La diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), presentó este miércoles un recurso de amparo contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, porque lleva siete meses sin firmar una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
Se trata una ley para garantizar que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) subsidie a los jóvenes que, al salir de un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) porque cumplen la mayoría de edad, carecen de recursos para subsistir.
El expediente legislativo 23.305 fue aprobado por 45 diputados en segundo debate el 12 de octubre del año pasado; pasó a la Presidencia de la República bajo el número de decreto legislativo 10.403. Sin embargo, aún no ha recibido la debida sanción presidencial.
La Constitución Política no establece un plazo para que el Poder Ejecutivo sancione y publique una ley, pero sí define que, si en un plazo de diez días hábiles el presidente no veta una iniciativa aprobada por el Congreso, “no podrá dejar de sancionar y publicar” una ley.
Ante la Sala IV, la diputada Alpízar alegó que la Presidencia de la República ha postergado el trámite de esta ley de forma innecesaria e, incluso, ha firmado 55 leyes que fueron aprobadas por los diputados con posterioridad al expediente 23.305.
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La iniciativa reforma el inciso k del artículo 3 de la ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Si bien el IMAS cuenta actualmente con recursos para subsidiar a los jóvenes que salen de estos albergues, apenas ejecuta un 20% de los recursos. De ahí que Alpízar presentara el proyecto para evitar el desuso del 80% restante.
El proyecto establece responsabilidades en torno a la ejecución del Programa de Prestaciones Alimentarias del IMAS. Además, obliga al PANI a enviar la lista de jóvenes beneficiarios al Instituto y establece la obligación de otorgar los subsidios.
En varias ocasiones, Rodrigo Chaves ha arremetido contra Luz Mary Alpízar, la presidenta del partido con el cual él llegó al poder. La ha calificado de traidora por posiciones que la legisladora ha tomado sobre diferentes proyectos de ley, separándose del criterio del oficialismo.
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Alpízar afirmó que su despacho ha consultado a la Presidencia, en múltiples ocasiones, por qué no se ha firmado la ley, y la única respuesta que le han dado es que está en trámite, “un trámite que, para otras leyes impulsadas por otras diputaciones, ha sido mucho más expedito”, cuestinó la legisladora.
Agregó que, con esas acciones, la Presidencia solamente está perjudicando a jóvenes vulnerables que necesitan apoyo del Estado y que pueden caer en redes de violencia.
La Nación solicitó, a través de correo electrónico, una respuesta de parte de la Casa Presidencial, en relación con el recurso de amparo presentado por Alpízar.