EscucharEl expresidente Luis Guillermo Solís rechazó “categóricamente los cargos” que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) le achacó en una acusación penal por el caso Bancrédito.
Luego de trascender que el Ministerio Público le atribuye un delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, Solís dijo que le toma por sorpresa la acusación, pero que la recibe con serenidad.
“Durante toda mi administración y desde su término, hemos facilitado todas las investigaciones que varias autoridades, no solo la Fiscalía, han realizado. Ahora procede continuar con el proceso ante los tribunales de justicia.
“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores. Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional.
“Debido a que este es un caso que ya ha sido judicializado, cualquier información adicional sobre será atendida por nuestro equipo legal del bufete ALTA-Batalla.
“Como expresidente de la República y ciudadano respetuoso de la institucionalidad y de las garantías propias del Estado de Derecho, acudiré a tribunales a demostrar la legalidad de todas nuestras actuaciones y no dudo de que la justicia prevalecerá por encima de cualquier otro interés”, aseveró el exgobernante (2014-2018).
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La acusación incluye también a Helio Fallas Venegas, ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Acosta, ex viceministra de Egresos y extesorera nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, subtesorero nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, en el 2017 los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno muy bala, con la intención de que la entidad aparentara tener un índice de liquidez suficiente. La idea, en apariencia, era no afectar la imagen del gobierno de Solís.
La pieza acusatoria añade que esta maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara la intervención del banco por los serios problemas de liquidez que enfrentaba.
“Y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, agrega un comunicado enviado por la Fiscalía sobre la acusación. La acción afectó a la Hacienda Pública y el interés público, de acuerdo con la Fiscalía.
El abogado del exmandatario, Roger Guevara, dijo no compartir los argumentos de la Fiscalía. Sostuvo que, durante la investigación, se aportó prueba técnica suficiente que, en su criterio, la Fiscalía no valoró.
Aseguró que las decisiones tomadas sobre Bancrédito fueron transparente. “Se basaron en criterios jurídicos, económicos, financieros y de mercado que llevaron a tomar las decisiones que evitaran cualquier afectación a los ahorrantes y depositantes de Bancrédito, así como al sistema financiero en general”, argumentó.
En junio del 2020, La Nación informó de que la Contraloría General de la República (CGR) denunció ante el Ministerio Público, presuntas irregularidades en las inversiones de corto plazo que el gobierno de Solís hizo en Bancrédito, antes de que dicha entidad pública cerrara por falta de liquidez en noviembre del 2018.
En aquella ocasión, la CGR argumentó que las “compras de títulos” hechas entre el 2016 y el 2018, “con el objetivo de solventar los problemas de liquidez” del Bancrédito, al parecer afectaron el flujo de caja del Presupuesto Nacional del 2018, “poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período”.
