EscucharLa organización Costa Rica Íntegra (CRI) advirtió que el proyecto de ley llamado “ley jaguar”, con el cual el gobierno de Rodrigo Chaves busca realizar un referéndum, expondría al país a mayores riesgos de corrupción, dado que el plan es eliminar los controles de la Contraloría General de la República (CGR).
Mediante un pronunciamiento, la organización expresó su preocupación por la vulnerabilidad que correría el país si se aprobara el plan del gobierno, el cual, antes de generar mejoras en la supervisión de contratos de obra pública, produciría un retroceso en esta materia.
CRI, creada en 2012, se define como una entidad independiente, imparcial y apartidista, dedicada a promover la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción. La organización está compuesta principalmente por politólogos académicos, y su presidenta es Juany Guzmán León, doctora en Ciencias Políticas y catedrática de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“La fiscalización a posteriori que postula la ‘ley jaguar’ limita la actuación de la CGR a revisiones después de que las decisiones administrativas hayan sido tomadas y ejecutadas, una acción de autopsia forense frente a hechos consumados. Esta limitación debilita la capacidad de la CGR para prevenir irregularidades y actos de corrupción antes de que ocurran.
“La falta de controles preventivos reduce la posibilidad de detectar y corregir errores o actos ilícitos en etapas tempranas, lo que puede resultar en la malversación de fondos públicos y otros actos de corrupción que podrían haber sido evitados”, advierte el pronunciamiento.
Desde que Chaves presentó la propuesta de “ley jaguar”, el 5 de junio, la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, advirtió que el plan es inconstitucional porque debilita las funciones de la Contraloría, pero, además, abriría el portillo a las contrataciones públicas a dedo: “Es claro: se quiere evadir el control de fondos públicos’, dijo.
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El documento, CRI señala que la “ley jaguar” podría aumentar los riesgos de corrupción al permitir arrendamientos de hasta 30 años sin los procedimientos estrictos necesarios. Este cambio podría comprometer recursos estatales por largos períodos sin las garantías adecuadas de transparencia y control.
Además, resalta la importancia de mantener y fortalecer los mecanismos de control en la contratación pública para prevenir la desviación de recursos y asegurar que los servicios públicos se presten de manera efectiva y transparente.
“Las competencias que se eliminan en algunos de los entes de control, deben verse fortalecidas en otro ámbito de control, de lo contrario se crearán silos no observados y aumentará la opacidad, que se sabe es caldo de cultivo para la corrupción”, indica.
Según el manifiesto, la contratación pública, especialmente en el ámbito de las obras públicas, es un área altamente vulnerable a la corrupción. Los mayores escándalos de corrupción, como los casos “Cochinilla” y “Azteca”, han surgido en este sector, implicando redes de corrupción que involucran a funcionarios públicos y privados.
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Debido a la vulnerabilidad de las obras públicas, Costa Rica Íntegra insiste en que la CGR juega un papel crucial en la fiscalización de los fondos públicos. Cualquier intento de debilitar su capacidad de control preventivo puede facilitar la corrupción.
“Las instituciones contraloras son parte de un diseño constitucional de pesos y contrapesos para salvaguardar la hacienda pública y el bien común. Los constituyentes valoraron que ‘se hace indispensable garantizar que esas instituciones no se convertirán en fácil pasto de la política y de las maniobras del Ejecutivo’”, manifiesta.
Asimismo, rescata que la CGR ha implementado mejoras significativas en la supervisión de obras públicas, incluyendo el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, alerta que aún existen áreas de mejora, y que el paso que pretende dar la ley jaguar va en la dirección equivocada.
“La CGR es un control efectivo de los fondos públicos, con áreas de mejora, pero su debilitamiento no contribuye en nada al desarrollo nacional”, agrega.
La organización hace un llamado al Ejecutivo para que cumpla con sus compromisos internacionales que obligan al país a fortalecer la autonomía y las capacidades de las instituciones de control.
“CRI responde a los mandatos de sus fundadores y toma la palabra enfatizando un ámbito de enorme importancia como es la defensa de la transparencia, la probidad, el sistema de controles, en tiempos que definitivamente no son de integridad y transparencia en la función pública”, concluye la organización.
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