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Más de 400 condenados por delitos penales en Costa Rica acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, para intentar anular sus sentencias.
Si sus expedientes prosperan, la Comisión podría remitirlos a Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para que los eleve a juicio.
El Estado costarricense ya advirtió a la Corte Interamericana de las gestiones de estos condenados, aprovechando que otros 17 sentenciados ya presentaron su caso ante ese alto tribunal.
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Así lo reveló el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Roberto Caldas, al sustentar la resolución mediante la cual convocó a las representaciones del Estado de Costa Rica y de la CIDH a una audiencia la mañana de este miércoles 8 de febrero, en su sede en Los Yoses, San José.
Allí, los delegados de ambas partes discutirán sobre la formulación del caso "Amrhein y otros contra Costa Rica", que procura anular las sentencias de cinco exdirectivos del extinto Banco Anglo Costarricense, además de una persona por peculado, seis por narcotráfico, cuatro por delitos sexuales y otra por tentativa de homicidio.
La representación costarricense solicitó la audiencia ante la preocupación de que un caso como este (que incluye penas por delitos diversos como peculado o narcotráfico) abra un portillo en la justicia internacional para anular sentencias consolidadas en el sistema penal del país.
La petición de audiencia del Estado costarricense, presentada el 17 de noviembre del 2016, señalaba la urgencia de que la Corte analizara la validez de la elevación a juicio del caso " Amrhein y otros contra Costa Rica", pues considera que la acumulación de distintas condenas en un solo expediente se hizo de forma irregular.
Así lo entendió el juez Caldas, al argumentar su decisión de conceder la audiencia, pese a la negativa de los representantes de la CIDH y de los defensores de los condenados que buscan la nulidad de su sentencia.
El presidente del Tribunal internacional consideró que si bien la audiencia de este miércoles representa una acción excepcional, la eventual resolución de la CIDH de un solo expediente, que acumula condenas diferentes y procesos diferentes, podría "afectar la situación de muchas otras peticiones" que, según informó el Estado, se encuentran en trámite en la Comisión Interamericana.
De esta forma, el juez hizo alusión a las 400 solicitudes que han llegado a la CIDH en busca de anular sentencias penales alegando que antes de la resolución del caso "Herrera Ulloa contra Costa Rica", el país no contaba con un tribunal especializado en revisar sentencias penales.
Precisamente, el caso "Herrera Ulloa contra Costa Rica", obligó al país a establecer garantías de revisión de las sentencias, de manera que los condenados puedan acceder a un tribunal superior para garantizar su defensa una vez que se emite el fallo.
El cumplimiento de esta sentencia se revisó por parte de la Corte IDH en el 2010, por lo que las 400 solicitudes de elevación a juicio se plantearon antes de esa fecha.
Por su parte, tanto la Comisión como los abogados defensores de los 17 condenados, trataron de impedir la audiencia de revisión del caso, señalando que Costa Rica no estaba presentando argumentos jurídicos suficientes para sustentar su solicitud.
Hermetismo. Se intentó conocer el criterio de la CIDH previo a la audiencia de este miércoles; sin embargo, las consultas hechas por este diario no fueron respondidas.
Tampoco respodió la Cancillería costarricense, encargada, a través de su dirección jurídica, de defender la posición del país.
La audiencia por este caso se desarrollará en el salón de sesiones de la Corte, a partir de las 9 a. m. de este miércoles.
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Quien sí se había pronunciado sobre el caso es el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado de la Sala III de la Corte, José Manuel Arroyo, quien se jubiló en diciembre pasado.
En junio, previo a la presentación de solicitud de la audiencia por parte de Costa Rica, Arroyo había señalado que los errores de la CIDH a la hora de presentar los casos en la Corte, podrían traerse el caso abajo.
"Le estamos diciendo a la Corte que por favor se fije en una serie de errores que consideramos cometió la Comisión Interamericana antes de entrarle al fondo del asunto", dijo Arroyo.
Al consultársele cuáles errores, el magistrado contestó: "Básicamente estamos cuestionando la premisa de prácticamente todos los casos".
