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La contralora general, Marta Acosta, fue reelecta este martes en el cargo de contralora general de la República por un nuevo periodo de ocho años.
Acosta, de 60 años, recibió el voto positivo de 43 diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Mauricio Gómez Franceschi recibió tres votos y uno fue emitido literalmente en favor de “Eric Stell”, lo que no corresponde con ningún candidato. También, hubo dos votos nulos.
Silvia Hernández, jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), afirmó que el nuevo nombramiento de la contralora trae tranquilidad.
“Tranquilidad porque ha desempeñado ese puesto con rigurosidad, sentido común y honorabilidad. Tranquilidad porque, en los tempestuosos tiempos que vivimos, su experiencia servirá para navegar en las turbulentas aguas de la recesión económica y en la recuperación que de seguro vendrá. Tranquilidad, porque su temple y coraje son garantía ante aquellos inescrupulosos que pretendan aprovecharse indebidamente de los recursos que pertenecen a todas y todos los costarricenses”, declaró la liberacionista.
En su criterio, el voto por renovar a la actual jerarca es un voto por mantener el orden.
Pedro Muñoz, cojefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), argumentó que el apoyo de la Contraloría General de la República fue fundamental en el trámite de la reforma fiscal y en la vigilancia de que esta ley se cumpla.
Mencionó que la Contraloría actuó cuando una serie de instituciones quisieron ignorar las reglas de contención de gasto. Entre esas entidades, mencionó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el “acuerdo espurio con los sindicatos”, así como el Poder Judicial y las universidades públicas.
La subjefa de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, consideró que la contralora ha trabajando con “objetividad y valentía”, incluso enfrentando al gobierno y cumpliendo el propósito de fiscalización como brazo de la Asamblea Legislativa.
Acosta ejerce el cargo desde el 2012, cuando fue elegida para un primer periodo. Antes, se había desempeñado como subcontralora desde el 2004.
Luego de ganar la reelección, la funcionaria afirmó que renueva el “compromiso de hacer todo lo mejor por el bienestar general de nuestra sociedad” y que, conociendo la difícil coyuntura, “ahora más que nunca” los funcionarios de la Contraloría deben hacer lo mejor a su alcance para generar valor público.
La contralora es licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad por la Universidad de Costa Rica (UCR) y posee una maestría en Gestión y Finanzas Públicas por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo, de la Universidad Nacional (UNA).
Ha laborado en las áreas de auditoría y control interno en el sector público, así como en los asuntos de rendición de cuentas, transparencia y eficiencia de las compras y contrataciones del Estado, tanto en Costa Rica como en el extranjero.
Es auditora gubernamental certificada por el Instituto Global de Auditores, con sede en Estados Unidos, y miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica desde 1986.
Uno de sus momentos más protagónicos al frente de la Contraloría lo ha desempeñado desde finales del 2019, cuando la entidad que lidera emitió una orden al Poder Judicial para que adoptara las disposiciones de la reforma fiscal en materia salarial.
La Corte rechazó el mandato. No obstante, luego de perder una serie de apelaciones, el pasado 3 de marzo, los magistrados de la Corte Plena acordaron acatar las medidas de la ley fiscal.
