Este viernes por la noche, un juez del Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la “suspensión inmediata” del decreto del presidente de la República, Rodrigo Chaves, que reforma los aranceles y tarifas mínimas de los profesionales en Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura y Topografía.
Se trata de una medida cautelar provisionalísima solicitada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el cual se opone a la medida.
La decisión fue celebrada por el CFIA mediante una comunicación a sus agremiados.
El decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta este viernes 7 de octubre y entraba a regir el mismo día. Por la noche, el juez consideró que era de “extrema urgencia” acoger la solicitud de medida cautelar y dar al presidente Chaves tres días para referirse a dicha resolución.
“Se admite la solicitud de medida cautelar gestionada por la parte accionante y, en consecuencia se dispone la suspensión inmediata de los efectos del decreto ejecutivo 43709-MOPT-MEIC″, dictó el juez Alex Rojas Ortega, a las 9 p. m.
Entre las consideraciones del juez está el “resguardar, en forma provisional y precautoria, eventuales derechos fundamentales y humanos que puedan encontrarse en riesgo, particularmente de libertad, trabajo y salario mínimo”. Añadió que esos derechos persiguen que el trabajo no se degrade a simple mercancía, así como garantizar la dignidad humana y el decoro profesional.
Tanto a Chaves como a los ministros Luis Amador y Francisco Gamboa, de Obras Públicas y Economía, el Tribunal ordenó “abstenerse de realizar cualquier conducta que, de forma directa o indirecta, pueda tener como efecto el ejecutar dicho acto administrativo de alcance general” hasta que no sea resuelta por el fondo la acción judicial.
Ante el Contencioso, el Colegio argumentó que dicho decreto propicia la competencia desleal y atenta contra el trabajo digno.
Reclamo
El CFIA se opuso de inmediato a la propuesta del presidente Rodrigo Chaves anunciada desde agosto, pero firmada el 14 de setiembre durante el Consejo de Gobierno celebrado en Cartago.
Además de lo tocante al CFIA, el Gobierno emitió otros decretos para eliminar las tablas de precios mínimos de abogados, contadores públicos, notarios, ingenieros químicos, terapeutas físicos, geólogos, microbiólogos, químicos clínicos, biólogos, físicos y nutricionistas.
La Nación envió consultas a Casa Presidencial para conocer su posición ante la resolución legal, así como confirmar cuándo serán publicados los demás decretos. Se está a la espera de la respuesta.
En la actualidad, ciertos profesionales deben usar obligatoriamente una escala de honorarios, estipulados por su respectivo colegio, al momento de cobrar a clientes por sus servicios.
El Gobierno fundamentó su decisión de eliminar esas tarifas mínimas en un estudio de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), de febrero del 2022.
Ese estudio sugirió eliminar la posibilidad de que los gremios establezcan tarifas mínimas por los servicios profesionales, a fin de promover la competencia y bajar los precios.
La Coprocom consideró que ese tipo de tarifas limitan “la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas más elevadas que, a su vez, encarecen otros bienes y servicios que utilizan los servicios profesionales como insumo”.