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Para terminar con el desorden y falta de claridad en la adquisición de bienes y servicios, los diputados aprobaron el proyecto de ley 19.123, que obliga a todas las instituciones públicas a usar el mismo sistema electrónico de compras y a reportar la totalidad de las transacciones comerciales que realicen.
El expediente quedó listo para su entrada en vigencia, pues ya recibió el segundo debate en la Comisión Legislativa Plena Segunda, el miércoles pasado.
Se trata de modificar el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa y agregar un artículo 40 bis con el fin de establecer la creación de un sistema digital unificado de compras públicas, cuya administración debe estar en manos del Poder Ejecutivo.
Además, se le otorga la responsabilidad a ese sistema de contener toda la información relacionada con cada una de las etapas de los procedimientos de compras, no solo para consulta pública, sino también para descarga y estudio de los usuarios.
En cuanto al nuevo artículo, el 40 bis, crea la obligación para todas las instituciones públicas, de crear un enlace en sus respectivas páginas de Internet, para redirigir a los usuarios al sistema de compras públicas, donde estará toda la información relacionada con sus adquisiciones.
Transparencia. En la nueva ley se obliga a todas las entidades que se rigen por la Ley de Contratación Administrativa a publicar en sus sitios web los anuncios de procesos de contratación por realizar, aspectos relevantes del cartel de licitación (en caso de ser por esa vía), cada una de las ofertas recibidas, el oferente escogido y las razones de su selección, así como los términos del contrato entre la institución y el oferente.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez, alabó la iniciativa y aseguró que nació de una investigación de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público sobre los actuales sistemas Mer-Link y CompraRed.
El proyecto salió de la mano del diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien explicó que las municipalidades también tendrán la obligación de justificar públicamente todas sus contrataciones de servicios y compra de bienes.
“El mundo camina hacia eso, es vital para acabar con la corrupción. La mejor herramienta es la transparencia”, señaló Solís.
Se intentó consultar la opinión del Ministerio de Hacienda sobre las obligaciones que genera la ley, pero al cierre de esta edición, no se tenía su respuesta.
