Los notarios públicos tendrían que pagar un seguro obligatorio para indemnizar eventuales daños o perjuicios que puedan ocasionar a sus clientes o a terceras personas, durante el ejercicio de sus funciones.
La póliza anual, que los profesionales podrían obtener a través de aseguradoras públicas o privadas que ofrezcan la cobertura, reemplazaría el Fondo de Garantía Notarial, el cual también tiene esa función.
Así lo propone un proyecto de ley que impulsan diputados de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC), en la Comisión de Derechos Humanos. El texto cuenta con el respaldo del Colegio de Abogados de Costa Rica y la Dirección Nacional de Notariado.
Según la explicación de motivos del proyecto, la propuesta pretende agilizar y garantizar el resarcimiento de los daños a los afectados por incorrectas funciones notariales. También, se alega que, con dicha cobertura, los notarios tendrían un mayor respaldo financiero ante eventuales demandas civiles en comparación con el mecanismo vigente.
En la actualidad, el Fondo de Garantía Notarial repara al afectado en caso de que un profesional recaiga en responsabilidad civil. No obstante, el notario no podrá ejercer sus labores hasta que compense dicho monto, según lo establece el Código Notarial de Costa Rica.
El aporte que los profesionales con fe pública hacen al Fondo de Garantía Notarial es de apenas ¢12.500 mensuales. Según los diputados, eso provoca que, ante eventuales procesos civiles, los montos aportados por los notarios durante sus carreras no sean suficientes para cubrir los daños.
Si eso ocurre, los profesionales caen en inhabilitación laboral hasta que consigan los recursos para reponer al Fondo la diferencia.
“Con la creación de esa modalidad de garantía y por la forma en que fue diseñada, se generan muchos inconvenientes para suplir respaldo a las personas usuarias ante la eventualidad de una indemnización por daños y perjuicios a cargo de un notario público”, dice la exposición de motivos del proyecto.
En caso de prosperar la iniciativa en el Congreso, ningún notario público podrá ejercer en Costa Rica sin una póliza vigente.
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Notarios podrán retirar recursos
La iniciativa también propone liquidar el Fondo de Garantía Notarial. Con ello, los profesionales podrán recuperar sus aportes históricos a ese mecanismo en forma de ahorro.
De aprobarse, la ley obligaría a la Dirección Nacional de Notariado a rescindir su contrato con la Operadora del Banco de Costa Rica (BCR), la cual administra el Fondo de Garantía Notarial.
Seguidamente, la operadora tendrá un plazo de hasta tres meses para comenzar a devolver a cada uno de los notarios la totalidad de sus aportes al Fondo, previo trámite de cada interesado.
Para hacerlo, los notarios deberán acudir a la Dirección Nacional de Notariado con el comprobante de la póliza de responsabilidad civil profesional.