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El alcalde de San José, Johnny Araya, interpondrá una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra las dos sanciones que le impuso la Contraloría General de la República (CGR) por faltas administrativas que le acarrearán casi dos meses sin salario.
El funcionario de la Municipalidad de San José confirmó que pedirá una indemnización bajo el argumento de que sufre un daño por estas dos suspensiones. Su salario es de 5,7 millones de colones por mes.
Actualmente Araya se encuentra suspendido sin goce de salario por una de esas sanciones que ejecutó la semana anterior el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por tratarse de un funcionario electo popularmente. La solicitud la hizo la CGR en enero de este año, sin embargo, el TSE determinó que el alcalde no podía cumplir la sanción a la misma vez que se encontraba suspendido por seis meses por el caso Diamante, en el que está cuestionado por presuntamente favorecer con contratos de obra municipal a la empresa MECO.
Esta primera suspensión se debe a irregularidades cometidas en la ejecución de la licitación pública 2011LN-00004-99999, Modernización del sistema para el control de estacionamiento en la vía pública del cantón central de San José, en el cual se dictó una sanción de suspensión de 30 días naturales sin goce de salario”, según informó la CGR.
El órgano fiscalizador encontró a Araya “responsable administrativamente en grado de culpa grave” por un pago sin “fundamento técnico” de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros, en el 2018.
En relación a este procedimiento, Araya dijo que la Municipalidad fundamentó esa indemnización en criterios técnicos, por lo que no se trató de una decisión arbitraria. Calificó de “injusta” la sanción.
El otro castigo, que está por ejecutarse cuando así lo decidan los magistrados del TSE, se refiere a la inscripción de un vehículo municipal como discrecional, por lo que la CGR impuso un castigo de 25 días sin goce de salario.
La CGR confirmó que este procedimiento corresponde a “irregularidades en la inscripción, a nombre de la Municipalidad de San José, de un vehículo de uso discrecional asignado al alcalde municipal, así como el daño a la Hacienda Pública derivado de las actuaciones que resultaron necesarias para revertir esa presunta inscripción irregular ante el Registro Nacional, en el cual se dictó una sanción de suspensión de 25 días naturales sin goce de salario, así como una responsabilidad civil solidaria por la suma de ¢200 mil”, detalló el órgano contralor.
El alcalde aseguró que no correrá a pedir una medida cautelar en contra de la próxima suspensión. Indicó, eso sí, que no deberían ser seguidas, pues fueron dadas en momentos distintos, aunque ambas son del 2021. El caso de los parquímetros se resolvió en agosto y el de la matrícula en junio.
