Hay una forma fácil para decir quién es Juan Diego Castro Fernández... El candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN) es un abogado penalista mediático, de 62 años de edad, criado en Cartago, de abundante cabello canoso, con un bigote hirsuto y tupido.
También podría decirse que lleva años de exposición ante el ojo público como abogado de empresas, medios de comunicación, víctimas de accidentes y de delitos, así como opinador sobre una amplia cantidad de asuntos, en especial todos aquellos relacionados con el Poder Judicial.
Pero decir eso sobre él es decir poco, casi nada. La otra vía para describir al aspirante es como un personaje que, tanto en los estrados judiciales como en la función pública, desata pasiones encontradas por sus polémicas actuaciones y por un verbo cargado de figuras retóricas y de palabras altisonantes.
Su discurso estridente ha sido el arma favorita del aspirante para difundir sus promesas de campaña y numerosos ataques desde el conveniente amplificador que le ofrecen las redes sociales. Allí, refugiado en el ciberespacio, Castro también ha construido un muro de silencio para restringir su contacto con el mundo exterior y, en particular, con los medios que podrían sacarlo de confort y cuestionarlo.
Primeros pasos políticos
Castro tuvo un breve episodio político como regidor de un partido comunista, de corte maoísta. Ese pequeño capítulo duró cuatro años y lo colocó al frente de la rama paraiseña del Partido Obrero Campesino (POC), una diminuta agrupación que eligió regidores en Cartago, en 1978.
Pese a que era un pichón de abogado penalista en esa época, y aunque era el único regidor de ese partido comunista en la Municipalidad de Paraíso, logró una negociación que le permitió convertirse en presidente del Concejo.
En 1993, luego de foguearse en juicios penales, Castro salta a los primeros planos como abogado de José María Figueres Olsen, quien entonces aspiraba a llegar a la Presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN), en un juicio por difamación contra los hermanos José Manuel y David Eugenio Romero.
Los Romero habían señalado a Figueres, en un libro, como el supuesto responsable de asesinar al narcotraficante José Joaquín Orozco Solís, alias Chemise, en 1973.
Según las publicaciones de la época, Castro ya llevaba varios años asesorando legalmente al heredero del caudillo liberacionista José Figueres Ferrer y logró revertir toda posibilidad de que resultara acusado.
Luego del juicio, Figueres se concentró en su candidatura presidencial y logró triunfar en los comicios de 1994. En el nuevo gobierno, Castro ocupó primero el cargo de ministro de Seguridad, Gobernación y Policía y, posteriormente, se desempeñó como jerarca de Justicia.
Su designación en Seguridad fue entendida, en aquel entonces, como una especie de retribución por los servicios prestados en el proceso contra los hermanos Romero. También causó extrañeza porque se pensaba que la cartera sería ocupada por Bernardo Arce, excompañero de Figueres en la academia militar de West Point.
A la postre, Arce asumiría ese ministerio en 1996, cuando Figueres exigió la renuncia de todos sus ministros y terminó haciendo un reacomodo que solo hizo cambiar a Castro de silla y de sombrero, para que asumiera Justicia.
Marco Vinicio Vargas, ministro de Economía en esa época y de la Presidencia, poco después, señala que para él, Castro era un tipo muy talentoso, “sin duda”, pero también muy impetuoso, “con todo lo que esa palabra significa”.
“Hay que considerar que fue hace 23 años, que fue compañero de gabinete. Era un ministro muy talentoso e impetuoso, básicamente. Difícilmente podría agregar algo más. Para mí, eso describe muy bien a Juan Diego”, comentó Vargas por vía telefónica.
El adjetivo impetuoso que Vargas le asigna a Castro significa, según la Academia de la Lengua Española, básicamente una persona “que se mueve de modo violento y rápido” o que es “fogoso, vivo, vehemente”.
Voto de censura
Esa fogosidad llevó a Juan Diego Castro a enfrentarse, constantemente, con otros políticos durante la administración Figueres, en particular con la Asamblea Legislativa y con la fracción oficialista, llena de figuras aún hoy vigentes como Rolando González, Antonio Álvarez Desanti, Luis Gerardo Villanueva y Ottón Solís.
El clímax de esos roces llegó hacia finales de 1995, cuando los diputados lanzaron críticas hacia Castro, como titular de Seguridad, porque no bajaba el índice de criminalidad.
