Un paso adelante dio en el Congreso el proyecto que permitirá que las compras del Estado se ejecuten de manera digital mediante un sistema que unificará los regímenes existentes con el fin de garantizar mayor control sobre los recursos y simplificará los procedimientos.

El texto sustitutivo de la Ley General de Contratación Pública fue aprobado este viernes, de forma unánime, por los siete legisladores de la comisión especial creada para este fin. También se acordó enviar el plan a consulta de 41 instituciones públicas y privadas.

Dicha iniciativa permitirá que, mediante este sistema digital, se elimine la contratación directa de obras, bienes y servicios por parte del Estado, así como las autorizaciones previas ante la Contraloría General de la República (CGR).

“El sistema digital unificado será único, centralizará todos los procedimientos de contratación de todas las entidades. Su administración estará a cargo de la Dirección de Contratación Pública, sin perjuicio de que pueda ser operado por un tercero cuya contratación deberá realizarse bajo las regulaciones de esta ley”, explica el texto.

En el caso de que sea operado por un tercero, se establece que existirá un único contrato entre el Ministerio de Hacienda y la empresa proveedora del servicio.

Según la nueva ley, este sistema digital unificado deberá contar con un catálogo que muestre las obras, bienes y servicios, para el que se deberán utilizar estándares internacionales.

Con respecto al registro de los proveedores y subcontratistas, será la Dirección de Contratación Pública la encargada de conformar un registro electrónico para la inscripción de todas las personas, físicas o jurídicas, que manifiesten interés en contratar con la Administración o para fungir como subcontratistas.

También indica que todo interesado en participar como oferente o subcontratista, deberá rendir una declaración jurada, por una única vez, donde asegurará que no se encuentra sujeto a ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley.

Con respecto a la transparencia, se señala que toda la información de contratación pública deberá estar disponible para quien requiera consultarla y descargarla. Para ello se contará con un repositorio de datos abiertos organizados en modelos de analítica.

“La Dirección de Contratación Pública deberá regular la forma de acceso a esta información, así como tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad e inmodificabilidad y de igual manera deberá verificar que el sistema digital unificado permita la más amplia participación y ofrezca facilidades de búsqueda y consulta para el ciudadano”, agrega sobre la seguridad de la información.

Umbrales de la ley

Una de las modificaciones que trae el texto sustituto de este proyecto es la incorporación de umbrales que permitirán determinar el procedimiento de contratación a través del régimen ordinario y diferenciado, a los que se les establece un tope según el tipo de licitación (mayor, menor o reducida).

- Régimen ordinario: la licitación mayor aplica para un monto superior a ₵641 millones en la construcción de obras y más de ₵238 millones en bienes y servicios.

- Régimen diferenciado: la gestión se realiza en las contrataciones mayores a ₵1.026 millones en obra pública y superiores a ₵285 millones en la compra de bienes y servicios.

En cuanto al monto de los umbrales será actualizado por la CGR, en la segunda quincena del mes de diciembre, utilizando el monto de las unidades de desarrollo establecido por el Banco Central de Costa Rica para cada año, y regirán a partir de.l 1° de enero del año siguiente a su publicación.

Diputados: ‘Es una reforma del Estado’

Diputados que integran la comisión especial celebraron este viernes el acuerdo logrado para que el proyecto sobre la nueva plataforma digital para compras públicas avanzara al plenario legislativo.

Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista y presidenta de la comisión que estudió el proyecto, indicó que este es el resultado de diez meses de arduo trabajo realizado por el foro en conjunto con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y asesores.

“Este proyecto es una reforma de Estado, es un cambio estructural de la forma como hoy se realizan los trámites para comprar o contratar obras, bienes y servicios orientados a la satisfacción del bienestar público. Es un cambio de paradigma en materia de compras estatales”, afirmó Delgado.

Por su parte, Carolina Hidalgo, legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), expresó que el proyecto implica una mejora en las contrataciones donde se emplean fondos públicos, pues permite un solo ordenamiento de compras públicas.

“Corresponde a una reforma de Estado en aspectos de integración de un solo ordenamiento de compras públicas, un ente rector de política pública y una necesaria actualización del marco normativo para efectos de ajustarlo a las nuevas realidades de compras públicas y busca atender las recomendaciones de la OCDE”, agregó Hidalgo.

Por su parte, Pablo Heriberto Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sostuvo que esta reforma contribuye a una mejora en el ahorro de tiempo y de recursos, eliminando los regímenes aparte y estableciendo un único régimen de compras.

LEA MÁS: Agencia de ONU a cargo de obras viales elude pago de cargas sociales a la CCSS pero sí las cobró