EscucharEl abogado constitucionalista Manrique Jiménez Meza rechazó una invitación del gobierno de Rodrigo Chaves para participar en el comité de referéndum, al considerar que el proyecto que se quiere someter a consulta pública es inviable desde el punto de vista legal. En su criterio, es inconstitucional reducir las potestades de la Contraloría General de la República (CGR), como lo plantea la llamada “ley jaguar”.
Según Jiménez, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, le comentó sobre el plan y le propuso integrar el equipo de trabajo. ”Me opuse al ofrecimiento de participar en materia de referéndum porque no lo veía viable jurídicamente”, explicó en declaraciones a Noticias Columbia.
El abogado constitucionalista reconoció que conocía la temática del referéndum antes de que se presentara la propuesta ante la Asamblea Legislativa.
”Conocía que la temática iba a eliminar las potestades a la Contraloría General de la República, que definitivamente tiene un control permanente en cuanto al control de legalidad de la hacienda pública”, explicó.
De acuerdo con el artículo 183 de la Constitución Política, la Contraloría es responsable de “la vigilancia de la Hacienda Pública”. Sin embargo, la “ley jaguar” impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría intervenir de forma posterior.
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Jiménez dijo que siempre ha estado dispuesto a contribuir con el país cuando se le consulta o se le solicita ayuda, como lo hizo con la comisión de notables que durante medio año, en 2012, trabajó de manera gratuita en una propuesta para mejorar la gobernabilidad del país. Sin embargo, enfatizó que, para hacerlo, necesita estar convencido de que todo esté a derecho, lo cual no sucedió con la “ley jaguar”.
El pasado 7 de junio, en el programa Café y Palabras, del politólogo Claudio Alpízar, el abogado constitucional explicó que la propuesta de Chaves produce un “cercenamiento” a la Contraloría.
”Si partimos del cercenamiento que se le puede hacer a la Contraloría del régimen de sus potestades, que opera en pleno derecho en el marco referencial de la Constitución Política, la jurisprudencia ha dicho que sería inconstitucional todo aquello que disminuya las potestades de la Contraloría, no así lo que las aumente. Podría haber evidentemente inconstitucionalidades”, manifestó.
El comité asesor
La Nación dio a conocer este jueves 13 de junio que el abogado Álex Solís Fallas, quien integró el comité que asesoró al presidente Chaves en el caso de la “ley jaguar”, advirtió por escrito que el plan es inconstitucional. Estimó, también, que la materia sometida a referéndum no tiene “la suficiente jerarquía para el movimiento ciudadano y el costo que, en todo sentido, implica una consulta referendaria”. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) calcula el costo en ¢3.000 millones ($5,6 millones).
El grupo asesor lo conformaron, además, el abogado y exdiputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth, quien en declaraciones a Diario Extra indicó que, aparte de Solís Fallas, participaron los abogados penalistas José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro, el constitucionalista Fabián Volio y la ex subcontralora Sylvia Solís, actualmente asesora de la diputada oficialista Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa.
