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El proyecto para la legalización del cannabis medicinal y con fines terapéuticos, así como para la producción industrial del cáñamo en Costa Rica quedó listo para su votación en el plenario de la Asamblea Legislativa.
El último paso antes de la discusión por el fondo se produjo la tarde del jueves con la votación de varias mociones de reiteración, en las que principalmente habló la independiente Shirley Díaz, quien considera la iniciativa como un portillo para la aprobación del cannabis recreativo, más conocido como marihuana. No obstante, por tácticas dilatorias, no se lograron tramitar todas las mociones.
El plan se centra en autorizar la producción del cannabis para usos medicinales o fines terapéuticos, el consumo de este y sus derivados, así como la comercialización. Lo mismo hace con el cáñamo, que es otra variedad de la misma planta con bajísimos niveles de tetrahidrocannabinol, pero con múltiples usos industriales.
El proyecto está en la agenda legislativa desde mayo del 2019 y se dictaminó afirmativamente en la Comisión de Ambiente en noviembre del 2020.
El objetivo principal es promover el desarrollo económico y social, así como el “reparto adecuado de la riqueza en zonas rurales mediante el incentivo de la producción, industrialización y comercialización” de ambos productos.
La regulación del mercado del cáñamo estará en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), mientras que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo la del cannabis medicinal. Las responsabilidades de dichos ministerios se refieren al control y regulación de las actividades de producción, industrialización y comercialización.
Para la producción de ambas plantas y sus derivados, los productores tendrán que registrarse y brindar información a las autoridades sobre sus actividades. Salud, Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán potestades de inspección y fiscalización periódicas.
Además, el plan autoriza la venta de materia prima de cannabis medicinal y terapéutico a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a laboratorios autorizados, para el desarrollo de los medicamentos que así lo requieran.
La amplia discusión que recibieron otros proyectos, ubicados en la lista antes que el plan sobre el cannabis, impidió que se terminara la tramitación de la iniciativa. La independiente Zoila Volio, proponente del proyecto, manifestó particular molestia con las posiciones de Shirley Díaz y Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
En el caso de Díaz, incluso manifestó públicamente que ella considera que esta iniciativa sobre cannabis medicinal es un portillo para el consumo masivo de marihuana en el país y habló en contra porque considera que eso sería un flagelo.
No obstante, Volio enfatizó que de ninguna manera se trata de una legalización del cannabis para usos recreativos. Para eso hay otra iniciativa, aún muy cruda en su trámite legislativo, del oficialista Enrique Sánchez Carballo.
Las últimas modificaciones de fondo que había recibido el proyecto de cannabis medicinal se dieron en la Comisión de Ambiente, donde se aprobó una autorización para que las empresas productoras se instalen en zonas francas, lo que implica beneficios tributarios para esas firmas.
El cannabis es una especie vegetal de la familia cannabácea, capaz de producir cannabinoides. El cannabis no psicoactivo se conoce como cáñamo por su bajo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) y no tiene propiedades psicoativas, pero sí múltiples posibilidades de aprovechamiento industrial, mientras que el psicoactivo tiene altos niveles de THC: la marihuana.
El proyecto permitirá que personas jurídicas, pero también físicas, tengan acceso a licencias para cultivo y producción de cannabis medicinal o sus derivados; los congresistas se aseguraron de que un 30% de las licencias sean para medianos y pequeños productores, con el fin de abrir ese mercado a los emprendedores, además de inversionistas nacionales y extranjeros.
