EscucharLa jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce Meneses, exigió este lunes al recién reelecto magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, que renuncie a su inmunidad y a la prescripción de presuntos hechos acontecidos hace 24 años, con el fin de poder denunciarlo por una supuesta “agresión sexual”, tanto en la vía penal como en la disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia.
“La sede administrativa es para interponer una solicitud de investigación contra él como empleado público; la sede jurisdiccional es para interponer una denuncia penal contra él, por un delito de agresión sexual”, detalló Arce, de 58 años.
Según la jueza, ella guarda la esperanza de que el magistrado pueda ser destituido. En su criterio, la Asamblea Legislativa aprobó la reelección con criterio político. “Si mi acusación se resuelve a favor, se le puede despedir, porque serían faltas muy graves contra su investidura.
“Que diga si va a cumplir, en el área que sea; mi solicitud es que renuncie irrestrictamente para que sea investigado. Yo estoy recabando pruebas; sí habrá acciones. Si renuncia solo para la sede jurisdiccional, nos estaría tomando el pelo”, declaró Arce a La Nación.
El 26 de agosto, Arce declaró que en el año 2000, mientras ocupaba el cargo de jueza interina, fue víctima de un acto obsceno no consentido por parte de Sánchez en una oficina del sétimo piso del edificio de tribunales de Goicoechea. Por su parte, el magistrado negó categóricamente la acusación y la demandó por difamación.
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Este lunes 9 de setiembre, día en que el magistrado fue juramentado para un nuevo periodo de ocho años, la jueza de Trabajo instó una vez más a Sánchez a renunciar a su protección “para todos los efectos”, es decir, tanto para el área jurisdiccional como la administrativa disciplinaria. Además, le pidió que prescindir de su fuero aun si la Fiscalía no lo acusa.
El magistrado fue electo en 2016 y el pasado 2 de setiembre fue reelecto por 25 votos a favor y 25 en contra. Los magistrados son reelegidos de forma automática, a menos de que 38 legisladores se pronuncien en contra.
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