
No obstante, en sesión del 26 de enero anterior, el Consejo Directivo recibió una carta de Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, quien reclamó a la nueva administración el pago de los beneficios a los trabajadores.
Al respecto, la actual Junta Directiva decidió girar consultas a los departamentos de Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos y Planillas.
El costo del pacto laboral
La administración anterior había presentado una propuesta de convención colectiva que tenía un costo de ¢2.197 millones, según el número de trabajadores que la entidad tenía en aquel momento.
De acuerdo con datos del Departamento de Presupuesto y Contabilidad de Japdeva, en 2018 el costo de la convención colectiva fue de ¢12.700 millones, en 2019 bajó a ¢11.060 millones debido a la reducción de la planilla por la reestructuración.
Para el año 2020, el costo volvió a disminuir a ¢6.100 millones y en 2021 cayó a ¢3.700 millones.
Sobre la propuesta que presentará el actual Gobierno, la jerarca Sucy Wing se limitó a indicar: “En caso de llegar a negociarse un nuevo instrumento o convenio, se deberá tener presente el ordenamiento jurídico aplicable, la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa y el respeto de los derechos de labores de nuestro valioso personal”.
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(Asamblea Legislativa)
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