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Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), consiguió en solo cuatro horas que la Unidad Especial de Intervención (UEI) pusiera a su disposición dos guardaespaldas para ir a una comparecencia ante los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, el pasado jueves 25 de enero.
A las 9:21 a. m. de ese día, Andrea Maricruz Alvarado Vega, funcionaria de la Presidencia Ejecutiva de la Caja, envió un correo a Jeffry Cerdas Lobo, director de la UEI, solicitando el servicio para la audiencia que la jerarca tendría ese mismo día a la 1:15 p. m. Así consta en un correo electrónico, del cual La Nación tiene una copia.
La UEI accedió a poner dos guardaespaldas al servicio de Marta Esquivel, aunque este órgano del Ministerio de la Presidencia no tiene, entre sus funciones, atender a jerarcas de instituciones autónomas.
La Unidad de Intervención es un cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico.
El artículo 2 del decreto ejecutivo 39449-MP-SP, Reglamento sobre la protección de los jerarcas del Poder Ejecutivo y dignatarios, permite brindar protección a funcionarios del Ejecutivo “que se encuentren en una condición de riesgo comprobado”, lo cual debe determinarse por un estudio de la UEI.
Sin embargo, el Ministerio de la Presidencia alegó que la protección a Esquivel se justifica en un estudio de diciembre del 2022, es decir, un documento emitido 13 meses antes de que la jerarca asistiera a la comparecencia en la Comisión de Gasto Público.
¿Qué alegó la Presidencia de la CCSS?
La Presidencia Ejecutiva de la CCSS pidió el servicio alegando “exposición indebida a periodistas”, a pesar de que la Ley General de Policía, ley 7410, establece que la protección de la UEI es para miembros de los supremos poderes y para dignatarios que visiten el país.
En el correo a la UEI, la funcionaria de la cúpula de la Caja alegó que, “en la última visita a la Asamblea, doña Marta fue expuesta indebidamente con los periodistas que la asediaban en el momento de su salida del recinto parlamentario, ocasionando que ella se sintiera intimidada y agredida por parte de las personas que se encontraban ahí”.
Jeffry Cerdas Lobo, director de la UEI, respondió por escrito esta semana a la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), que accedió a enviar a sus agentes a la Asamblea Legislativa con motivo de los argumentos de la Presidencia de la CCSS.
El 25 de enero, la presencia de los guardaespaldas generó golpes, codazos y empujones contra periodistas que pedían respuestas de la jerarca e, incluso, hacia los equipos de medios televisivos.
En otra respuesta enviada a La Nación, la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, alegó que hubo un incidente el 31 de octubre del 2023.
“Se debe recalcar que la presencia de seguridad fue una medida preventiva basada en experiencias anteriores, como el caso que se presentó luego de una comparecencia en la comisión Cartago, el 31 octubre de 2023, que resultó en un compromiso para la seguridad personal de nuestra jerarca.
Según publicó CRHoy, el 30 de octubre del 2023, Esquivel asistió a la Comisión especial investigadora sobre asuntos relacionados con la provincia de Cartago, donde le cuestionaron su negativa a construir el hospital para esa provincia.
A la salida, los periodistas le hicieron varias preguntas sobre ese asunto y, en el camino hacia la salida y por la premura al evadir las consultas, Esquivel chocó con una puerta de vidrio en un pasillo, sin haber atendido a la prensa detenidamente.
La petición directa de la Presidencia de la Caja a la UEI se contrapone a la Ley General de Policía que, en su artículo 20, restringe la utilización del personal de la UEI y establece directamente que es el presidente de la República quien debe autorizar, previa y expresamente, la participación de los miembros de la Unidad Especial de Intervención en cualquier operativo.
“La intervención de este cuerpo de policía será restringida y excepcional, solo como último recurso para resolver una situación de sumo peligro para la vida de las personas, así como para proteger bienes estratégicos o de alto valor nacional”, dice la ley.
Entre los documentos que el director de la UEI entregó a Paulina Ramírez, no consta ninguna autorización del presidente Rodrigo Chaves, ni siquiera de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, jerarca que podría encargarse de la supervisión y evaluación del correcto desempeño de las funciones de la UEI.
Ramírez manifestó que considera la respuesta de Cerdas como indignante, primero porque se confirma que el uso de escoltas solo tenía como próposito bloquear a la prensa.
“Nunca existió una clara justificación de que la UEI fuera último recurso, que se exploraran otras opciones y que la vida de la funcionaria estuviera en sumo peligro. Se basaron en un reglamento que es ilegal porque la Ley General de Policía nunca autoriza la protección por parte de la UEI, de funcionarios que no sean miembros de los supremos poderes o dignatarios”, reclamó la liberacionista.
Esta semana, tanto el martes, luego de una audiencia en la Comisión de Sociales, como el jueves, nuevamente en el foro sobre Gasto Público, Esquivel evitó atender a la prensa, más que brevemente en su camino hacia la salida.
Los congresistas exigieron respuestas sobre el supuesto maquillaje de estados financieros por el que la Contraloría General de la República denunció a Marta Esquivel, así como los sobresueldos que la jerarca habría estado recibido y que el ente contralor le exige devolver.
Este jueves por la tarde, en el plenario legislativo, diputados de cuatro partidos, miembros del foro sobre Gasto Público, reclamaron un excesivo despliegue de al menos siete oficiales de la Asamblea, que generaron un cerco en torno a Marta Esquivel.
Diputados afirmaron que todo el asunto se habría resuelto si la presidenta de la Caja hubiera atendido por unos minutos a la prensa, para evacuar sus consultas o, al menos, para informarles de que no respondería.
