EscucharNi renegociarla, ni prorrogarla. Laura Fernández, ministra de Planificación, afirmó que la instrucción del presidente de la República, Rodrigo Chaves, es implementar “a cabalidad” la Ley Marco de Empleo Público.
Así lo manifestó Fernández a La Nación nueve meses antes de que empiece a regir la legislación, la cual introduce el salario global para todo el sector público y le otorga la rectoría del empleo público al Ministerio de Planificación (Mideplán).
El Mideplán debe reglamentar la ley aprobada por los diputados del periodo anterior y firmada en marzo del 2022 por el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado.
“En realidad, yo no tengo ninguna instrucción en cuanto a la renegociación de la ley; la que yo tengo es la de construir una hoja de ruta para implementar cabalmente la ley, una hoja de ruta que tiene que construirse, pero garantizando la seguridad jurídica del proceso. No quiero que lleguemos a marzo (del 2023) y que lluevan acciones de inconstitucionalidad”, dijo Fernández, quien desde hace 15 años estudia las reformas necesarias para la equidad en el sector público.
“No puedo hacer borrones y cuenta nueva”, indicó.
Esa hoja de ruta se inicia la próxima semana, en una mesa de diálogo que convocó el Mideplán para que sindicatos, los grandes empleadores del sector público, así como abogados constitucionalistas y expertos en Derecho Administrativo, manifiesten sus inquietudes o preocupaciones.
“Cuando rompemos un paradigma de gestión en el marco de cómo han venido funcionando las cosas por décadas, eso genera incertidumbre a muchos actores. Para mitigar los riesgos adyacentes, es que necesitamos blindar el proceso.
“Yo, con la ley, estoy haciendo un ejercicio responsable; la he revisado en múltiples ocasiones, hay algunos artículos relacionados con los ámbitos de cobertura que son los meridianos por aclarar para saber hasta dónde se llega con cada sector, qué implica”, dijo la ministra.
El salario global sustituirá el esquema actual de sueldos con pluses. Las instituciones con autonomía o independencia deberán definir sus escalas salariales, mientras que el Mideplán lo hará para el Gobierno y sus órganos desconcentrados, así como para los puestos comunes en todo el Estado.
Bajo el concepto de que “el salario será siempre igual para igual trabajo en idénticas condiciones”, el nuevo esquema salarial regirá para los futuros funcionarios. En el caso de los servidores actuales, se les congela el sueldo si este supera el global y, si ganan menos, se les permitirá seguir con el sueldo compuesto hasta que alcancen el nuevo.
En ambas situaciones, cuando el salario compuesto alcance al global, el funcionario emigraría al nuevo esquema.
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‘Cubrir el mandato de la ley’
La jerarca de Planificación agregó que se revisará si algunos aspectos se pueden aclarar por reglamento y, si no fuera el caso, se plantearían eventuales enmiendas, pero la Ley entrará en vigencia en marzo como está estipulado.
“Lo que tengo a la vista es un plan de acción para cubrir el mandato de la ley a partir de marzo y preparar lo que se pueda preparar para marzo. Si hay artículos donde los sectores o los expertos constitucionales o administrativos, no se puedan superar por reglamento, una de las etapas que podría ser es el planteamiento de alguna modificación, pero eso sería adelantar criterio”, aseguró.
Además, descartó excluir más instituciones. La norma cubre a todo el sector público, con la excepción de las empresas públicas en competencia.
Sin embargo, agregó que desea escuchar a todos los sectores que alegan no haber sido tomados en cuenta, según le manifestaron sindicalistas a Rodrigo Chaves en una reunión que sostuvieron junto a Fernández.
‘No puedo hacer borrones’
Fernández indicó que el reglamento de la Ley no está listo, pero hay avances en cuanto a la definición de las familias de puestos y escalas de remuneración. Ese proceso que se inició con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad con la que ya sostuvo una reunión.
Por eso, el Mideplán se prepara para “recuperar lo avanzado” en la administración anterior.
La Ley de Empleo Público aprobada fue un planteamiento hecho por la administración Alvarado Quesada en el 2019 y tomó tres años de discusión en la Asamblea Legislativa. En dos ocasiones, pasó por la revisión de la Sala Constitucional, la cual determinó que, en la versión final, no existieron vicios en el contenido ni en su trámite.
Las estimaciones del gobierno anterior indicaban que esta ley ahorraría al Estado ¢394.000 millones anuales.
Las afirmaciones de Fernández distan de lo dicho por Chaves en campaña electoral. En ese momento, el hoy presidente calificó de “adefesio” la ley y afirmó que la vetaría, aunque no tuvo la oportunidad de hacerlo porque fue publicada por Alvarado, antes de asumir su mandato.
El pasado 22 de febrero, Chaves también dijo a los sindicatos del sector salud que estaría dispuesto a renegociar esa legislación que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
