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Una semana después de cumplir una primera suspensión de 30 días, el alcalde de San José, Johnny Araya, deberá enfrentar a partir del martes 12 de julio una nueva sanción de 25 días sin goce de salario impuesta por la Contraloría General de la República.
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Este martes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) notificó al ayuntamiento capitalino sobre la disposición adoptada por los magistrados, cuya aplicación se extenderá hasta el 5 de agosto.
La nueva medida obedece a que, en junio del año pasado, el ente contralor resolvió sancionar a Araya como “responsable administrativamente en grado de culpa grave” por la inscripción de un vehículo con matrícula discrecional, aunque no correspondía.
Por tratarse de un funcionario público, electo popularmente, el órgano electoral es la autoridad competente para ejecutar sanciones administrativas fijadas por la Contraloría.
Actualmente, Araya cumple con otra suspensión, sin goce de salario también, por un pago sin “fundamento técnico” de ¢253 millones en el 2018 a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros. Esta suspensión rige desde el pasado 6 de junio hasta el 5 de julio.
El alcalde josefino se reincorporó a su puesto el pasado 24 de mayo, luego de que un juez levantara una suspensión de seis meses que se le dictó por el caso Diamante, en el cual se investiga a seis alcaldes por supuestos favorecimientos a empresas constructoras en contratos de obras municipales.
Araya adelantó, la semana anterior, que denunciará ante el Tribunal Contencioso Administrativo las dos sanciones que le impuso la Contraloría y pedirá una indemnización.
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Sanciones simultáneas
El TSE advirtió a la Municipalidad de San José que en el caso de que Araya tuviera que cumplir medidas cautelares por el proceso penal del caso Diamante, las sanciones administrativas quedarían suspendidas.
La aclaración la hicieron los magistrados debido a una solicitud de Araya, quien pidió el pasado 27 de mayo detener la aplicación de las suspensiones ante la posibilidad de ser nuevamente suspendido debido a la causa que afronta ante la Fiscalía.
De hecho, el Tribunal Penal está analizando un recurso de apelación presentado contra el cambio de medidas cautelares que permitió al jerarca municipal regresar a su puesto. Aún así, los magistrados del TSE decidieron ejecutar las sanciones.
“Este Tribunal considera que no es dable demorar la ejecución de las sanciones administrativas impuestas por el órgano contralor, habida cuenta de que no existe sustento legal que habilite a ello; las razones esgrimidas por el funcionario lo son de oportunidad y no jurídicas.
“Al haberse reincorporado a su cargo de representación y al no ser más que un hecho futuro e incierto lo que vayan a resolver las autoridades judiciales, debe completarse el procedimiento de ejecución de repetida cita”, concluyeron los jueces electorales.
