Un informe técnico de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), del Ministerio de Hacienda, advirtió de que el presupuesto de la Junta de Protección Social (JPS) para el 2020 incumple con los ajustes a los incentivos salariales establecidos en la reforma fiscal, así como con la regla fiscal.

El informe, de noviembre del 2019, indica que el presupuesto inicial reconoce el pago de incentivos como porcentajes del salario, al tiempo que el gasto corriente crece en un 7%, por encima del tope de un 4,67% autorizado para todas las instituciones del Estado.

La reforma fiscal obligó a las entidades estatales a reconocer los pluses salariales como montos fijos (nominales), a excepción de los pagos por dedicación exclusiva y prohibición, que se mantienen como porcentajes del sueldo base.

En el caso de la JPS, el informe detalla que la institución pagará anualidades hasta del 6% para los salarios más bajos y quinquenios con el doble de una anualidad.

Ambos incentivos tienen su sustento en un acuerdo de junta directiva del año 2000. La ley fiscal estableció que las anualidades ahora se deben pagar en montos nominales y sin superar el equivalente a un 2,54% para los salarios más bajos.

Adicionalmente, la Junta pagará el plus por peligrosidad como un 18% del salario, con base en la convención colectiva, la cual está vencida y está siendo renegociada.

“En cuanto a los pluses salariales, en apariencia para el 2020, la JPS no aplicará en todos sus extremos la ley y su reglamento en materia de empleo, ya que el reconocimiento de las anualidades no se ajusta al porcentaje ahí establecido; el pago por quinquenios que se percibían antes de la entrada en vigencia de la ley citada no se están expresando como un monto nominal y tampoco se están dejando de reconocer otros incentivos en términos porcentuales”, menciona la Autoridad Prespuestaria en el informe técnico.

Mediante el oficio JPS-PRES-394-2019, la presidente de la junta directiva, Esmeralda Britton, le argumentó a Hacienda que se están reconociendo los incentivos porque la convención colectiva está siendo renegociada.

“La convención colectiva está vigente, no obstante, la administración velará porque se ajuste y aplique lo que corresponda en el momento en que renegocie dicha convención, siendo conscientes de que todo rubro de más incluido en el presupuesto se considera como previsión y se procederá según lo decretado para que, de ser necesario, se lleven a cabo los ajustes del caso, utilizando los mecanismos establecidos para estos efectos”, explicó Britton.

Desde setiembre del 2019, la Procuraduría General de la República (PGR) le aclaró a la presidente de la JPS que la reforma fiscal está por encima de las cláusulas colectivas.

Por su parte, la Contraloría General de la República aprobó el presupuesto de la institución para este año, según consta en el documento DFOE-SOC-1397 del pasado 20 de diciembre.

Con respecto a la regla fiscal, el órgano contralor ordenó a la JPS hacer un reajuste en sus partidas de transferencias, pues se pusieron allí gastos que son calificados como gasto de capital. Con ese ajuste, la entidad estaría en regla.

El grueso del gasto total de la institución se destina al pago de premios por la venta de lotería. De los ¢282.000 millones del presupuesto total, unos ¢200.000 millones son para ese fin, el cual cuenta como gasto corriente.

Salida de jubilados alivia pago en salarios

Si bien la asignación para el 2020 se redujo en comparación con los recursos incorporados en el ordinario 2019, la entidad justifica que la disminución se debe a jubilaciones y no a la aplicación de las medidas dispuestas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Ese ese el mismo caso de otras entidades como Recope, donde se sintió el efecto de la salida de los empleados que se retiraron para no perder la cesantía de hasta 20 años que reglamentos o convenciones colectivas le otorgaron antes de que la Sala Constitucional declarara inconstitucionales esos beneficios.

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En el caso de la JPS, el monto presupuestado para el pago de salarios es de ¢13.473 millones para el 2020, mientras que en el 2019 fue de ¢13.554 millones.

La JPS tiene 462 plazas autorizadas, de las cuales 255 están dedicadas a labores administrativas y 207 a labores sustantivas.