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Antes del 29 de junio del 2011, Jorge Angulo, entonces diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), era un desconocido para los medios. Luego de ese día, el verdiblanco pasó a ser una de las figuras cuestionadas del Congreso.
Desde entonces, el caso de Angulo fue uno de los principales hechos noticiosos en la cobertura de la Asamblea Legislativa y, pese a que la querella en su contra fue elevada a juicio en marzo del 2013, él nunca declaró, como diputado y acusado, ante un tribunal.
Y nunca lo hará. El pasado 30 de abril, Angulo dejó de ser legislador y su expediente pasará de la Sala III a un juzgado ordinario.
¿Por qué sucedió eso?
Para Carlos Chinchilla, magistrado de la Sala III de la Corte e instructor del caso, la complejidad de este tipo de procesos dificulta que se resuelva de forma expedita.
A eso se sumaron las complicaciones cardíacas de Angulo, que llevaron a los magistrados de esa Sala III a tomar la decisión de aplazar el juicio una y otra vez, hasta que venció el periodo legislativo.
Una queja. Todo empezó con una queja por supuestas presiones de Angulo para frenar la edificación de un colegio para 250 estudiantes e n San Vito de Coto Brus, provincia de Puntarenas.
Jorge Sandoval y Rosibel Vittel, dueños de la firma COIN KRJ S.A., señalaron que el exdiputado les exigió dinero a cambio de no entorpecer el trámite de construcción del centro educativo.
Era la punta de un hilo que empezaba a soltarse, dejando al descubierto aparentes presiones de Angulo a los empresarios y a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), como lo divulgó este diario en el 2011.
En una serie de reportajes, se dió a conocer cómo el entonces congresista intentó que la Judesur le pagara una cuenta por ¢971.000 en el hotel Sierra, en Golfito.
La factura correspondía a gastos en bebidas, comidas y hospedaje del parlamentario, sus familiares y un grupo de asesores.
Cinco meses después, el 29 de noviembre del 2011, la Fiscalía acusó a Angulo ante la Sala III de la Corte Suprema por la presunta comisión de siete delitos: cuatro por concusión, dos por tráfico de influencias y uno por extorsión.
Tras las informaciones de La Nación sobre la supuesta presión del diputado sobre los funcionarios de Judesur, el Ministerio Público realizó una investigación, hizo un allanamiento en Judesur y finalmente decidió ampliar la acusación, a la que añadió el delito de tráfico de influencias.
De esta forma, el proceso llegó a la Sala Tercera, máximo órgano juzgador en casos penales que involucren a miembros de los supremos poderes. Según Chinchilla, se trató de la primera vez que un diputado era acusado en esa instancia por supuestos delitos cometidos durante su gestión pública.
A esto se suma una demanda por ¢2.000 millones entablada por Sandoval y Vittel, que se mantiene en proceso.
Sin juicio. La tensión política sobre Angulo subió y en enero del 2012 el Tribunal de Ética del PLN lo suspendió de las actividades partidarias, en vista de las acusaciones por aparentes actos de corrupción.
En el Congreso la situación se volvió insostenible. En una sesión secreta la tarde del 23 de mayo del 2012, tras una votación de la cual nunca se conocieron sus resultados, los diputados acordaron quitarle la inmunidad a su compañero liberacionista.
Entonces, la Sala III puso fecha para el juicio. El comienzo de las audiencias estaba previsto para el 1.° de julio del 2013 pero, por razones que aún se desconocen, se trasladó para dos semanas después.
El caso, calificado como “complejo” por el Poder Judicial, tropezó con gestiones de trámite que prolongaron el proceso durante tres años. Es así como el juicio fue postergado al 5 de agosto de ese año, y luego al 6 de enero del siguiente.
Rafael Gairaud, abogado de Angulo y reconocido por apoyar la defensa de los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, insistía en que el proceso se debía realizar con calma para no afectar el trámite.
Al momento de realizar este artículo, se intentó conversar con Angulo y Gairaud; sin embargo, no atendieron las llamadas.
El 8 de enero de 2014, dictámenes médicos, incluido uno de peritos forenses, determinaron que Angulo requería una operación para corregirle un mal cardíaco. La operación no se dio. El juicio, tampoco.
