EscucharEl ingeniero civil Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, afirmó que los daños ocasionados en julio del 2022 por la tormenta tropical Bonnie en la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, eran imperceptibles después de la emergencia. Bajo ese argumento, justificó la inclusión extemporánea del aeródromo en un decreto de emergencia emitido casi un año antes, lo que permitió contratar la reparación a la constructora MECO por ¢21.800 millones mediante un aparente concurso a la medida de la CNE.
No obstante, el presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Olman Vargas, consideró imposible que los daños fuesen imperceptibles al momento de la primera revisión, porque los efectos de una tormenta son inmediatos en las estructuras.
El alegato de Amador consta en un oficio enviado a Sigifredo Pérez, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el 3 de julio del 2023, 12 días después de que la Junta Directiva de la CNE, en una sesión en la Casa Presidencial, acordó incluir el Daniel Oduber en el plan de atención de emergencia emitido en julio del 2022.
El documento justificó la inclusión “extemporánea” a pesar de que, según la Ley Nacional de Emergencias (artículo 38), las instituciones públicas tienen un plazo máximo de dos meses para entregar un reporte oficial de daños después de un fenómeno.
Amador escribió que, durante la inspección para el primer reporte de daños del 2022, la afectación de la pista no era perceptible porque la acumulación de agua se produjo inicialmente en los terrenos cercanos a la pista y el proceso de deterioro ocurría en la parte inferior del pavimento.
El entonces ministro alegó que la pista está rodeada de una amplia llanura que recibió la acumulación de las precipitaciones durante la tormenta Bonnie, lo que generó un atraso en la evacuación y movimiento del agua hacia el suelo.
Argumentó que una de las capas geotécnicas de la estructura es de arcilla y que esta, debido a sus características, provocó que el agua quedara atrapada, aumentando la porosidad y generando una pérdida de resistencia en el pavimento.
Con la inclusión del arreglo de la pista en un decreto de emergencia, el contrato para la reparación no pasó por el proceso de revisión de la Contraloría General de la República ya que esa institución carece de competencias para conocer contrataciones hechas bajo la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
‘Había pasado mucho tiempo, parece un forzamiento’
Al conocer la justificación, el presidente del CFIA declaró que la superficie de ruedo del aeropuerto está diseñada con materiales prácticamente impermeables para evitar infiltraciones de agua, con mucha más resistencia que una carretera normal. En su criterio, “no es demostrable” que el agua se filtró y quedó estancada.
“Cuando ha pasado tanto tiempo, es imposible determinar que las fallas de la pista fueran estrictamente generadas por el efecto de la tormenta. Parece que hubo un forzamiento para poder utilizar la legislación de emergencia cuando definitivamente ya no aplicaba”, indicó Olman Vargas.
En el oficio enviado a la CNE, Luis Amador insistió en que la saturación de suelos, debido a lluvias intensas, puede provocar deformaciones en el pavimento que se hacen visibles en la superficie, lo que “conduce a un deterioro rápido y la necesidad de reconstrucción”.
Sin embargo, la reparación de la pista había sido catalogada como una tarea de “urgencia” mucho antes de la llegada de la tormenta Bonnie. En mayo del 2022, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) reseñó que el deterioro había sido advertido por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la empresa Ineco y la Unidad de Aeródromos e Infraestructura de la DGAC.
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Informe advirtió de ilegalidad
Un informe firmado por siete funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGCA advirtió a las autoridades sobre la ilegalidad de incluir la reparación de la pista en el decreto de emergencia, pues no existía una relación entre la tormenta tropical y los daños en la superficie de ruedo, que se remontan al 2015.
Los técnicos recomendaron contratar la rehabilitación de la pista mediante mecanismos ordinarios. Esa recomendación se envió a Fernando Naranjo, exdirector de Aviación Civil, el 7 de agosto de 2023. No obstante, el gobierno continuó con la contratación por régimen de excepción mediante la CNE, lo que evitó que la Contraloría revisara la adjudicación a MECO.
Ante el Congreso, el pasado 3 de abril, Fernando Naranjo declaró que el exministro Amador conoció el informe sobre la posible ilegalidad, porque él se lo envió el 10 de agosto del 2023 y pese a ello, ordenó seguir adelante con la contratación.
Datos erróneos de lluvia
En la carta enviada a la CNE el 3 de julio del 2023, Luis Amador también señaló que, un año antes, del 1.° al 3 de julio de 2022, los niveles de precipitación oscilaron entre los 200 y 225 milímetros de agua en el aeropuerto.
No obstante, datos del boletín meteorológico del IMN, de julio de 2022, evidencian que el 1.º de julio la estación en el aeropuerto Daniel Oduber contabilizó apenas 10 milímetros de lluvia, el 2 de julio del 2022 más de 50 milímetros y el 3 de julio, apenas un milímetro. Los valores superiores a 200 milímetros se registraron al norte de Liberia.
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Polémico contrato
El 12 de marzo, el presidente Rodrigo Chaves anunció la destitución de Luis Amador debido a las irregularidades que, según el mandatario, habrían permitido contratar a MECO con un aparente sobreprecio de ¢1.000 millones. Aún así, el gobernante dijo que se mantendría la contratación como se hizo para no afectar la reparación del aeropuerto.
Después de la destitución, Amador dijo que no preparó, revisó, ni aprobó los términos de referencia del concurso, sino que de ello se encargaron la CNE y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Sobre este asunto, la Fiscalía mantiene una investigación abierta desde enero por el supuesto delito de falsedad ideológica, bajo el expediente 24-000030-1218-PE. En la causa, además de Amador, también figuran el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana; el presidente de la CNE, Alejandro Picado Eduarte y el exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo Elizondo.
La Presidencia presentó una denuncia contra Amador por el proceso de contratación de la Constructora MECO. Gerardo Huertas, abogado defensor de Amador, rechazó que su cliente huyera del país luego de ser destituido; manifestó que la denuncia en contra del exministro son un “revanchismo político”.
