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Dos testigos que declararon este martes, en el juicio por falso testimonio contra la exdiputada del PAC, Laura Garro, afirmaron que fue el comité local del partido en Puntarenas el que recibió y distribuyó los contratos falsos por los que la agrupación fue condenada por estafa en perjuicio del TSE.
Se trata de Onorio Mena, vecino de Garro, y de José María López, actual regidor puntarenense, quienes participaron en la campaña electoral del 2010 en el cantón porteño. Ambos dijeron que que Garro siempre actuó en línea con las decisiones que tomaba el comité y no de manera individual, pese a que en ese entonces ella era la presidenta.
A Garro, (exdiputada del periodo 2014-2018), la Fiscalía la acusa de haber faltado a la verdad en el testimonio que dio ante los tribunales en 2016, en el juicio en el que el PAC resultó condenado por cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contratos de servicios especiales, por ¢353 millones, con personas que en realidad trabajaron en forma gratuita.
Según el Ministerio Público, el testimonio de Garro en el juicio previo fue falso porque en el 2013, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la entrevistó, ella aseguró que en el 2010 fue jefa de la campaña del PAC en Puntarenas y que se encargó de entregarles los contratos a los demás colaboradores de la provincia, después de que se los diera Manuel Antonio Bolaños, empleado de la agrupación y uno de los condenados por la estafa.
No obstante, cuando llegó ante los jueces tres años después, la entonces diputada dijo que no recordaba mucho de lo que había manifestado tres años atrás. No supo decir quién le entregó el contrato que firmó por ¢5 millones, dónde ni ante quién lo firmó. Además, negó que ella hubiese repartido otros contratos a colaboradores del PAC en Puntarenas.
Ahora, Garro afirma que todas las decisiones las tomó el comité cantonal y que se limitó a ejecutar las órdenes que giraba dicho comité, que ella misma presidía.
Mena y López respaldaron dicho argumento.
El regidor afirmó, este martes, que las decisiones de la campaña del PAC en Puntarenas se tomaban en reuniones.
“Si eran reuniones del comité político, obviamente eran decisiones del comité, de consenso pues”, respondió cuando se le preguntó quiénes resolvían los temas.
Cuando se le consultó cómo llegaron los contratos por servicios especiales al cantón, respondió que por lo general la sede central del PAC los enviaba a través de los buses de empresarios unidos de Puntarenas, o en vehículo.
“¿Sabe usted o recuerda si en algún momento doña Laura, a título personal, recibió insumos o signos externos?”, le preguntó el defensor de Garro.
“A título personal no, llegaban a la sede del comité cantonal”, respondió López.
El regidor también aseguró que, si Bolaños hubiera enviado algo directamente a Laura Garro, lo habría hecho sin distinciones con respecto al resto del comité.
López no especificó quién envió los contratos a Puntarenas, y dijo que pudieron haber llegado desde la organización central del partido, compuesta por múltiples personas, incluido Bolaños.
Y, cuando el fiscal le preguntó quién se encargaba de contratar los servicios especiales, insistió en que era el comité.
“Era la labor que se llevaba a cabo por parte del comité cantonal, se reunía, se ponía en conocimiento”, afirmó.
Un día antes, Mena rindió un testimonio similar.
Dijo haber firmado un contrato con el PAC, pero dijo que no recibió ningún pago. Cuando se le preguntó quién le entregó los documentos y quién le pidió firmarlos, no refirió a nadie en particular.
“No recuerdo, pero los documentos los recibimos por correo y tomamos la decisión en el comité, en el grupo”, aseveró Mena.
El colaborador dijo que firmó en el club del partido, pero no recordó quién estuvo presente ese día.
Sobre el comportamiento de Garro, se limitó a manifestar: “correctamente”, así como que la exdiputada “no ha cometido un delito”.
El juicio contra Garro se desarrolla en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, a cargo del juez Omar White Ward. Se retomará el jueves 28 de marzo con el testimonio de la última testigo de la Fiscalía, y luego se procederá con la fase de conclusiones.
El lunes, los jueces que condenaron por estafa al TSE, el investigador del OIJ que estudió el caso y la fiscal que pidió enjuiciara Garro describieron las contradicciones y omisiones en las que, según ellos, incurrió Garro en el proceso judicial previo.
