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El presidente Luis Guillermo Solís analiza la posibilidad de que el Estado costarricense interponga una demanda judicial contra la empresa Uber, que utiliza una aplicación celular para ofrecer el servicio de transporte de personas.
Ese fue el compromiso que asumió el mandatario con representantes del Foro Nacional de Taxistas, con quienes se reunió la mañana de este viernes en Casa Presidencial, por más de dos horas.
Este gremio se quejaba de que Solís no los atendiera para escuchar sus planteamientos. Incluso, ya tenían organizada una manifestación para el próximo martes. Ahora, la protesta quedó en veremos.
Los taxistas piden la salida de Uber, bajo el alegato de que el transporte privado de personas es prohibido, según pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, de la Sala IV y del Consejo de Transporte Público (CTP).
También se quejan de una caída en la demanda de sus servicios a raíz de la llegada de esa compañía.
El acuerdo del Gobierno con el Foro consiste en estudiar la viabilidad legal de presentar una demanda y definir ante cuál tribunal, eventualmente, se interpondría.
Ese análisis duraría unas dos semanas, pues se acordó que, para ese entonces, el Poder Ejecutivo tendrá una respuesta. El planteamiento fue idea de los taxistas.
"Se ha acordado tener un segundo encuentro a finales de este mes, una vez que se haya realizado ese análisis. Fundamentalmente, el gremio de los taxistas regulares han solicitado que se interponga una demanda contra Uber, por la prestación de servicios que ellos consideran son irregulares, ilegales, y nosotros hemos dicho que vamos a proceder a hacer el análisis respectivo para ver que es lo que procede, pero no se ha tomado una decisión al respecto. Nos reuniremos para ese propósito a finales de este mes, aún la fecha no ha quedado definida", expresó Solís en conferencia de prensa.
Gilberth Ureña, del Foro Nacional de Taxistas, se mostró complacido por la reunión con el mandatario y el acuerdo alcanzado y casi descartó la manifestación del martes, debido a que pudieron conversar con Solís y su equipo de viceministros.
"En este momento estamos haciendo las consultas a todas las bases para tomar una decisión. La organización de la manifestación se daba en aras de que nos atendiera el señor presidente de la República y no solamente que se nos atendiera, sino que también escucharan nuestros planteamientos, se analizaran en la mesa y que resolviéramos algo sobre nuestros planteamientos.
"Desde ese punto de vista fuimos claros en que está plenamente demostrado, tanto en las instancias administrativas, como judiciales, que el transporte privado de personas en este país no se puede prestar a través de ningún medio. Se planteó claramente la necesidad de planear una demanda para que se ordene a esta multinacional pirata que deje de ofrecer sus servicios", declaró.
En la reunión estuvieron presentes los viceministros Fernando Rodríguez, de Hacienda; Liza Castillo, de Transportes; y Luis Emilio Cuenca, de Trabajo. Además estuvo Mariano Figueres, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
