EscucharLa Fundación MarViva presentó este martes una demanda contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en la que pide detener, de forma inmediata, la pesca de arrastre de camarón en los mares costarricenses.
El proceso legal obedece a que Incopesca entregó ocho licencias de explotación de camarón al amparo de un estudio que ha sido fuertemente cuestionado por académicos, científicos y ambientalistas.
De acuerdo con MarViva, la solicitud de la medida cautelar tiene el propósito de “evitar daños irreparables o de difícil reparación a los recursos naturales; afectaciones a la actividad económica de la pesca artesanal y deportiva; e impedir el uso indebido, ineficaz e ineficiente de los fondos públicos”.
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La organización internacional ha denunciado que la metodología desarrollada por Incopesca para los análisis carece de rigor técnico y científico. Además, según MarViva, Incopesca realizó “actos ilegales” que deben ser anulados.
La Fundación sostiene que el estudio diseñado por Incopesca incumple los requisitos exigidos por la Sala Constitucional, mediante las resoluciones 10540-2013, 070978-2018 y 14168-2018.
Dichas sentencias establecen los componentes mínimos que debe contemplar una investigación científica que pretenda analizar la viabilidad social, económica y ambiental de la pesca de arrastre en Costa Rica.
La Sala dijo que, para restaurar la pesca de arrastre, se debe demostrar una reducción significativa de la captura incidental, coherencia con el desarrollo sostenible y contemplar factores como las interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración y población afectada entre muchos otros.
“Todos estos aspectos son ignorados en la investigación”, reclama la organización.
El director ejecutivo de MarViva, Erick Brenes, aseguró que la investigación de Incopesca no va a generar ninguna información con sustento científico. Por el contrario, sostuvo que las licencias otorgadas por un periodo de dos años habilitan la explotación de pesca de camarón bajo la técnica de arrastre.
Según dijo, el acto constituye un uso ineficiente de los recursos públicos, al invertir fondos en análisis que no muestran resultados veraces.
“Los funcionarios de Incopesca sometieron, a conocimiento y votación de su Junta Directiva, una propuesta de investigación con metodologías desactualizadas, personal no idóneo, sin fundamento técnico y cuyo planteamiento no permitirá generar los datos que se pretenden obtener, lo que demuestra una falta de interés y cuidado hacia las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica, lo cual se evidencia también con la omisión deliberada de involucrar de manera oportuna a la academia en el proceso de elaboración de este proyecto”, agregó Brenes.
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La investigación implementa la red conocida como “AA Costa Rica”, dispositivo utilizado en otro estudio, en el año 2018, el cual también recibió críticas sobre falta de rigurosidad científica.
Erick Brenes advirtió de que a la fecha no hay certeza de cuáles son los costos totales de la investigación. “Tampoco hay una limitación establecida en cuanto a las ganancias que el sector camaronero pueda obtener al comercializar producto en el marco del estudio, lo que podría significar un enriquecimiento injustificado a favor del sector semiindustrial”.
“Al revisar el expediente de esta investigación, podemos constatar la arbitrariedad de Incopesca a la hora de otorgar permisos y emitir acuerdos. Es inaceptable que esta institución no incluya mecanismos eficientes de control y fiscalización de costos y gastos ni haya contemplado un análisis de costo-beneficio oportunamente”, agregó Brenes.
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MarViva también denunció que Incopesca entregó las licencias a las ocho embarcaciones camaroneras, cuando algunos de los propietarios se encontraban en estado de morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En la demanda, la Fundación MarViva incorporó pruebas de que las labores de pesca de camarón comenzaron entre el 23 y el 28 de marzo, aunque los permisos fueron otorgados el día 29. “En dicho periodo se ejecutaron actuaciones de pesca ilegal”.
La Sala Constitucional también estudia un recurso de amparo interpuesto por el abogado ambientalista Wálter Brenes, quien también solicitó a ese órgano detener la pesca de arrastre.
El activista argumentó ante los magistrados que la pesca bajo la técnica de arrastre del lecho marino viola el derecho constitucional a un ambiente ecológicamente sano y equilibrado, así como convenios internacionales firmados por el Estado para la protección de los océanos.