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En poco más de una semana estalló una crisis entre los poderes Ejecutivo y Legislativo cuando, al frente de numerosos medios de comunicación, el 6 de diciembre de 1995, Castro acusó a los legisladores, particularmente a la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por frenar la aprobación de reformas penales que, según él, ayudarían a enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana.
“Quieren hacer politiquería con el tema de la seguridad ciudadana”, se quejaba ante las demoras sufridas en el trámite de varios proyectos que permitirán endurecer las penas de cárcel y controlar a las pandillas juveniles que azotaban el país en la época.
Un día después, el 7 de diciembre, por la mañana, Castro inauguró una comisaría de la Fuerza Pública en San José y, de inmediato, se fue en desfile con todos los policías que tenía a mano hacia la Asamblea Legislativa, incluyendo efectivos armados, policías a caballo y patrullas, supuestamente, dijo él después, para "ponerse a las órdenes" de los diputados y colaborar en la aprobación de las reformas.
El silencio del presidente Figueres acuerpó las acciones de Castro, pero no dominó las pasiones desatadas por el desfile policial en los pasillos del Congreso, donde la bancada del PLN lideró una moción de censura en contra del ministro al considerarla como un acto de matonismo.
En ese entonces, el presidente del Congreso era Antonio Álvarez Desanti, hoy candidato del PLN, quien esa vez declaró: “Un ministro que ataca a diestra y siniestra a un poder de la República no es la persona conciliadora ni con el carácter más moderado para estar en ese despacho”.
Vino la sanción, la primera aprobada en la historia de Costa Rica contra un jerarca del Gobierno, que contó con el apoyo de 51 de los 56 congresistas presentes en el momento de la votación.
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La censura impuesta por el Parlamento no logró removerle los cimientos de la silla ministerial a Castro dado que una resolución de ese tipo no es de acatamiento obligatorio para el presidente, en este caso, para Figueres, quien lo mantuvo.
Lo que sí logró fue que Castro se disculpara con los legisladores por haberlos inculpado por la inseguridad ciudadana.
Esta no sería la primera vez que el ahora candidato del PIN tendría que ofrecer disculpas públicas. Durante esta campaña electoral, ya lo ha tenido que hacer en, al menos, dos ocasiones.
Primero tuvo que pedir perdón a las magistradas y juezas por señalar, el 5 de enero, que funcionarias judiciales tenían que hacerle sexo oral a un presidente de la Corte Suprema, hace 20 años, para poder ascender; y luego, se disculpó el 24 de enero por haber dicho que Rodolfo Piza Escalante, padre del candidato presidencial del PUSC y exmagistrado constitucional ya fallecido, había consumido mucho whisky antes de emitir una resolución judicial.
De vuelta a la administración Figueres, Castro fue reubicado como ministro de Justicia, pero renunció en forma sorpresiva un año después, durante las celebraciones de la Anexión del Partido de Nicoya, en julio de 1997.
En esa ocasión, en medio de una sesión del Consejo de Gobierno en la iglesia de Santa Cruz, el jerarca habló después del mandatario y anunció: “Mi ciclo en este Gobierno ha terminado”. Luego, habló durante nueve minutos y, cuando finalizó, Figueres se levantó, lo abrazó y lloró.
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“Me duele porque Juan Diego ha sido un extraordinario colaborador, un ejemplar ministro. Ha sido un baluarte en la lucha contra la corrupción”, dijo el mandatario.
Estrategia de ataque
Ahora, 20 años después de haber renunciado al Ministerio de Justicia, Juan Diego Castro aspira a ser parte, nuevamente, del Poder Ejecutivo y ha basado su estrategia electoral en atacar en forma constante al partido con el que llegó al Gobierno en 1994.
Ha mantenido un enfrentamiento directo con el liberacionista Antonio Álvarez, a quien menciona en forma constante en sus discursos y le recuerda que en algún momento fue portada de la revista para mujeres Perfil.
Además, tal como ocurría hace dos décadas, sigue profesando una relación ácida con los periodistas y medios de comunicación que lo confrontan y que, en unas ocasiones, se caracteriza por el silencio y, en otras, por la estridencia.
Evidencia de ello es el violento ataque que lanzó contra el diario La Nación, el pasado lunes 15 de enero, durante la presentación de un libro en el Indoor Club. En aquella ocasión, calificó a este medio como "ese maldito periódico" y se refirió a sus reporteros como "los psicópatas del diario La Nación".
