El expresidente de la República Luis Guillermo Solís pidió un espacio para discutir el plan de ajuste económico que el Gobierno propone plantear al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de obtener financiamiento para contener el deterioro de las finanzas públicas.
Solís ve viable la propuesta que el Poder Ejecutivo pretende llevar, en octubre, a la negociación con el FMI a cambio de un préstamo por $1.750 millones, a pesar del rechazo que la iniciativa ha generado en distintos sectores por su énfasis en nuevos impuestos.
“Como cualquier propuesta, la del Gobierno es perfectible. Ello, con el fin de lograr que paguemos los que más tenemos, reactivar la economía y la productividad, reducir al máximo los impactos negativos en los sectores medios y dotar de mayor eficiencia y eficacia a la administración en general, y a la administración tributaria en particular”, publicó el exmandatario en sus redes sociales.
Para Solís, es “imprescindible” lograr un acuerdo con el FMI para garantizar la estabilidad del país en el corto plazo y “la continuidad de su desarrollo en paz con justicia y equidad”.
El plan inicial pretende generar un rendimiento entre ingresos y gastos cercano al 6% del producto interno bruto (PIB) entre el 2021 y el 2024.
La iniciativa propone aumentar los ingresos fiscales creando, por ejemplo, un impuesto temporal a las transacciones bancarias, fijando sobretasas de renta para salarios e ingresos de empresas y triplicando el gravamen sobre bienes inmuebles.
Por otra parte, sugiere eliminar exenciones a las grandes cooperativas y crear un impuesto del 25% a los premios de lotería, así como la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), y plantea eliminar anualidades a funcionarios publicos durante cuatro años.
Con ello, se pretende generar un superávit primario del 2,2% del PIB al 2024 y variar la trayectoria ascendente de la deuda que, al 2025, podría rozar el 88% de la producción si no se toman medidas. La idea del Gobierno es bajar el nivel de deuda pública al 50% del PIB en el 2034.
Como superávit primario se conoce al saldo positivo entre los ingresos totales y los gastos del Gobierno, excluido el pago de intereses por deuda pública.
Para el expresidente Solís, la propuesta del Poder Ejecutivo procura eficiencia en la administración tributaria.
“Esto último, es indispensable para seguir reduciendo la evasión fiscal y la elusión. El Banco Central debería contribuir de manera firme y decidida al esfuerzo ya iniciado”, añadió
En esa línea, el exgobernante pidió habilitar “de inmediato” los espacios para desarrollar el diálogo social y político que el país requiere, “con el espíritu solidario, responsable y patriótico, y en los tiempos apremiantes que este proceso demanda”.
Durante su gestión, Solís recibió críticas de diputados de oposición por empujar reformas a favor de los pluses salariales del sector público y haber aumentado en 19% el primer presupuesto que presentó al Congreso, para el 2015.
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Por otra parte, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó, en abril de este año, abrir una investigación por el faltante de ¢600.000 millones que su gobierno dejó en el presupuesto para pagar deuda pública en ese año.
La propuesta presentada el pasado jueves por el Gobierno ya recibió reacciones adversas de las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y el bloque Nueva República.
El PLN la calificó de “inaceptable” por considerar que el 80% del plan se sustenta en impuestos y solo el 20% en recorte del gasto público. Las restantes dos fracciones legislativas y el bloque independiente, rechazaron la posibilidad de aprobar nuevos tributos.
Al respecto, Elian Villegas, ministro de Hacienda, dijo el fin de semana que el Gobierno está abierto a realizar ajustes al plan. “No está escrito en piedra, tampoco en hielo”, indicó.