EscucharLa contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, declaró que el proyecto de ley que el presidente Rodrigo Chaves pretende llevar a referéndum desmantelaría las competencias y funciones de la Contraloría General de la República (CGR).
El mandatario presentó este miércoles una iniciativa que eliminaría los controles que ejerce la entidad fiscalizadora sobre las contrataciones públicas.
Para Acosta, es evidente que la propuesta de Chaves se centra en quitar a la CGR las herramientas de fiscalización. La jerarca puntualizó que el proyecto suprime funciones de control en detrimento de la protección de los fondos públicos.
El presidente acude a ataques alevosos contra mí como contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica”.
— Marta Acosta, contralora general
“Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”, declaró la jerarca.
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Acosta sostuvo que el proyecto merece un análisis de fondo sobre sus efectos, el cual se llevará a cabo con profundidad y responsabilidad.
“Como ha sido la norma en los argumentos del presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría General, así como con ataques alevosos a mí como contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica”, recalcó.
Con el proyecto planteado por Chaves, se impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar en forma posterior.
Además, se le retiraría al ente contralor la potestad de suspender la ejecución de actos y contratos del Estado cuando detecta irregularidades o ilegalidades en las contrataciones. La propuesta de Chaves es que los procesos solo puedan suspenderse mediante orden judicial.
Por disposición del artículo 183 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República, es la responsable de la “vigilancia de la Hacienda Pública”. Es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, pero opera con absoluta independencia funcional y administrativa.
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El pasado 2 de mayo, el presidente anunció a los diputados la posibilidad de impulsar un referendo sobre varios proyectos de ley, entre ellos, la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y el plan de jornadas laborales 4-3. En ese momento, Chaves dijo que la decisión se podría revertir si los diputados se comprometían con su agenda.
El mandatario presentó la iniciativa este miércoles, pero esta no incluye ninguna propuesta para la venta de activos del Estado ni la modificación de la jornada laboral.
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