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El presidente Luis Guillermo Solís no necesitó pruebas. La “insinuación” y guardar la confianza popular fueron razones suficientes.
Por eso tomó, este lunes, la decisión de despedir a seis jóvenes asesores del Gobierno, mencionados en un documento que insinuaba el uso de recursos públicos para beneficio del Partido Acción Ciudadana (PAC).
No primó el apoyo fuerte que ellos dieron en la campaña electoral como parte del grupo llamado Juventud Progresista (JP) ni el vínculo fuerte con funcionarios del Ejecutivo.
Primó el intento de cumplir con la promesa de probidad y transparencia, así como la intención de borrar cualquier sospecha de corrupción.
Al menos así lo dijeron muy serios el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y el mandatario Luis Guillermo Solís.
“Esta administración no va a tolerar la mínima insinuación ni sospecha acerca de un uso indebido de los recursos públicos de cualquier tipo. Aunque este hecho haya sido siquiera una sola sugerencia”, sentenció Luis Guillermo Solís.
Es “insinuación” se lee en la minuta de una reunión del 20 de junio de 12 dirigentes de JP, entre cuyos propósitos está renovar al Partido y luchar contra el “ottonismo”. El documento llegó a manos de una corriente del PAC adversa a ellos y circuló en una reunión asamblearia de la agrupación, el sábado 11 de julio.
El Gobierno se enteró de que al menos seis funcionarios suyos aparecían mencionados en esa minuta y, desde la tarde del sábado, prometió sanciones “si se llegara a demostrar que efectivamente tal propuesta fue planteada en esos términos”, pues la calificó como “politiquería”.
Dos días después, ya con numerosas críticas desde dentro y fuera del PAC, la Presidencia no tenía aún nada probado, pero igual prefirió la destitución de los seis que fungían como funcionarios en puestos de confianza.
Se trata de Mariano Salas, jefe de Despacho en el Ministerio de la Presidencia; Eder Artavia (Servicios Generales de Casa Presidencial); Marcela Ávila (asesora del presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS), y Rándall Céspedes (Atención Ciudadana en Casa Presidencial).
También, Fabián Solano (asesor en el Ministerio de Planificación, Mideplán) y Cindy Taco, asesora en el despacho de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, dirigente de JP hasta que asumió este cargo.
Los dirigentes de JP, Óscar Jiménez y Eduardo Solano (secretario general interino del PAC), también estuvieron en esa reunión y son asesores de diputados rojiamarillos, aunque sobre ellos no había ayer decisión alguna.
Aceptan y respaldan. El vocero de los dirigentes de JP, Fabián Solano, dijo este lunes que respaldan la decisión de Solís. “Somos respetuosos de la decisión del Ejecutivo. No hubo ningún acto que roce con la ética ni con la ilegalidad, pero pusimos a disposición nuestros puestos porque podíamos contagiarle problemas mediáticos”, expresó el exasesor.
“Somos una juventud que no se apega a los puestos como mono en ventolero. Lo más importante es el proyecto que apoyaron 1,3 millones de costarricenses con el liderazgo de don Luis Guillermo. Lo respetamos completamente”, dijo antes de asegurar que mantendrán la actividad dentro del PAC con más fuerza, pues ahora tendrán más tiempo.
Este caso desató una crisis interna en el PAC, con críticas fuertes del fundador y diputado Ottón Solís (quien anoche felicitó al mandatario por los despidos) y la defensa de la presidenta de la agrupación, Margarita Bolaños.
Se intentó hablar ayer, sin éxito, con la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, una de las dirigentes de Juventud Progresista hasta que entró a Gobierno. Desde su perfil en Facebook hizo un comentario relacionado: “La lealtad es sin duda alguna una de las cosas más dolorosas y ausentes en la política”.
