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La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, no asistirá a más audiencias en comisiones legislativas a menos de que el Congreso garantice el resguardo de su integridad física ante lo que califica como “hostigamiento” de los periodistas.
Así lo comunicó Esquivel en una carta enviada a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, en la que también justificó su decisión de hacerse acompañar de dos guardaespaldas, el pasado jueves 25 de enero, para acudir a una comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
La jerarca argumentó que, ese día, un “número indeterminado de periodistas” se abalanzó sobre su persona. Sostuvo que la empujaron y obstruyeron su salida, “colocando mi integridad física en peligro, mientras que, según se observa en videos que circulan en redes sociales, la diputada Dinorah Barquero Barquero (presidenta de la comisión) caminaba detrás incitándolos”.
Marta Esquivel acudió con dos agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI). Estos funcionarios, por ley, no tienen entre sus funciones la protección de presidentes de instituciones autónomas.
En videos grabados por los medios de comunicación se observa que los guardaespaldas de la UEI propinaron empujones y codazos. Incluso, uno de ellos intentó hacerle una zancadilla a un periodista, incidente que provocó que la funcionaria y sus acompañantes también sufrieran empujones.
En su carta, la jerarca de la Caja adujo que esta no era la primera vez que sucedía una situación como la descrita. Aseveró que “se repite el mismo patrón de acoso, empujones, manotazos y hostigamiento”.
Insistió en que se hizo acompañar de dos guardaespaldas en virtud de que la seguridad del edificio no le brinda el “resguardo requerido” ante los periodistas.
No obstante, el jueves pasado, las diputadas oficialistas Pilar Cisneros y Ada Acuña aseguraron que la presidenta de la CCSS se hizo acompañar de escoltas porque había sido amenazada.
Esquivel se retiró ese día del recinto legislativo sin responder una sola consulta de los reporteros. Previamente, ni ella ni su encargado de prensa indicaron que no habría atención a los medios de comunicación luego de cita.
Propone valorar otras opciones
En la carta dirigida al presidente legislativo, Marta Esquivel sostuvo que el pasado 25 de enero se vio expuesta a un bochorno y un posible riesgo, y que el Congreso debe revisar los protocolos relacionados con la atención a la prensa por parte de quienes visitan el edificio legislativo.
Señaló que es evidente que la Asamblea “no cuenta con los mecanismos de seguridad ni de espacio físico” y que ningún funcionario legislativo indicó a los periodistas si su permanencia era permitida o no en los pasillos, espacios que ella no considera adecuados para efectuar entrevistas.
En sentido, la jerarca consideró que el Directorio legislativo debería analizar la posibilidad de realizar las comparecencias utilizando otras alternativas, “como la virtualidad”.
Esquivel aseguró que nunca ha realizado “alguna acción en detrimento de la libertad de prensa”. “No obstante, como usted bien lo entenderá, como jerarca y como figura pública, cuento con la posibilidad de decidir en qué momento y lugar brindaré declaraciones respecto de algún tema en particular, lo cual no significa que, con esta decisión, quebrante el libre ejercicio de la comunicación colectiva”, enfatizó en su misiva.
Asamblea: Seguridad externa no puede sustituir labores de personal legislativo
Con respecto al episodio con los agentes de la UEI que acompañaron a Marta Esquivel, la directora ejecutiva del Congreso, Karla Granados, presentó un informe este jueves en la reunión de jefes de fracción.
Junto con el director del departamento de Asesoría Legal, Freddy Camacho, Granados explicó que la seguridad externa que traiga una persona compareciente no puede suplantar las atribuciones que le competen al área de Seguridad del Congreso.
Indicó que la normativa vigente permite el ingreso de cuerpos de policía y agentes de seguridad privada a la institución, en el desempeño de sus funciones; la normativa interna de la Asamblea los obliga a ingresar sin armas.
El asesor legal del Congreso recomendó que se fijen las reglas que esos cuerpos de policía o de seguridad privada deben respetar dentro de la Asamblea Legislativa.
La jefa de Seguridad, Magaly Camacho, anunció que revisarán los protocolos de ingreso de los cuerpos policiales y de seguridad privada, para evitar la suplantación.
El subjefe del Frente Amplio, Antonio Ortega, cuestionó que no se mencionara en el informe, ni en el criterio legal, el hecho de que los guardaespaldas de Marta Esquivel eran agentes de la UEI, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
También, señaló que las atribuciones legales de esa unidad no les facultan para proteger presidencias ejecutivas de una institución autónoma, según la Ley General de Policía, ley 7410, y el Reglamento de la UEI, que es un órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia.
El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, y la subjefa del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando, exigieron a la administración no tomar el episodio de Marta Esquivel como excusa para limitar el acceso de la prensa en el Congreso.
En cambio, tanto Pilar Cisneros como Daniel Vargas, jefa y subjefe del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), alegaron que se debía revisar cuáles son los espacios del Congreso donde se permite el ingreso de la prensa.
