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María Inés Solís, actual jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ingresó al servicio diplomático en el 2011 sin experiencia acreditada, sin los atestados lógicos y sin la debida fundamentación para ejercer labores en la Cancillería.
Así lo reseñó un informe elaborado por la Procuraduría de la Ética Pública. Se trata de la acción de recomendación AEP-AR-009-2011, enviada por la procuradora Tatiana Gutiérrez al entonces canciller Enrique Castillo, el 19 de diciembre del 2011, durante el gobierno de Laura Chinchilla.
En febrero del 2011, la actual diputada del PUSC fue nombrada como asesora del excanciller René Castro para coordinar la semana Costa Rica-Asia, reseñó la Procuraduría.
Sin embargo, luego fue trasladada al área de Política Exterior sin que existiese un acuerdo para ello.
María Inés Solís pasó al cargo de primera secretaria del Servicio Interno, la cuarta de siete categorías diplomáticas que establece el Estatuto de Servicio Exterior.
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El departamento de Recursos Humanos de la Cancillería detalló a La Nación que la hoy legisladora, en aquella época graduada de Relaciones Públicas y Mercadeo, estuvo nombrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en una plaza de confianza como asesora por 16 días, del 1.° al 16 de febrero del 2011 y, entre el 17 de febrero y el 15 de julio siguientes, en plaza de primer secretario interno.
La investigación de la Procuraduría analizó los expedientes de 48 funcionarios de la Cancillería y detectó en 16 nombramientos en comisión, incluido el de Solís, las más graves “deficiencias en su fundamentación".
De acuerdo con la acción preventiva, dichos acuerdos “omiten indicar las razones particulares del nombramiento.... el detalle de las disposiciones jurídicas que lo fundamentan y de las cualidades específicas de la persona nombrada”.
La Cancillería tampoco especificó si el nombramiento se dio por inopia, conveniencia nacional o emergencia. Según la investigación, no hubo concursos.
En el documento de 94 páginas no se aclara cómo fue nombrada Solís en esa cartera, ni cómo llegó a una plaza diplomática.
Por medio de un audio de Whatsapp enviado desde China, donde se encuentra esta semana en una gira parlamentaria, la diputada afirmó que su nombramiento no se dio por vínculos políticos, pues para ese año el partido de gobierno era Liberación Nacional.
Solís no respondió a las preguntas concretas que La Nación envió a través de la encargada de prensa de la Unidad, para aclarar detalles de su nombramiento.
La semana anterior, la socialcristiana, junto a su cojefe de fracción, Pedro Muñoz, anunciaron la conformación de un “gabinete a la sombra” para fiscalizar la labor del Gobierno en los ministerios y demás entidades, como una forma de control político que empezarían a hacer a partir de junio.
Atestados
La Procuraduría cuestionó los atestados de las personas que ocuparon el puesto en comisión, aunque legalmente el Estatuto de Servicio Exterior no es específico en cuanto a los requisitos académicos de estos nombramientos temporales, sino que solo exige un título afín al puesto que ostenta.
Para la Procuraduría esa prerrogativa no deja abierto el requisito a la presentación de cualquier título universitario. Ese argumento se sustenta en un pronunciamiento de la Sala Constitucional que advierte que el nombramiento y remoción del personal en comisión es una facultad discrecional, pero no libérrima.
Solís es egresada de la carrera de Relaciones Públicas y tiene una licenciatura y una maestría en Mercadeo, los cuales no resultan, para la Procuraduría, como lógicos para ascender en la carrera diplomática.
"Tratándose de puestos en el Servicio Exterior, parece lógico que, como regla de principio, la afinidad del título deba quedar asegurada respecto a las funciones características de este tipo de cargos públicos, sean las diplomáticas, las cuales a criterio del legislador, son mejor desempeñadas por quienes ostentan un diploma universitario en Derecho, Economía, o Relaciones Internacionales.
Argumentos en informe
La fundamentación reclamada por la Procuraduría, además de ser una obligación legal, “permite conocer la realidad objetiva de la necesidad de las designaciones y la idoneidad de las personas nombradas, condiciones, ambas, de las cuales depende la validez de los nombramientos acordados por el Poder Ejecutivo”, de acuerdo con el informe.
“Se trata de un claro incumplimiento a una disposición reglamentaria... (las deficiencias) ponen en entredicho la legitimidad de los nombramientos, ya que las exigencias de fundamentación de los acuerdos de nombramiento en comisión permiten conocer la realidad objetiva de la necesidad de las designaciones y la idoneidad de las personas nombradas”, señaló la procuradora Gutiérrez.
“La Procuraduría de la Ética Pública estima muy lamentable el hecho de que el Ministerio haya desatendido la obligación prevista en el artículo 15 del Reglamento y, con ello, privado a la ciudadanía del instrumento que en forma más inmediata le permitiría ejercer control sobre la objetividad e idoneidad de los nombramientos de personal en comisión del Servicio”, continúa el documento.
Una acción de recomendación procede cuando se identifica una situación de riesgo para la buena gestión ética de la institución que trasciende al caso concreto. Constituye una acción preventiva.
Dicha acción realizó el análisis a partir de denuncias en los nombramientos en comisión, que son excepciones que se aplican cuando funcionarios de carrera no se postulan para ese puesto, o por alguna emergencia o conveniencia nacional, de acuerdo con el artículo 48 del Estatuto de Servicio Exterior.
