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La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se quedará sin fondos antes de que finalice este año.
Fue la propia presidenta ejecutiva de la empresa estatal, Sussy Wing, quien hizo esa advertencia a los miembros de la Junta Directiva de la autoridad portuaria.
La jerarca aseguró ante los directivos que, aunque ella quisiera salir abiertamente a contarles a todos los trabajadores sobre la nueva crisis, no debe hacerlo hasta reportarle personalmente la situación al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Wing también les informó que la realidad ya es conocida por el primer vicepresidente, Stephan Brunner, pero que, en todo caso, no debía hablar al respecto hasta conversar directamente con el mandatario Chaves.
“Es algo de jerarquía”, les dijo la presidenta ejecutiva de Japdeva a los miembros de la Junta Directiva, luego de pedirles comprensión acerca de su reticencia a hablar detalladamente sobre el estado financiero de la entidad portuaria limonense.
Todo este relato quedó constando en el acta de la sesión ordinaria 012-2022 del Consejo Directivo de Japdeva, celebrada el pasado 8 de setiembre.
Al conocer este documento, La Nación contactó directamente a Sussy Wing para consultarle sobre este tema, pero la jerarca declinó responder. En cambio, remitió el contacto de la encargada de prensa.
El miércoles 28 de setiembre, a través de la oficina de comunicación, se solicitó formalmente una entrevista con la jerarca, pero hasta ahora no se tiene respuesta.
Asimismo, se realizó una gestión sin éxito para obtener acceso al audio de la sesión de Junta Directiva, en la cual se aborda en términos generales las nuevas calamidades financieras de la entidad.
Lo que dice el acta y lo que deja en suspenso
En palabras de la presidenta ejecutiva, Sussy Wing, el acta apunta: “Según la proyección que se tiene, de aquí a diciembre no hay plata; entonces, es muy lindo hablar y hablar, y la gente no conoce la situación de Japdeva”.
Fue la propia jerarca quien puso ese tema sobre la mesa, justamente cuando se discutía sobre la aprobación de pluses por dedicación exclusiva en favor de algunos trabajadores.
Entonces, Sussy Wing advirtió a los directivos que no debían aprobar beneficios salariales sin antes conocer la verdadera situación financiera de la empresa pública.
Pese a advertir sobre la carencia de recursos, la propia jerarca pidió una excepción para su jefe de despacho, José Lidier Azofeifa. Wing propuso que aprobaran inmediatamente el beneficio para su asesor en puesto de confianza y que se dejara en lista de espera al resto de funcionarios solicitantes.
Sobre la situación financiera de la entidad portuaria, el acta apunta que la jerarca dijo que “hoy tenía rendición de cuentas y estaba deseando ir para poder decirle a la gente que esto es lo que hay, así está Japdeva”.
Entonces, Wing aseguró que no ha querido hacer eso “por el debido respeto a todo el mundo y esperando el momento; porque la exposición se le hizo al señor vicepresidente de la República (Stephan Brunner). No pude hacerle la exposición al señor Rodrigo Chaves”.
Luego de hacer esas advertencias sobre el estado de Japdeva, Wing dejó en suspenso el futuro de la entidad portuaria limonense, pues aseguró que la institución no puede endeudarse más.
“El año pasado doña Andrea (Centeno, expresidenta de Japdeva) pidió ¢6.000 millones y esta Presidencia no puede ir a pedir más, porque no se puede endeudar más, no hay de dónde”, apunta el acta.
Nueva administración tenía tareas pendientes para lograr punto de equilibrio
Para conocer el estado de la empresa estatal antes del cambio de Gobierno, La Nación contactó a Andrea Centeno, quien tomó las riendas de Japdeva cuando estalló la crisis en la institución, durante la administración de Carlos Alvarado.
La exfuncionaria señaló que “dada la labor que realizo actualmente, no me es posible referirme a situaciones presentes —además de las que desconozco— de la institución de la que ocupé la Presidencia Ejecutiva hasta mayo pasado y de cuya jerarquía actual soy respetuosa”.
