La tecnología satelital ha permitido al Ministerio de Seguridad Pública identificar 141 pistas de aterrizaje clandestinas en todo el país gracias a la acción conjunta de las diferentes policías y a la cooperación estadounidense y panameña.

Sin embargo, pese a conocer el punto exacto, la finca y el propietario de las pistas ilícitas, las autoridades policiales no pueden más que entregarle una notificación a cada dueño y pedirle que, por favor, inhabilite el espacio, que en la mayoría de los casos se utiliza para el trasiego de cocaína y marihuana.

Un proyecto de ley, dictaminado afirmativamente este jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, permitiría a las diferentes policías destruir estas pistas de aterrizaje clandestinas, incluso con el uso de dinamita.

La iniciativa llegó al Congreso de la mano de la diputada independiente Zoila Rosa Volio, quien argumenta que Costa Rica funciona como una de las “más grandes bodegas de cocaína de la región”.

Árboles, maquinaria, dinamita

El expediente legislativo 21.621 recibió el voto afirmativo unánime de los diputados de Seguridad y Narcotráfico, con el objetivo de que la Fuerza Pública, el Servicio de Vigilancia Aérea y las municipalidades puedan inutilizar las pistas no autorizadas.

Para ello, se podría recurrir a la siembra de árboles, la colocación de alambres, la aperturas de zanjas con maquinaria municipal o, en última instancia, la destrucción a través de dinamita.

El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, explicó que Vigilancia Aérea ha ubicado hasta 140 pistas en zonas sensibles para el tráfico ilegal de drogas, pero después de identificar esos puntos, lo que se puede hacer actualmente es emplear un “procedimiento rudimentario” que generalmente no rinde frutos.

“Se le notifica al propietario y se le dice que tiene que inhabilitar la pista, aeródromo o helipuerto ilícito, sin que haya una sanción para la persona y, menos aún, que haya posibilidad de que la Policía ingrese al lugar e inhabilite la pista”, comentó el jerarca.

“Muy pocas personas hacen algo para que la pista deje de funcionar, las dejan ahí porque dicen que no es pista, que es un camino o simplemente no hacen nada”, explicó Soto.

La diputada Volio agregó que es frustrante que los policías sepan dónde están las pistas y no puedan hacer nada, porque la ley no las faculta. “Ahora que no hay legislación, pueden hacerse los majes”, dijo la legisladora.

El ministro dijo que la ley autoriza el uso de dinamita porque, en algunos casos, podría tratarse de pistas de cemento, que no se puedan destruir fácilmente.

Generalmente, las pistas para uso de narcotráfico tiene su campo de aterrizaje en grava, zacate, piedra o simplemente tierra.

“Somos el tercer país exportador de cocaína hacia Europa, eso sin ser productores. Aquí se acopia y sale en contenedores hacia territorio europeo y hacia Estados Unidos”, dijo la diputada Volio.

La legisladora basa su afirmación en datos publicados por la agencia AFP, en octubre del 2019, donde la vocera de las aduanas de Bélgica, Florence Angelici, reveló que el 26% de las incautaciones en el puerto belga de Amberes corresponden a droga proveniente de Brasil, mientras que Ecuador se deja otro 20% y Costa Rica es el país de origen del 16% de la cocaína decomisada entre enero y setiembre de ese año.

Radares potentes, vuelos bajos

Según el ministro Soto, no se puede decir que todos los aeropuertos ilegales se utilicen para el narcotráfico, pero al no contar con los permisos extendidos por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y estar en determinadas zonas o territorios “sensibles”, es muy probable que sean para trasiego de drogas.

Hay pistas en zonas de Guanacaste, cerca de playas en zonas muy retiradas o montañosas; también a lo largo de la costa pacífica, desde Quepos hasta Corredores y Golfito, así como en la provincia de Limón. “Todo lo que es Pococí para dentro, lo que pega con costa, Tortuguero. Son los lugares más apetecidos por los delincuentes”, dijo Soto.

El jerarca añadió que, dentro del combate al narco, implementaron por idea de los comandantes policiales un Centro de Operaciones Conjuntas en la Base Dos, en el Aeropuerto Juan Santamaría.

Allí, hay presencia las 24 horas de un miembros de todas las policías: Vigilancia Aérea, Fuerza Pública, Guardacostas y Fronteras, donde se recibe información de los sistemas estadounidenses de radares, así como los dos nacionales, el de la Isla del Coco y el del Santamaría, que permite identificar las trazas de ingresos aéreos al país.

Luego de corroborar que se trate de un ingreso no autorizado, se despliegan aviones, patrullas y lanchas, según el caso, para capturar a los narcotraficantes.