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La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, desistió de promover el proyecto de ley sobre uniones civiles homosexuales, el cual tenía el objetivo de evitar que estas parejas accedieran a la figura del matrimonio.
La diputada Solís alegó que la iniciativa, que el PUSC movió junto con el bloque fabricista Nueva República, perdió toda la viabilidad política que esperaban de las demás bancadas legislativas.
Según la vocera socialcristiana, no moverá un dedo más sobre ese asunto, desde ahora y hasta que se cumpla el plazo que otorgó la Sala Constitucional para que entre en vigencia el matrimonio igualitario. Ese periodo se cumple en mayo del 2020.
En un principio, el PUSC y Nueva República anunciaron que el texto de uniones civiles tenía 25 firmas.
No obstante, luego de conocerse que la iniciativa promovía un trato diferenciado para las parejas homosexuales, le retiraron el apoyo los socialcristianos Pablo Abarca, Erwen Masís y Aracelly Salas.
Antes de ello, la también legisladora del PUSC, María Vita Monge, se había negado a dar su firma a la propuesta promovida por su jefa de fracción.
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El anuncio María Inés Solís llega un día después de que los siete diputados de Restauración Nacional (PRN) anunciaron su negativa a firmar el proyecto.
Solís adujo que las críticas y análisis sobre la propuesta de ley no pesaron tanto para su decisión, porque dijo que todas esas críticas se pueden atender en el proceso de formación de la ley.
Alegó que, al no tener número de expediente, el texto todavía podía sufrir cambios antes de la presentación definitiva.
No obstante, la legisladora adujo que, ante la falta de apoyo, no iba a traer un proyecto que les habría generado más trabajo a los diputados.
Argumentó que sus compañeros de bancada tienen todo el derecho de retirarle el apoyo a la propuesta y que es parte del proceso. Recordó que otros proyectos, como el del impuesto a las cooperativas, ha tenido todas las firmas y, luego, perdió apoyo. Citó que ese texto ni siquiera pasó de la comisión.
“Ya yo, en adelante, pues no moveré un dedo más al respecto”, dijo Solís, quien añadió que otro proyecto que había presentado la Unidad sobre el tema seguirá su trámite normal en la Comisión de Derechos Humanos.
Ivonne Acuña, quien de parte del bloque fabricista lideró el apoyo al plan contra el matrimonio igualitario, dijo que deberán analizar el camino por seguir.
Ella explicó que la vocera del bloque, Carmen Chan, está fuera del Congreso este martes. Entonces, esperarán a la legisladora para tomar una decisión como bloque.
Con el texto que la jefa del PUSC desistió de promover, los homosexuales no tendrían el derecho constitucional de que, si un nacional se unen con un extranjero, esta última persona puede adquirir la nacionalidad costarricense.
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Además, si uno de los miembros de una unión civil muriera, al cónyuge sobreviviente no se le otorgaría la custodia de los hijos del fallecido, al tiempo que a los convivientes civiles se les prohibiría adoptar en pareja.
El borrador también ordenaba crear un registro especial de parejas homosexuales.
La iniciativa había recibido el apoyo de siete diputados de Nueva República y ocho de la Unidad Social Cristiana (PUSC), con apoyo de otros legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC), Acción Ciudadana (PAC) y un independiente.
En agosto del 2018, la Sala IV declaró inconstitucional el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, el cual prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Según la sentencia, la norma cuestionada se traduce en una prohibición que niega el acceso al matrimonio con base en la orientación sexual de las personas, al igual que el reconocimiento de la unión de hecho.
Adicionalmente, los magistrados le otorgaron a la Asamblea Legislativa un plazo de 18 meses para que “adecúe el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de parejas entre personas del mismo sexo en los términos expuestos en esta sentencia”. Ese periodo culmina el 26 de mayo del 2020.
El tribunal determinó que, si el parlamento no actúa, dicha norma del Código de Familia perderá vigencia al cabo del plazo indicado.
Los magistrados explicaron que al menos cinco leyes deben ser reformadas para garantizar el pleno ejercicio del matrimonio igualitario, resolviendo preguntas como: ¿aplica la Ley de Penalización de Violencia contra la mujer en el caso de las parejas lésbicas? ¿Cómo entender el concepto de madre jefa de hogar, cuando se trata de una pareja lésbica en la que las dos personas trabajan con un empleo remunerado?
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