No obstante, Centeno recordó que los jerarcas deben dejar un informe de labores. En ese documento se detalla, por ejemplo, datos generales sobre el estado financiero de la institución al término de la administración anterior.
De acuerdo con información financiera compartida en ese documento oficial, la brecha entre ingresos y egresos ascendía a ¢2.650 millones mensuales en 2019, cuando definitivamente estalló la crisis. Para 2020, ese faltante de ingresos se mantenía en ¢1.175 millones mensuales.
Mientras que para enero de 2022, cuatro meses antes del cambio de Gobierno, el déficit se había reducido a ¢640 millones.
Asimismo, para cerrar la brecha y lograr el equilibrio financiero en Japdeva, señala el informe de Centeno, era necesario que la nueva administración terminara el proceso de recorte de personal, tercerizara servicios, planteara una nueva convención colectiva con incentivos ajustados a la realidad de la institución y concluyera el proceso de actualización tarifaria ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La entidad portuaria opera con las mismas tarifas de 2012. No fue hasta el periodo 2021, en que los estados financieros fueron auditados y obtuvieron una opinión razonable, que Japdeva quedó habilitada a solicitar un ajuste tarifario.
Debido a que la nueva presidenta ejecutiva, Sussy Wing, no atendió la entrevista no fue posible conocer si la nueva administración de Japdeva continuó con esos procesos.
Dos rescates financieros por ¢55.000 millones en tres años
Japdeva es una empresa estatal diseñada para que opere con recursos propios. Distinto a un ministerio u otras instituciones públicas, anualmente no se le asignan recursos del Presupuesto Nacional, sino que debe producir sus propios ingresos y generar ganancias.
De quedarse sin recursos a diciembre, como lo expuso la propia jerarca, Japdeva habría consumido por completo los dineros del segundo plan de rescate financiero que los diputados aprobaron en noviembre de 2021 para evitar el cierre de esa empresa estatal.
Era una transferencia de ¢6.000 millones a modo de préstamo. Justamente esa es la cifra que se cita en el acta de la sesión de la Junta Directiva.
Del total de esos recursos, ¢2.000 millones estaban comprometidos para el pago de liquidaciones, con el propósito de que la entidad concluyera su proceso de reestructuración. En tanto, los otros ¢4.000 millones estaban presupuestados para apoyar el gasto operativo de la autoridad portuaria, es decir, salarios, servicios y otras obligaciones.
Japdeva pidió ese auxilio luego de haber consumido por completo otro rescate por un total de ¢49.000 millones, aprobado por el Congreso en 2019 junto a un plan de reestructuración que contemplaba el recorte del 80% del personal de la empresa estatal.
El programa incluía traslados voluntarios de trabajadores a otras instituciones públicas, un sistema de prejubilación para empleados mayores de 55 años. También se ofrecieron bonos de hasta ocho salarios adicionales a quienes aceptaban salir de la institución.
La Junta comenzó a implementar ese plan de reestructuración. El problema es que a pocos meses de comenzar con los recortes, el Juzgado de Trabajo de Limón embargó las cuentas bancarias donde se encontraba el dinero a solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), a raíz de otro diferendo salarial con la institución.
Antes del embargo, Japdeva se había desprendido de unos 700 empleados. El problema es que, cuando se congelaron las cuentas, la entidad se quedó con 510 empleados, cuando debería operar con 275, según su capacidad financiera.
La entidad tuvo que sostener todos los salarios por un año completo. Eso provocó que la empresa estatal requiriera de un segundo rescate.
En solo tres años, la empresa estatal limonense ha requerido dos rescates financieros que ascienden a ¢55.000 millones, incluyendo el plan de prejubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional, que el Estado terminará de pagar en 2029.
La empresa estatal cayó en una profunda crisis en 2019, cuando entró en operaciones la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). La entidad portuaria sabía desde 2012 que la empresa APM Terminals asumiría por completo la atención de la carga en contenedores, la cual representaba un 80% de su ingresos, no obstante, Japdeva nunca se preparó para el cambio en el modelo portuario del Caribe.
