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Este 2 de mayo, ante la Asamblea Legislativa, el presidente Luis Guillermo Solís rechazó "categóricamente" que su Gobierno haya sido "despilfarrador e incongruente" con su llamado a buscar una solución al grave estado de las finanzas públicas.
Con el argumento de que su administración ya hizo la tarea en recaudación de impuestos y contención del gasto público, tesis que el bloque opositor del Congreso no comparte, Solís dijo que ahora le toca a los diputados solucionar el déficit mediante la aprobación del plan fiscal propuesto por Zapote.
En su segundo discurso anual, el mandatario afirmó que la estabilidad económica actual se ve amenazada por el desbalance entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central, que el año pasado arrojó un saldo negativo no visto desde finales de los años 70, cuando cerró en un 5,9% del producto interno bruto (PIB): cerca de ¢1,8 billones.
El gobernante reafirmó que, de no tomarse medidas, el déficit podría subir a un 8% del PIB en el 2018, cuando él deje la silla presidencial.
La diferencia política sobre cómo corregir el rumbo está en la forma. El presidente sostiene que ya no hay más espacio para recortar gastos, por lo que llama a reformar y subir los impuestos de ventas y renta, así como a aprobar el proyecto de Ley contra el fraude fiscal, que daría más herramientas a la Dirección de Tributación para cobrar tributos.
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"El Gobierno ha sido claro que no es por medio de un recorte draconiano (excesivamente severo) del gasto público que se alcanzará la sostenibilidad fiscal. Nuestro enfoque ha sido plasmado en una agenda legislativa y de cambio institucional orientada alrededor de tres pilares: orden, disciplina e impacto", dijo el mandatario.
"Rechazo categóricamente, por incorrectas, afirmaciones que tildan al Gobierno de despilfarrador e incongruente con su llamado a la búsqueda de gobernanza fiscal (...). Los invito a hacer un examen cuidadoso del gasto controlable del Gobierno, en el que analicen y comparen el comportamiento y peso relativo de cada una de sus partidas a lo largo del tiempo; podrán constatar la estricta coherencia con las necesidades de fortalecimiento de la hacienda pública".
"Es insostenible garantizar estabilidad macroeconómica mediante mayores recortes a un presupuesto que es rígido en un 95% o, por razones de estabilidad social y seguridad pública, a la planilla del Estado en forma masiva".
"Son ahora las señoras y los señores diputados quienes tienen en sus manos la responsabilidad de resolver. Y espero que lo hagan con prontitud y sabiduría. El pueblo les mira", advirtió.
Solís también insistió en que se apruebe el impuesto a las personas jurídicas y, en cuanto al gasto, una reforma a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, un plan para mejorar la evaluación de funcionarios públicos y otro para ordenar las exoneraciones de tributos.
No obstante, el bloque opositor que ganó este 1.° de mayo el control de la Asamblea tiene otra visión y considera que sí se pueden meter tijera al 95% del Presupuesto que hoy es rígido.
De hecho, los seis partidos de ese bloque pactaron que, antes de hablar de nuevos tributos, se discutirán por la vía rápida dos proyectos de control de gasto, en pensiones y pluses salariales, así como el plan de Ley contra el fraude fiscal que pide Solís.
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Uno de esos proyectos, por ejemplo, le pondría un tope de ¢4,7 millones a las pensiones del Poder Judicial, que hoy llegan hasta ¢9 millones mensuales. Además, impediría que los funcionarios judiciales se jubilen antes de los 55 años.
El otro, reduciría el pago por dedicación exclusiva, que reciben ciertos profesionales en el sector público, de un 65% a un 50% sobre el sueldo base; y establecería que los pagos extra por anualidades no podría superar el 1,94%, mientras que hoy algunas instituciones pagan hasta 5,5%.
Integrada por el PLN, el PUSC, el Libertario y los partidos cristianos, la alianza opositora resiente al presidente el primer aumento de un 19% aprobado para el Presupuesto Nacional del 2015, que lo elevó a casi ¢8 billones pese a la baja inflación (indicador que mide el crecimiento o decrecimiento de los precios).
Sin embargo, este lunes, Solís defendió la decisión. Alegó que ese presupuesto tuvo que hacer frente al mayor crecimiento de pago de deuda de los últimos años, a la vez que aumentaba cerca del 13% el presupuesto del Ministerio de Educación Pública y, por ende, a las universidades estatales.
Él considera que la educación es un pilar del desarrollo del país, aunque reconoció la necesidad de que las universidades "racionalicen sus gastos de operación y algunos beneficios salariales excesivos". En la Universidad de Costa Rica (UCR), por ejemplo, se discute sobre el porcentaje de anualidad que se le paga a los funcionarios, que es de un 5,5% anual sobre el sueldo base, mientras que en el Gobierno ronda entre 1,94% y 2,56%.
El presidente también defendió el aumento salarial que aprobó en el segundo semestre del 2014, que osciló entre un 4% y un 5,1%. Según dijo, ese ajuste, que le cuesta anualmente al Estado más de ¢62.000 millones adicionales, fue provocado por la inflación heredada de un 4,14% y por las directrices presupuestarias, también heredadas, del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).
Entre el 2014 y el 2015, con la llegada de Solís al poder, el gasto público creció en casi ¢1 billón, un 60% más de lo que el presidente pretende recaudar mediante los nuevos impuestos.
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"Aún a riesgo de lucir repetitivo, con todo respeto permítanme reiterar, porque no podré hacerlo ante este plenario hasta dentro de un año cuando ya será demasiado tarde si no actuamos pronto y de manera decisiva: hemos presentado a la Asamblea Legislativa proyectos de ley para recortar el gasto, mejorar la gestión tributaria, combatir la evasión, mejorar la transparencia financiera y aumentar la recaudación, la cual, junto con proyectos planteados por diputados y diputadas, conforman el eje legislativo de la agenda de gobernanza fiscal que requiere el país", insistió el mandatario.
A Solís le correspondió "estrenar" este año la reforma al Reglamento Legislativo que hicieron los diputados para trasladar el discurso presidencial al 2 de mayo. Anteriormente, el mandatario debía dar su informe a la nación el 1.° de mayo, en una segunda sesión solemne que, usualmente, se retrasaba.
Sin amenazas
Durante su alocución ante el pleno de los diputados, Solís enfatizó "sin ningún deseo de alarmar ni amenazar" que el Gobierno siguiente tendrá que hacerle frente a una situación "verdaderamente agobiante" en caso de no suceder una reforma fiscal.
"(Esa situación) podría dar al traste con las excelentes perspectivas económicas que Costa Rica tiene para los próximos años", dijo.
En cuanto a los ahorros que según Solís ha logrado su Gobierno, citó uno de ¢141.000 millones producto del recorte el viajes y consultorías, y la estrategia de gestión de deuda junto con el manejo de la Caja Única del Estado.
Adicionalmente, afirmó que se ahorraron ¢32.000 millones en el pago de intereses por la reducción en las tasas de interés durante el 2015, año que, según dijo, cerró con la recaudación fiscal más alta de los últimos siete años.
Como un logro, también citó la denuncia y renegociación de ocho convenciones colectivas del Sector Público que ha provocado ahorro por ¢17.000 millones.
El presidente resaltó la agenda de proyectos de ordenamiento y reforma fiscal que ha presentado su Gobierno a los diputados, de la cual la mayoría de iniciativas tiene pocos avances que reportar.