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“Ustedes no tienen una mesa de redacción política, lo que tienen es un manicomio (...) Están llegando a extremos de locura inimaginables”, dijo.
Incluso ahora elige quiénes asisten a sus conferencias de prensa o a quiénes brinda entrevistas, elige cuáles reflectores lo iluminen y cuáles micrófonos lo graben.
Durante esta campaña, ha hecho un uso intensivo de las redes sociales, aunque privilegia Facebook por encima de Twitter.
Ha preferido el diálogo sin interlocutores, a través de transmisiones en vivo para lanzar acusaciones sin pruebas y ataques contra los candidatos Rodolfo Piza y Carlos Alvarado, el Frente Amplio, el gobierno de Luis Guillermo Solís, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, pero sobre todo, contra Álvarez Desanti.
Aunque ha utilizado, como otros aspirantes, el escándalo de la importación de cemento chino como arma contra el Poder Ejecutivo, se ha centrado en fustigar a otras figuras, como los magistrados de la Sala III y al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En su discurso arriesgado, tampoco se contuvo para acusar a Liberación como traficante de votos, pero tiende a rehuir la presentación de pruebas sobre dichas denuncias, como la que hizo el sábado cuando dijo: "Van a comprar votos. Van a cambiar votos por crack, marihuana y por bolis inyectados con tapis".
Lo curioso es que este abogado no solo participó en un gobierno del PLN sino que incluso, en el 2009, le dio la adhesión pública al movimiento de Johnny Araya, en la precampaña liberacionista del alcalde josefino, quien en ese momento se enfrentó a una ex viceministra de Castro, Laura Chinchilla Miranda, cuando ambos aspiraban a llegar a Zapote por Liberación Nacional.
De libros y poesía
Aunque por muchos años Castro se centró en publicaciones de corte jurídico, incursionando incluso en discusiones sobre ciberdelincuencia, entre sus publicaciones también se encuentran dos libros de haikus, o sea, de poesías breves al estilo japonés, que hacen referencia a su familia, a las estaciones, la naturaleza, el tiempo o las costumbres.
Esos libros de poesía se llaman Cosecha de trompos y Tiempo de chumicos.
En estas obras el candidato presidencial del PIN da cuentas de su gusto por las metáforas, recurso literario que también utiliza en los estrados cuando defiende a alguno de sus clientes o cuando hace sus promesas electorales.
Entre las metáforas que ha hecho más célebres durante la presente campaña figura la de barrer a la corrupción, la cual acompañaba con una escoba como símbolo de su promesa.
Esa escoba la pasó de mano en mano y se la hizo sostener, incluso, a uno de los vicepresidentes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Enrique Egloff, durante una reunión a mediados del 2017.
Particularmente fuerte fue la imagen que usó cuando habló de la captura de Gerardo Ríos Mairena, quien asesinó con un cuchillo a cinco universitarios en Liberia. En un video, difundido desde su perfil de Facebook, Castro habló durante varios minutos sobre las acciones de las autoridades policiales y judiciales, mientras sostenía un cuchillo de cocina en las manos, lo observaba y lo acariciaba.
En otra imagen, en esa misma red, representó un cuchillo similar, pero ensangrentado.
No obstante, el símbolo central de su campaña presidencial es un casco de constructor, antes incoloro y ahora teñido del azul del PIN, donde colocó una caricatura de su propio rostro, con su cuidado bigote y sus anteojos.
El casco, sumado al empleo de otros símbolos como la pala mecánica de un tractor, y la estrategia de presentar su proyecto como el “gobierno de reconstrucción nacional” empatan ampliamente con el hecho de que Castro practica la masonería, especie de secta o fraternidad masculina iniciática que se rige por principios morales representados en herramientas de arquitectura, particularmente la escuadra y el compás.
Aunque se intentó sostener una entrevista con el candidato del PIN para escribir este texto, luego de haber hecho la solicitud varias veces, no se recibió respuesta de Castro ni de sus dos periodistas, Roberto Acosta y Álvaro Sánchez. Este último, incluso, dijo que la programaría, pero nunca se recibió respuesta.
También se buscó la ruta de las terceras voces, para conocer las experiencias y las percepciones que conocidos del candidato han tenido sobre él a lo largo de su vida. Sin embargo, también hubo negativas por impedimentos legales y asuntos de salud de los entrevistados.