Escuchar
Con el criterio negativo del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), ya son cuatro las entidades públicas que han emitido opiniones abiertamente contrarias, o bien, planteado numerosas dudas sobre la legalización de la marihuana para fines recreativos.
Junto con las autoridades en el combate a las adicciones, también han cuestionado la iniciativa de Rodrigo Chaves el propio Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD).
En el caso del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), aportó opiniones “técnicas” y evitó emitir un criterio tajante, pues se trata de una entidad adjunta al Ministerio de la Presidencia, y por tanto, de índole política.
El IAFA lanzó una serie de preocupaciones desde la perspectiva de la salud, mientras que la Policía Judicial que cuestionó las implicaciones del proyecto para el combate a la inseguridad en el país y la represión de las organizaciones criminales.
La directora interina del IAFA, Wendy Castro, criticó incluso el título del expediente, pues negó que sea positivo considerar la marihuana o cannabis de uso recreativo, pues eso alude a características positivas y “confunde a las personas”.
“La legalización puede acelerar el consumo diario y las consecuencias para la salud. En los últimos 10 años hubo un incremento con respecto a la década anterior en el consumo de sustancias psicoactivas”, advirtió la funcionaria.
La jerarca señaló que en los países donde se legalizó el cannabis, su costo se ha reducido y, a la vez, se ha dado un aumento de la potencia, lo que “coloca en condición de riesgo a la persona”.
De hecho, Castro alegó que, para competir, el tráfico ilícito ha aumentado de una manera muy fuerte la cantidad de tetrahidrocannabinol en el cannabis, lo que implica el consumo de más sustancia psicoactiva en un solo puro y eso causa fuertes repercusiones en la salud.
“Las presuntas ventajas de la legalización y la regulación no han mostrado de forma legal el resultado esperado, porque persisten las urgencias hospitalarias, los accidentes de tránsito y pediátricos, el consumo en el embarazo y los cuadros psiquiátricos”, aseveró.
La representante del IAFA también rechazó que se incluya el autocultivo en la propuesta, igual que se excluyó en la ley de cannabis para uso medicinal, al argumentar que el permiso para tener plantas en la casa expone a los menores a un acceso no regulado a la marihuana.
De acuerdo con Castro, el riesgo para Costa Rica es muy grande, porque el país se convertiría en un “experimento social mundial”.
Problemas para perseguir el delito
Aparte de alegar los problemas de salud que implicaría para la salud de los costarricenses, el OIJ planteó que Costa Rica está y seguirá en la ruta de exportación de la droga ilícita desde países productores como Colombia, Ecuador y Jamaica hacia Estados Unidos.
Michael Soto, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, indicó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya refutó la teoría de que legalizar la marihuana reduce los delitos violentos y contra la propiedad.
Agregó que las tasas de delincuencia en los países donde legalizaron no se han reducido, sino que mantienen índices similares. “No es cierto que ese tipo de delitos van a disminuir”, enfatizó Soto.
En la misma sintonía que el OIJ, la PCD cuestionó la idea de que legalizar tenga un efecto reductor de la criminalidad y la delincuencia organizada, y mucho menos de desaparición de ese tráfico ilícito.
Stephen Madden, director de la PCD, explicó a los diputados que la existencia del mercado ilícito se basa en las necesidades de consumo y las exorbitantes ganancias, que no cambian con la legalización y regulación.
“Mientras existan consumidores y la posibilidad de generar ganancias, ese mercado va a permanecer”, declaró el jerarca.
Madden también consideró que con la iniciativa legal, no cambiarán los problemas que existen hoy de coordinación entre instituciones para el control del narcotráfico.
Asimismo, la PCD cuestionó el autocultivo, al considerar que generaría demasiados problemas para regular verdaderamente el uso de ese cultivo personal.
Entre sí y no, dilema del ICD
El dilema para el Instituto Costarricense sobre Drogas está en ser una dependencia de la Presidencia de la República y, desde esa posición, no pudo emitir un criterio negativo, sino que solicitó nuevos ingresos para afrontar las responsabilidades adicionales.
Fernando Ramírez, director del ICD, alegó que se debería destinar un porcentaje de lo cobrado por el cultivo, la producción y comercialización de marihuana, así como parte de los recursos por multas.
También pidió que se reforme el proyecto para no exigirle al ICD que el 10% de lo que se recaude por impuesto sobre la renta a la comercialización de la marihuana sea utilizado exclusivamente para cumplir las obligaciones que ya hoy tiene.
