Los magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia les pidieron a los diputados de la Comisión sobre Huelgas del Congreso que aprovechen la oportunidad del trámite del proyecto para regular las huelgas y, en esa iniciativa, aclarar al máximo los trámites de calificación de huelgas que realizan los tribunales de justicia.

Los altos jueces laborales hicieron varias observaciones, este martes, ante la Comisión sobre Huelgas de la Asamblea, sobre el proyecto de ley 21.049, que buscar regular la normativa sobre realización de dichos movimientos en el país.

Orlando Aguirre, Julia Varela, Luis Porfirio Sánchez, Roxana Chacón y Jorge Enrique Olaso expusieron una serie de recomendaciones a los legisladores, en particular en cuanto al plazo para dictar sentencia, pues adujeron que no se les puede dar un periodo demasiado abierto a los jueces ni tampoco muy corto.

En lo particular, Sánchez consideró que, para su juicio, es razonable darles un periodo de cinco días, mientras que Chacón apuntó a un máximo de 10 días.

Por su parte, el presidente de ese tribunal, Orlando Aguirre, manifestó que fijar plazos fatales puede ayudar pero no siempre da los frutos esperados, puesto que los jueces, generalmente, “están azorados” y llenos de casos, máxime cuando hay casos complicados o de materia que no manejan.

“Este proyecto va en la dirección correcta, de clarificar los procedimientos, simplificarlos”, comentó Aguirre.

En ese sentido, añadió que es pertinente que se exija a los sindicatos tener una dirección electrónica para recibir notificaciones, cuando hubo muchos casos en la pasada huelga nacional contra la reforma fiscal, en que los representantes sindicales no se podían ubicar fácilmente.

“Lo importante es que sean normas y una ruta clara para quienes administran justicia. Me parece que debe ser muy claro el proyecto en establecer lo de la notificación, determinar qué pasa si no se puede notificar. Es una buena oportunidad de hacerlo”, comentó Varela.

Porfirio Sánchez añadió que la norma es innovadora e importante para dar rapidez a los procesos judiciales, pero apuntó que es importante definir claramente ante quién se hace cada gestión, pues adujo que no es el Poder Judicial el que lleva las cuentas de domicilios de organizaciones sociales, sino el Ministerio de Trabajo, por lo que se debería especificar que ante los tribunales se tiene que hacer la gestión específica de fijar un correo electrónico para las notificaciones judiciales.

Pese a sus opiniones positivas sobre la iniciativa, los magistrados de la materia laboral sí pidieron a los congresistas reconsiderar la propuesta que se incluyó para que, cuando los tribunales de una jurisdicción están en huelga, así como los de apelación, la decisión sobre un proceso de calificación recaiga, precisamente, en la Sala Segunda.

En ese punto, objetaron que se les ponga a ellos como una eventual primera instancia, sin dejar a mano de los huelguistas un procedimiento para apelar o recurrir una decisión del primer tribunal que vea su asunto.

¿Lista taxativa de servicios esenciales?

Aunque no fueron tajantes en aceptar las eventuales bondades de fijar una lista precisa sobre los servicios esenciales en los que realizar una huelga esté prohibido, magistrados como Julia Varela y Orlando Aguirre finalmente aceptaron que puede ser un mecanismo de mucha ayuda para que los jueces no se confundan mucho al analizar un proceso de calificación de huelga.

“Establecer una lista de servicios esenciales ayuda, pero el tema de si una huelga cae o no en esos servicios, ya sería otro tema. Habría que ver si es necesario un procedimiento de calificación, contar con una medida precautoria que impida el perjuicio o daño de los usuarios de esos servicios”, indicó Aguirre.

La polémica sobre este asunto está en que el artículo 375 bis propuesto en el proyecto insiste en que los prestatarios de servicios esenciales no pueden irse a huelga y que, de hacerlo, no es necesario ni siquiera un proceso de calificación en tribunales, sino solamente que el patrono le pida al juez que advierta a los huelguistas en cuestión sobre esa situación y exigirles volver a labores.

Varela agregó que “hacer una lista taxativa puede ser complejo, pero marca una ruta a la hora de que los administradores de justicia hagan una calificación”.

En parte para justificar que aún muchos de los movimientos que se dieron dentro de la huelga nacional no estén calificados por los tribunales, Julia Varela aseguró que ese reclamo contra el plan fiscal tuvo una situación histórica particular: que se fueron a paro de labores no solo en las instituciones del sector público, sino también en el Poder Judicial.

“Es la primera vez que una huelga se da en el sector público y el Poder Judicial. Si no hubiera sido así, la solución a los trámites habría sido más rápida”, comentó.

También alegó que la normativa que introdujo la Reforma Procesal Laboral recién se estaba estrenando poco antes de que empezara la huelga contra el plan fiscal.

La propia Varela pidió, entonces, que se tomen los legisladores su tiempo para ajustar todos los artículos del proyecto, pues considera que se está dando esta discusión al calor de lo sucedido en la huelga nacional.

En el espíritu de pedir claridad sobre los procesos, Orlando Aguirre señaló que no hay claridad sobre el cobro de salarios pagados a trabajadores que se fueron a una huelga luego de declarada ilegal, pues por un lado se dice que se cobraría de forma retroactiva hasta el momento en que el patrono pidió la calificación de la huelga y por otro, que sería retroactivo al momento en que se detuvieron las labores.