El magistrado Max Esquivel Faerron, presidente interino del TSE, envió una carta de protesta al ministro. Según le escribió, la ruta trazada por el Ministerio de Hacienda podría derivar en un acto inconstitucional, en relación con los artículos 96 y 177 de la Carta Magna.

El artículo 96 de la Constitución Política establece la obligatoriedad de pagar la contribución estatal a las campañas electorales, también llamada deuda política, dinero que se asigna a los partidos para cubrir gastos en que incurrieron durante el proceso. La relación es directamente proporcional: cuantos más votos obtenga un partido, más recursos recibe. El artículo 177 dice, por su parte, que Hacienda no puede objetar los gastos presupuestados por el TSE para dar efectividad al sufragio.

El magistrado envió la carta porque Hacienda incluyó el dinero de la contribución estatal a los partidos políticos dentro del límite de gasto para el presupuesto del TSE en el 2025.

El TSE requirió un total de ¢8.300 millones para el pago de la contribución estatal en el 2025. De esta cantidad, ¢6.500 millones se destinarán al reembolso de los gastos de la campaña del 2022 y ¢1.800 para el financiamiento anticipado de los comicios del 2026.

No obstante, Hacienda le impuso un límite presupuestario de ¢60.600 millones, de los cuales ¢57.000 millones están destinados al gasto corriente (el gasto corriente incluye ¢3.000 millones solicitados por Hacienda para el referéndum que el gobierno impulsa). En consecuencia, solo quedarían ¢3.600 para deuda política (55% de los ¢6.500 millones).

‘No hay más espacio’

De acuerdo con el magistrado Max Esquivel, el Tribunal y el Ministerio sostuvieron una reunión el 22 de mayo en la que el órgano electoral explicó que la ejecución de la deuda política no depende del TSE, pues está sujeta a las liquidaciones de gastos que presenten los partidos políticos. “Son estos los que deciden si piden o no el reembolso de sus gastos, así como los montos”, citó.

La carta expone que, en consecuencia, incluir los ¢6.500 millones de contribución estatal a las campañas de los partidos dentro del límite de gasto disminuye “considerablemente” el dinero disponible para gasto ordinario y para organizar las elecciones de presidente y diputados, que empiezan a prepararse desde el 2025.

“Esas razones fueron las que nos llevaron a plantearle la necesidad de presupuestar la citada contribución (¢6.500 millones) sin que su monto fuera parte del monto sujeto al límite al gasto”, continuó Esquivel.

Pese a ello, el 19 de junio, el ministro envió un oficio al tribunal electoral (MH-DM-OF-0840-2024) en el que incluyó, dentro del límite de gasto para el próximo año, tanto el dinero para pagar la deuda política de las elecciones del 2022 como el anticipo para los comicios del 2026.

Esquivel Faerron protestó diciendo que la medida afectará la programación de recursos para el funcionamiento institucional y la organización de las elecciones.

Explicó que el TSE tendría que tomar dinero del presupuesto electoral para financiar la operación procesos sensibles como el quehacer del Registro Civil, del cual dependen la identificación de las personas, la inscripción de nacimientos y los actos civiles de la población.

“El quehacer registral alimenta bases de datos de todo el país y sobre él se sustenta el tráfico de bienes y servicios; la presentación de la cédula de identidad es requisito ineludible para celebrar negocios jurídicos”, expuso el magistrado.

De inmediato, instó al ministro a repensar su decisión al insistir en el escenario que afrontaría el TSE: “La institución se vería obligada a utilizar algunos fondos de las partidas electorales para suplementar los montos destinados a las funciones registral civil y formativa, lo cual sería una forma en la que, sin intervenirse directamente los gastos presupuestados para dar efectividad al sufragio, se afecte el adecuado devenir de los comicios”.

Consultado por La Nación, Nogui Acosta argumentó que se le comunicó al TSE que el límite de gasto incluía ¢6.477 millones para la contribución a partidos políticos, “y no incluyeron ese concepto”.

“No hay más espacio para incrementar el presupuesto del TSE”, aseveró el ministro de Hacienda.

Magistrado reclama cumplimiento de acuerdo

El magistrado Esquivel sostuvo en la nota a Nogui Acosta que los márgenes no corresponden al acuerdo alcanzado por ambos órganos el 22 de mayo. “En esta ocasión, señor ministro, nos vemos en la obligación de manifestar nuestra disconformidad con lo requerido. Contrario a lo que usted indica, lo pedido no concuerda con lo acordado”, dijo.

Asimismo, citó que no solo es necesario cumplir con el marco jurídico, sino también con la sana conversación entre autoridades para concretar acuerdos sin llegar a disputas legales.

“El respeto a esas zonas de encuentro ha permitido, por más de siete décadas, un adecuado funcionamiento de los órganos del Estado, dinámica en la que se sobrepone la división de poderes, pero también la buena fe en la observancia de consensos legítimos en los que prevalece no solo la juridicidad de los actos sino la honorabilidad de los actores”, expresó el magistrado.

En su carta, Esquivel también enfatizó que Costa Rica tiene uno de los costos por voto más bajos del planeta.

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