EscucharEl alcalde de San José, Johnny Araya Monge, le recordó al candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres Olsen, que él apeló al principio de presunción de inocencia cuando lo investigaron por el caso ICE-Alcatel.
Araya, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en contratos municipales, recordó el antecedente después de que Figueres les pidió a los regidores de las municipalidades involucradas en el caso Diamante suspenderles el salario a los seis alcaldes que fueron separados de sus cargos por orden judicial.
Mediante un audio enviado a Noticias Monumental, a través de su abogado Alfonso Ruiz, el alcalde josefino dijo: “Cuando un trabajador público, en este caso un alcalde, sea separado de su cargo por alguna investigación, debe operar el principio de presunción de inocencia y no se pueden dar por ciertas las acusaciones que se han formulado.
“El propio José María Figueres apeló al principio de presunción de inocencia cuando a él se le vinculó con el caso Alcatel y estaba en todo el derecho de hacerlo.
“Entonces, en estas circunstancias, los derechos laborales de cualquier trabajador deben ser respetados y parte de esos derechos es el derecho al salario. Así las cosas, quedo muy confundido y no comparto, desde ningún punto de vista, las declaraciones de José María Figueres”, afirmó Araya.
El lunes, Figueres convocó a conferencia de prensa para decir que “no se debe pagar el salario a ningún funcionario público que haya sido suspendido por los Tribunales de Justicia”.
“No tiene sentido que el dinero público siga sosteniéndolos cuando un juzgado les ha retirado su responsabilidad pública”, agregó el candidato liberacionista.
En tanto, Johnny Araya defendió su derecho a recibir salario durante los seis meses de suspensión y señaló, además, las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal de Hacienda aún no están en firme, pues los imputados apelaron la decisión.
“Sus declaraciones pueden estar induciendo a error no solo a los regidores del PLN, sino también a regidores de otros partidos políticos integrantes de esos concejos municipales. También me sorprende que José María Figueres pase por alto el principio fundamental de nuestra Constitución Política”, continuó Araya.
Figueres en el caso ICE-Alcatel
El exmandatario, quien busca su segundo mandato presidencial, fue investigado en el 2004 por presuntamente haber recibido $906.000 por una consultoría que le encargó la firma HF Desarrollos Interdisciplinarios S. A. (HF DISA) para la empresa francesa Alcatel.
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HF DISA era presidida por Roberto Hidalgo, un asesor del gobierno de Figueres en el periodo 1994-1998. Esa sociedad se vio envuelta en un escándalo por el pago de dádivas para obtener un contrato para la venta de 400.000 líneas celulares al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La firma tuvo que indemnizar al Estado con $10 millones.
En el 2001, después de recibir la asesoría de HF DISA, Alcatel vendió las 400.000 líneas celulares al ICE en $149 millones. La firma del exasesor de Figueres recibió $2,7 millones de parte de la compañía francesa.
En noviembre del 2004, una semana después de que el escándalo reventó en la prensa, Hidalgo dijo a la Fiscalía, en calidad de testigo sospechoso, que los $2,7 millones los distribuyó entre él, la exsecretaria general del PLN Carmen Valverde, y Figueres.
Cada uno recibió un total de $906.000.
Luego de las indagaciones, el 19 de setiembre de 2007, el Ministerio Público solicitó a un juzgado desestimar la causa contra Figueres Olsen al no encontrar suficiente evidencia que demostrara la comisión de algún delito.
En el 2016, cuando Figueres intentó regresar de nuevo a la Presidencia, la prensa le pidió mostrar el contrato de su consultoría con HF DISA y su respuesta siempre fue la misma: “Pídaselo a Roberto Hidalgo”.
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